La semana pasada, el Ajuntament de Lleida, gobernado en minoría por el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) con el alcalde Fèlix Larrosa a la cabeza, aprobó una modificación de la Ordenança de Convivencia local. La nueva propuesta actualiza una versión anterior, de 2007, y principalmente centra su objetivo en endurecer las sanciones por supuestas conductas incívicas con multas que van desde los 400 a los 3.000 euros, penalizando además la reincidencia.
Como cualquier otra Ordenança de este tipo, la de Lleida sitúa su eje de actuación sobre consideraciones de tipo neohigienista, esto es, señalando ciertos comportamientos sociales como inadecuados para el espacio urbano de la ciudad y actuando sobre ellos con la voluntad firme, aunque un tanto naif, de eliminarlos. Las prácticas neohigienistas beben de las transformaciones físicas con voluntad de acción social que se llevaron a cabo en Europa principalmente en el siglo XIX, y donde el Eixample de Barcelona, pero también los bulevares de París, serían buenos ejemplos. Se trataba, por tanto, de mejorar la vida de las personas en cuestiones de salud, incrementando la insolación diaria, la circulación del aire y la disponibilidad de espacio público y zonas verdes para el esparcimiento, a la vez que se impulsaba y facilitaba el movimiento de las mercancías, se hacía hueco a las nuevas formas de transporte público —tranvías, coches de caballos, pronto automóviles—, y se preveían dispositivos de control social. El urbanismo, hijo del higienismo, nació con esa doble orientación, mejorar la calidad de vida de los vecinos y, a la vez, incrementar las posibilidades de acción política institucional sobre la población. Hay que tener en cuenta que el siglo XIX fue, precisamente, el de la eclosión de la Revolución Industrial y el capitalismo.
Las ciudades, hoy en día, no acogen concentraciones industriales, al menos no en el Occidente capitalista. Pero eso no quiere decir que el urbanismo, tanto de intervención física como aquel plasmado a través de normativas, no tenga aún utilidad. En el contexto de unas ciudades donde el espacio urbano ha devenido objeto de inversión y generación de plusvalías, casi siempre en relación con actividades turísticas, el urbanismo permite regular los comportamientos de los ciudadanos en aras de garantizar una mejor circulación y acumulación del capital. Es ahí donde juegan un papel destacado Ordenanças como la del Ajuntament de Lleida, que eliminan cualquier comportamiento considerado inadecuado para proyectar la urbe como digna de la atracción de las inversiones, a la vez que permite crear un sentido común general sobre la necesidad de este tipo de actuaciones. Sin embargo, situar en una mismo ordenamiento la penalización de acciones vinculadas a la salud pública, como la necesidad de recoger los excrementos de los animales o la prohibición de beber en la calle, junto a la prohibición de utilizar una prenda que cubra el rostro y el cuerpo, como el burka y el nicab, tiene un resultado simbólico particular y criminalizatorio: presenta a las mujeres que visten así al mismo nivel que las actividades relacionadas con las prescripciones sanitarias, esto es, como una enfermedad a corregir.
Situar en una mismo ordenamiento la penalización de acciones vinculadas a la salud pública junto a la prohibición de utilizar una prenda que cubra el rostro y el cuerpo, como el burka y el nicab, tiene un resultado simbólico particular y criminalizatorio
De esta manera, la reciente aprobación de la Ordenança de Lleida aparece, sobre todo, como un síntoma; un síntoma de cómo la llamada guerra cultural ha pasado a librarse, de nuevo, en el terreno de los cuerpos —y, en particular, en el cuerpo de las mujeres— y de cómo, en ese campo de batalla, la antropología tiene mucho que decir y, sin embargo, rara vez es escuchada. Tampoco nos vamos a extrañar de esto ahora, la verdad
Casi desde su nacimiento, uno de los ejes vertebradores de la disciplina antropológica ha sido el relativismo cultural. No como coartada moral para justificar cualquier práctica, o para ocultar la desigualdad, tal y como señalara en su momento gente como Levi-Strauss, sino como herramienta analítica que permite comprender las acciones humanas en sus propios contextos sociales, históricos y simbólicos. Renunciar a este principio supone volver a una mirada etnocéntrica que establece jerarquías culturales rígidas y que presenta determinados modos de vida como intrínsecamente superiores a otros. Que hoy este relativismo esté en cuestión no es casual: la extrema derecha -así como todos aquellos que juegan con sus mismas cartas- ha convertido la cultura en un frente prioritario de disputa, y lo ha hecho desde una lógica binaria que opone nosotros frente a ellos, civilización frente a barbarie, libertad frente a opresión.
La prohibición del burka o el nicab se inscribe plenamente en esta lógica. Bajo el discurso de la defensa de los derechos de las mujeres se esconde, en realidad, una operación de simplificación extrema. La prenda deja de ser un objeto complejo, cargado de significados diversos según los contextos, para convertirse en un símbolo unívoco de sometimiento, obviando, entre otras cuestiones, la capacidad de decisión de las propias mujeres, a las que se infantiliza. Las ciencias sociales, en cambio, lleva tiempo advirtiendo de los peligros de este tipo de reduccionismos. Como se ha señalado en diferentes ocasiones, los fenómenos sociales no pueden entenderse al margen de las tramas de sentido en las que se inscriben, ni mucho menos resolverse mediante decretos.
Aquí emerge una de las tensiones clásicas de la disciplina: la relación entre estructura y agencia. Nadie niega que existan estructuras patriarcales que condicionan la vida de muchas mujeres, también en contextos musulmanes. Pero reducir a las mujeres que usan velo integral a meras víctimas pasivas supone negarles sus posibilidades de agencia, es decir, su capacidad de actuar, negociar y resignificar las normas que las atraviesan. Paradójicamente, una prohibición local, como la de Lleida, puede terminar reforzando aquello que dice combatir. Al convertir el velo en un objeto proscrito, se corre el riesgo de transformarlo en un marcador identitario aún más potente, una bandera frente a la estigmatización externa. Situarlo al mismo nivel que la recogida de excrementos de animales, incrementaría la determinación en su uso.
Además, las consecuencias prácticas de este tipo de medidas suelen ser ignoradas. Lejos de liberar a las mujeres, la prohibición puede empujarlas a una mayor reclusión en el ámbito doméstico, al limitar su presencia en las calles y las plazas de, en este caso, Lleida, pero también otros lugares. La antropología ha documentado ampliamente cómo las políticas de imposición cultural tienden a producir efectos no deseados, especialmente cuando no cuentan con la participación activa de los colectivos afectados. Obligar a desvelarse no es, en términos analíticos, menos problemático que obligar a velarse.
Por otro lado, la antropología es experta en dinámicas de interculturalidad y aculturación. Saben que los cambios sociales —incluidos aquellos que amplían las posibilidades de las mujeres en el espacio público— rara vez se producen por imposición externa. Los procesos de transformación cultural son lentos, contradictorios y profundamente situados; ninguno es igual al otro. Se dan a través del contacto, el diálogo, la educación y la negociación cotidiana de significados. Pretender acelerarlos mediante la coerción legal no solo es ingenuo, sino potencialmente contraproducente.
Finalmente, conviene cuestionar una idea que suele darse por sentada en este debate: la del espacio público como ámbito neutral, abierto y democrático. En realidad, el espacio público siempre está regulado. Existen normas —explícitas e implícitas— sobre cómo vestir, cómo comportarse y quién pertenece legítimamente a él. Obligar a las personas a vestirse de una determinada manera en nombre de la convivencia o la seguridad revela que ese espacio está lejos de ser un terreno libre de poder. Al contrario, es un espacio profundamente normativo, donde se dirimen conflictos sobre identidad, pertenencia y control social.
En este contexto, la antropología no ofrece respuestas simples, pero sí preguntas incómodas, se trata, como ya sabemos, de una disciplina ciertamente anti-intuitiva. Y quizá sea precisamente eso lo que hoy más necesitamos: menos soluciones rápidas y más reflexión crítica, menos decretos morales y más comprensión de la complejidad humana. Porque cuando la política decide legislar sobre la ropa de las mujeres, lo que está en juego no es solo un trozo de tela, sino el tipo de sociedad que decimos querer construir.
