En un mundo de grandes calores las ciudades se preparan para los 50 grados y la Barcelona metropolitana, que tiene el agua recreativa distribuida de manera muy desigual para la población de riesgo, tiene que implantar el baño público asequible para que todo el mundo pueda refrescarse a quince minutos de casa, como propugna Mariana Mazzucato para Londres. La piscina es infraestructura verde, azul, social y de salud pública. Y la conurbación barcelonesa necesita una política de agua compartida que no tiene, con un censo real de todo tipo de instalaciones y una tarificación social y metropolitana, si queremos que protegerse del calor sea un bien compartido. O esto o seguir multiplicando los pequeños oasis privados abiertos a la especulación y la creciente segregación municipal por precios y padrón.
Aquí tens la versió en catalá
En plena ola de calor, una piscina pública deja de ser solo una equipación deportiva o un espacio de ocio para convertirse en una infraestructura de salud pública que hace las funciones de refugio climático. Poder acceder es muy importante, porque la posibilidad de refrescarse no tendría que depender de la capacidad adquisitiva o del lugar donde se vive. Pero si hoy nos preguntamos quién puede bañarse en la ciudad de los cinco millones, la respuesta no es muy satisfactoria: vivimos en una metrópoli donde el agua recreativa abunda, pero está distribuida de manera profundamente desigual.
Hace unos días, la economista Mariana Mazzucato dedicaba un artículo a esta cuestión fijándose en el caso de Londres. La capital británica ha ido restringiendo, desde la pandemia, el acceso a sus piscinas al aire libre con sistemas de reserva previa y cuotas que excluyen, de facto, a los adolescentes y las familias con menos renta. Mazzucato, conocida por poner sobre la mesa la idea de «misiones» como forma de definir objetivos de política pública, proponía una para este caso, consistente en asegurar que todo el mundo disponga de un lugar seguro y asequible donde nadar a menos de quince minutos de casa.
Las piscinas públicas, dice la economista, forman parte de la infraestructura verde y azul de la ciudad, pero también de su infraestructura social, dado que son espacios donde niños, adolescentes, gente mayor y familias en general coinciden y aprenden a convivir, además de hacer ejercicio. Su valor no se puede medir solo comparando el coste de mantenimiento con los ingresos de taquilla. Hay que contabilizar también los beneficios en aspectos relacionados con la salud física y mental, como por ejemplo la reducción de la soledad y la cohesión comunitaria.
Bañarse en la Barcelona metropolitana
Esta mirada es especialmente pertinente en la metrópoli barcelonesa. El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) calcula que el 16% de la población (más de medio millón de personas) es especialmente vulnerable al calor, por una combinación de renta baja, edad, antigüedad de la vivienda, carencia de entorno verde y elevada densidad urbana, mientras cada vez más personas rozan las situaciones de riesgo por causa de unos veranos que se van endureciendo paulatinamente. Para estas personas en particular, disponer de un lugar donde refrescarse es vital. Para el resto, una condición para lograr un mínimo de calidad de vida.
La AMB calcula que el 16% de la población (más de medio millón de personas) es especialmente vulnerable al calor
La red metropolitana de refugios climáticos, habilitada para estas funciones, llega este verano a los 319 espacios, entre equipaciones, parques y 23 piscinas, y da cobertura a menos de diez minutos a pie al 86,7% de la población de los municipios de la AMB, sin contar Barcelona. Es un adelanto importante. Pero solo 23 piscinas públicas dentro de una red de 319 refugios en 35 municipios muestran que el baño público continúa ocupando un lugar secundario en la política de adaptación climática.
La paradoja es que piscinas no faltan. Según el Catastro, que registra de manera indistinta instalaciones públicas y privadas, Cataluña tenía 199.219 piscinas en 2024, 6.590 más que dos años antes. Durante los años más intensos de sequía, el saldo continuó creciendo a un ritmo de ocho piscinas nuevas al día. Algunos de los incrementos más importantes se produjeron precisamente en la región metropolitana: Corbera de Llobregat sumó 216; Vilanova i la Geltrú, 188; Rubí, 171; Castellar del Vallès, 145, y la Roca del Vallès, 142.
Estos datos no permiten separar automáticamente piscinas particulares, comunitarias y públicas, pero dibujan con gran claridad la geografía residencial que las produce. Sant Cugat del Vallès encabezaba en 2024 el ranking catalán con 4.978 piscinas, mientras que Lliçà d’Amunt, en segundo lugar, tenía 3.000. Barcelona, con una población inmensamente superior, registraba 1.570, pero la segunda ciudad catalana en población, l’Hospitalet de Llobregat, solo 78. Ya en 2022, Sant Cugat multiplicaba por 74 el número de piscinas de l’Hospitalet, a pesar de tener menos de la mitad de sus habitantes. Visto desde otra perspectiva, en l’Hospitalet hay aproximadamente una piscina para cada 5.000 personas.
En esta cuestión, pues, el contraste entre la ciudad compacta y la urbanización dispersa resulta difícil de negar. Es cierto que el turismo y las segundas residencias también expliquen concentraciones elevadas en determinados lugares, especialmente en la costa. Pero la piscina es uno de los elementos característicos del paquete residencial formado por casa unifamiliar, jardín, coche/s y consumo privado de servicios que Jorge Dioni describió en su libro La España de las piscinas. En las periferias de baja densidad, la piscina privada o comunitaria funciona a la vez como reclamo inmobiliario y mecanismo de distinción. A veces también como espacio de socialización, pero fundamentalmente «entre iguales».
Baño público versus baño privado
El problema, en cualquier caso, aparece cuando este modelo no es un complemento, sino un sustituto de la provisión pública. La piscina particular resuelve individualmente una necesidad colectiva y reduce los incentivos de los grupos con más capacidad de influencia para reclamar buenas equipaciones comunes. Al mismo tiempo, concentra la vida social en recintos residenciales homogéneos, donde nos relacionamos sobre todo con personas de renta y trayectoria similares. Dioni lo resumía de manera clara como una cultura en que cada cual se busca la vida.
Hemos llegado incluso a un punto en el que la piscina privada se ha convertido en un elemento más de especulación. Desde hace unos años funcionan unas aplicaciones con las cuales se pueden alquilar piscinas particulares por horas. En una de ellas, esta misma semana se pueden alquilar cerca de un centenar de piscinas en el entorno metropolitano de Barcelona con precios que van de los 30 hasta los 300 euros por hora. El baño, para quien se lo pueda pagar. La piscina pública tiene que representar justamente lo contrario.
En un territorio sometido simultáneamente a la sequía y a temperaturas crecientes, hay que decidir qué usos del agua generan más valor colectivo. En la exposición Suburbia, que en 2024 programó el CCCB, se ponía de manifiesto que las piscinas privadas, evidentemente, consumían mucha agua, pero que el verdadero problema de consumo venía del mantenimiento de jardines con césped. Aun así, del mismo modo que un autobús es más eficiente que 40 automóviles, una piscina pública es mucho más eficiente que decenas de privadas, tanto desde el punto de vista ambiental como social. Además de servir a muchas personas, permite incorporar sistemas avanzados de recirculación y control, ofrecer vigilancia y acoger otras actividades complementarias, como por ejemplo programas educativos.
A pesar de esto, la oferta pública es especialmente escasa allá donde más personas la necesitan. Badalona, con cerca de 231.000 habitantes, no dispone de ninguna piscina municipal descubierta. L’Hospitalet, con unos 292.000 habitantes, solo tiene dos. Barcelona ofrece catorce al aire libre. He aquí que las ciudades más densas, con viviendas más pequeñas, menos espacios verdes y una población más expuesta a la isla de calor son precisamente las que tienen menos agua recreativa disponible por habitante.
La «prioridad local»
A la desigualdad en la dotación parece que se añade ahora una segunda frontera: la del padrón. Una investigación reciente de CRÍTIC ha documentado decenas de municipios que cobran tarifas superiores a las personas que no están empadronadas, a pesar de que la Síndica de Greuges considera que esta diferencia vulnera el principio de igualdad y no tiene cobertura legal. En Sant Vicenç dels Horts, el abono mensual familiar pasa de 70 euros para los residentes a 360 para los no residentes. En Matadepera, el precio se dobla. En Tiana, solo pueden adquirir el abono las personas empadronadas en el propio municipio o Montgat. La Síndica había pedido revisar estas ordenanzas antes del verano de 2026, pero este año ya ha recibido nuevas quejas.
La situación es reveladora de un problema de gobernanza más amplio. Las olas de calor, como tantos otros fenómenos que afectan a nuestras ciudades, no respetan términos municipales. Aun así, una infraestructura que tendría que proteger a la población se financia y gestiona como si solo sirviera para una comunidad local cerrada.
El resultado es absurdo: hay niños, por ejemplo, que comparten escuela durante todo el año pero no pueden compartir piscina en verano porque viven en el pueblo del lado. O el simple hecho de que habitantes de un municipio sin piscina pública tengan que pagar tres o cuatro veces más para utilizar la del municipio vecino, cuando muy probablemente esta equipación haya sido construido con fondos de la Unión Europea, de la Generalitat o de la Diputación. Es decir, de todos los contribuyentes. La frontera administrativa se transforma así, una vez más, en frontera social.
El contraste con la propuesta de Mazzucato es aleccionador. Mientras ella reclama tratar la piscina pública como infraestructura verde y azul, al mismo nivel que un parque o el litoral, y contabilizar el valor social real (en Australia, por ejemplo, se estima que la red de piscinas públicas genera más de 12.000 millones de dólares anuales en valor social, y que perder solo un 10% costaría cerca de 900 millones en salud, seguridad y cohesión comunitaria perdida), en la región metropolitana de Barcelona el debate sigue atrapado entre dos lógicas contrapuestas: la del agua privada, cada vez más extendida en los municipios de baja densidad, y la del agua pública, escasa en los municipios más densos.
Compartir el baño para cohesionar la metrópoli
La salida no es evidente, pero sí que hay pistas. Las encontramos, por ejemplo, en la lógica que ciudades como París, con la apertura de decenas de puntos de baño en el Sena, o la tarea que redes como la Swimmable Cities Alliance, que reúne más de 120 ciudades de 38 países (en España, de momento, solo Sevilla y Zaragoza) están empezando a formalizar: la piscina, el río o el lago como servicio público gratuito o accesible, pensado a escala metropolitana y no municipio a municipio.
Así, hablar de la metrópoli de las piscinas tendría que servir, pues, para plantear una política metropolitana del agua compartida. El primer paso seria elaborar un censo completo que diferenciara piscinas privadas, comunitarias, hoteleras, deportivas y públicas, y que las relacionara con densidad, renta, vulnerabilidad climática y accesibilidad a pie o en transporte público. Hoy conocemos bastante bien la cantidad catastral, pero mucho menos la capacidad real de acceso. Contar piscinas no es el mismo que contar posibilidades de bañarse. Esta información se tendría que combinar con la de accesibilidad en las playas.
El segundo paso seria fijar un objetivo medible. Una misión similar a la que propone Mazzucato: que toda la población metropolitana, y especialmente los niños, adolescentes y mayores, dispusiera de un espacio público de baño seguro y asequible a una distancia razonable. Esto no exige construir inmediatamente decenas de grandes complejos. Se pueden ampliar horarios, abrir instalaciones escolares y deportivas durante el verano, establecer convenios con clubes, crear piscinas temporales o de dimensiones reducidas, recuperar espacios fluviales cuando la calidad del agua lo permita e incorporar sistemas de sombra, reutilización, cobertura y recirculación que minimicen el consumo. O incluso facilitar el transporte hacia las playas y los equipamientos acuáticos.
El tercer paso tendría que ser una política tarifaria metropolitana. Si disponemos de un transporte integrado porque la vida cotidiana supera los límites municipales, también podemos imaginar un pase común para piscinas y refugios climáticos, con tarificación social según renta y no según padrón. Los costes se tendrían que compensar mediante un fondo supramunicipal que reconociera la carga asumida por los municipios que ofrecen servicios a una población real superior a la censada. El acceso a la frescura no puede depender de la capacidad fiscal de cada ayuntamiento ni de la fortuna de haber nacido a un lado u otro de la calle.
En un mundo en el que las ciudades se empiezan a preparar para escenarios de 50 grados de temperatura, tenemos que ir pensando cómo garantizar que todo el mundo tiene formas de combatirlos. Las piscinas públicas no son un lujo del pasado ni un gasto ornamental: son equipamientos de salud, ocio y convivencia. Tres factores esenciales para una sociedad avanzada. En el fondo, la piscina se ha convertido en un símbolo de qué sociedad construimos. Podemos seguir multiplicando pequeños oasis privados, separados por vallas, precios y fronteras municipales. O podemos hacer del agua, el baño y la posibilidad de protegerse del calor un bien compartido al alcance de todo el mundo.
Artículo original publicado en Catalunya Metropolitana.
2026 Catalunya Plural.