Reem Alsalem, Relatora Especial de la ONU sobre violencia contra las mujeres y las niñas, ha presentado la versión preliminar de un informe que examina la violencia y discriminación que sufren las madres. Está basado en 167 contribuciones, 24 de las cuales provenían de Estados, y en la consulta a 60 expertos. Desde Feministas de Cataluña se ofrece un breve resumen de los apartados del informe.
Aquí tens la versió en catalá
El término madre se usa a lo largo del documento para referirse a las mujeres que han dado a luz, a las mujeres embarazadas, a las mujeres que han sido madres mediante un proceso de adopción y a las mujeres que han sido madres durante procesos de vientres de alquiler y, en consecuencia, no tienen derechos parentales.
En primer lugar, se analizan las causas de la violencia contra las mujeres que han sido madres. Así, se reconoce que existe una devaluación de la maternidad y las madres. Se considera que la maternidad es una elección individual y no una acción beneficiosa para toda la sociedad y, en consecuencia, se invisibilizan las curas y la maternidad de los análisis sociales, y se desprecia a nivel cultural y mediático.
Esta caída de las tasas de natalidad no se ha traducido en una apreciación más elevada hacia las madres ni la maternidad, sino que se culpa a las mujeres que no quieren tener hijos y algunos Estados adoptan políticas discriminatorias hacia ellas y sus derechos sexuales y reproductivos que no abordan las causas de fondo.
El informe reconoce la discriminación adicional que reciben las madres en contextos de migración o desplazamiento, soltería, adolescencia, encarcelamiento, discapacidad y otras condiciones como la orientación sexual, religión o etnia. Destaca también cómo cada vez es más habitual que el lenguaje legal e institucional use términos supuestamente neutros —como «persona gestante» o «persona embarazada»— que, en la práctica, invisibilizan que la maternidad es una experiencia de las mujeres y dificultan el acceso a servicios pensados específicamente para ellas. Esta tendencia se ve agravada por la inconsistencia en la información sobre mecanismos de denuncia y por los recortes en la financiación a asociaciones de mujeres.
El informe reconoce la discriminación adicional que reciben las madres en contextos de migración o desplazamiento, soltería, adolescencia, encarcelamiento…
En cuanto a las normas y prácticas sociales perjudiciales, se destaca cómo las normas patriarcales normalizan la violencia y desprecian las quejas de las madres, sobre todo en el ámbito sanitario, mientras que las madres solteras, divorciadas o adoptivas sufren estigmatización. También se destaca que las prácticas como el matrimonio infantil o la mutilación genital femenina agravan todavía más los riesgos para las madres jóvenes.
El informe también pone el foco en la marginación económica: se calcula que 800 millones de mujeres no disfrutan de seguridad económica en el momento de dar a luz, y que un 24% abandona el mercado laboral durante el primer año de maternidad, en un contexto donde el permiso de maternidad todavía no es universal.
Esta situación se ve agravada por la pobreza, que duplica el riesgo de muerte materna en zonas marginadas, aumenta la incidencia de depresión posparto, y en algunos casos empuja las mujeres hacia la prostitución o hacia el aborto por carencia de recursos.
En relación con los conflictos y las crisis, el informe denuncia que las madres son objetivo directo de ataques en contextos como Gaza, Sudán o Afganistán, sufriendo violencia reproductiva y persecución cuando defienden a sus hijos desaparecidos, mientras que la destrucción de los servicios de salud materna agrava las consecuencias.
En relación con los conflictos y las crisis, el informe denuncia que las madres son objetivo directo de ataques en contextos como Gaza, Sudán o Afganistán
Finalmente, se analizan las políticas que perjudican a las madres: las políticas migratorias que las separan de sus hijos, las sanciones internacionales que elevan la mortalidad materna y los recortes a la ayuda humanitaria, que cerraron numerosos servicios de salud esenciales en 2025.
En un segundo bloque, el informe identifica formas específicas de violencia contra las madres: a nivel económico (carencia de reconocimiento del trabajo de cuidados, uso de los hijos en disputas de custodia), reproductivo (maltrato obstétrico, abortos coaccionados), a nivel físico y sexual (feminicidio vinculado al embarazo, suicidio asociado a la violencia de pareja) y psicológico (aislamiento posparto, culpabilización por las dificultades de los hijos). También se destaca cómo la violencia contra las madres y contra sus hijos están profundamente conectadas, afectando el desarrollo fetal y el vínculo materno.
El informe destaca especialmente los grupos de madres particularmente afectados por estas formas de violencia: las madres en crisis humanitarias, indígenas, migrantes y refugiadas, apátridas, niñas-madres, las madres de mayor edad, con discapacidad, las encarceladas, solteras, lesbianas, vientres de alquiler, en situación de prostitución, y aquellas que defienden a sus hijos.
En cuanto a los perpetradores, a nivel individual se menciona principalmente a los hombres que son parejas y exparejas de las madres, y también a otros familiares próximos como la familia política. A nivel más colectivo se señala a actores institucionales como gobiernos, tribunales de familia, personal médico y, en contextos de conflicto, personal de mantenimiento de la paz. Un hecho raramente reconocido es que la violencia contra las madres, incluidos los asesinatos, también es perpetrada por sus propios hijos.
El informe alerta, además, sobre la carencia de datos desagregados sobre la maternidad, que impide diseñar respuestas adecuadas, y repasa el marco jurídico internacional (PIDESC, CEDAW, Convenio 183 de la OIT, Convenios de Ginebra, Reglas de Bangkok) que obliga los Estados a proteger especialmente la maternidad.
Finalmente, las conclusiones y recomendaciones piden reconocer legalmente a las madres como categoría diferenciada de titulares de derechos, garantizarles acceso a la justicia y reparaciones, mejorar la prevención de la violencia obstétrica, proteger los grupos más vulnerables, priorizar su seguridad en la custodia infantil y promover una valoración social más justa de la maternidad a través de la educación.
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