Dos anécdotas para empezar
Tras las elecciones generales de 1977, las primeras democráticas posteriores al franquismo, el Senado compartía el Palacio de las Cortes con el Congreso. El escritor Paco Candel, elegido senador de l’Entesa dels Catalans por la circunscripción de Barcelona, bromeaba en Un charnego en el Senado (Plaza y Janés, 1979) comentando con socarronería que se le llamaba Cámara Alta porque estaba ubicada en la segunda planta.
En el año 2004 fui elegido senador por el Parlamento de Cataluña. Al llegar por primera vez al Palacio del Senado, en la Plaza de la Marina Española de Madrid, un miembro del PP me comentó: «Aquí se vive muy bien. Si en el año 1981 Tejero hubiera entrado en el Senado en lugar del Congreso, todavía estaría aquí, porque nadie se habría enterado». No es una anécdota demasiado original: otros senadores también la han vivido. El chiste responde a la imagen de una Cámara que sirve para bien poco y que normalmente no es noticia. Esto no quiere decir que no haya senadores y senadoras de todos los partidos que intenten hacer bien su trabajo. Pero el papel del Senado en nuestro marco institucional está muy poco valorado y es aún menos conocido.
Una cámara mal dibujada: ni carne ni pescado
El Senado es una institución mal definida en la Constitución. Había existido en el siglo XIX y fue suprimido por la Segunda República. En 1978 los sectores conservadores querían que fuese una cámara de segunda lectura para atemperar las posibles decisiones surgidas de un Congreso donde algún día pudiesen tener mayoría las izquierdas. Senadores como Josep Benet lucharon por incluir en el artículo 69 de la Constitución la definición del Senado como «cámara de representación territorial». Pero este carácter quedó desactivado por la forma de elección de los senadores y senadoras. Es cierto que los parlamentos autonómicos designan aproximadamente un 25 % de los senadores, pero la gran mayoría es elegida el día de las elecciones generales con las provincias, no las comunidades autónomas, como circunscripción y un sistema de elección mayoritario. La base provincial distorsiona totalmente la distribución de senadores por comunidad: las que tienen poca población pero más provincias, como es el caso, por ejemplo, de Castilla y León con nueve, se ven claramente sobrerrepresentadas. La combinación de la provincia como circunscripción y el sistema mayoritario provoca que normalmente solo dos partidos consigan ver elegidos a sus candidatos.
El Senado no es, pues, ni carne ni pescado. Sus votaciones en segunda lectura quedan supeditadas a la decisión final del Congreso, pero también queda lejos del único sentido que tienen este tipo de cámaras: ser el marco de representación territorial o plurinacional, como ocurre en los estados federales. La mayor paradoja que ha protagonizado la Cámara que debería ser punto de encuentro y garantía del autogobierno de cada territorio es que la votación más importante de su historia haya sido en el año 2017 la aprobación de la aplicación del artículo 155 de la Constitución para suprimir el autogobierno de Cataluña. Y, en la actualidad, esta cámara supuestamente territorial queda muy lejos del Congreso en cuanto al trato respetuoso a las diferentes lenguas oficiales.
La poca importancia del Senado ha derivado en que sea considerado durante mucho tiempo un oasis de paz y un cementerio de elefantes, adonde son enviados líderes políticos ya amortizados. En el año 2006, el exministro franquista y fundador de Alianza Popular, Manuel Fraga, a los ochenta y tres años, fue nombrado senador. La Cámara lo recibió con aplausos en pie de los senadores del PP y del PSOE. Pero no todos los senadores nos levantamos; algunos, muy poquitos, continuamos sentados y sin aplaudir. Fraga, con las manos manchadas de sangre, sería senador durante cinco años; otros teníamos todo el derecho a romper el oasis y a negarle la bienvenida.
El Senado también es importante y el PP y Vox lo saben
El ambiente en el Senado se ha ido enrareciendo esta legislatura con la mayoría absoluta del PP; ha sido utilizado de forma partidista como mecanismo de ataque constante al gobierno de coalición progresista y como escenario de encuentros reaccionarios. Pero, más allá de la función de supuesto control al Gobierno, el Senado juega un papel importante en la elección de miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial. PP y Vox sueñan con disponer en la próxima legislatura de la mayoría cualificada de 3/5 partes (160 votos cuando ahora ya disponen de 157) que les permita designar todos los puestos que se deben renovar (4 en el Tribunal Constitucional y 10 en el CGPJ) sin tener que pactar con la izquierda; por este motivo han pospuesto expresamente la designación de los miembros del Tribunal Constitucional que se debería haber producido hace nueve meses. Estas dos instituciones son decisivas en la interpretación y la aplicación de la Constitución y pueden garantizar derechos o provocar un retroceso en nuestras libertades. Las consecuencias se prolongarían durante años.
29N: candidaturas progresistas unitarias al Senado
Ante el peligro de que la derecha y la extrema derecha utilicen el Senado para condicionar de forma partidista el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, una plataforma ciudadana lleva meses trabajando para conseguir candidaturas conjuntas al Senado del PSOE y todas las fuerzas de izquierdas. Este martes, 6 de octubre, se ha celebrado en Madrid la presentación pública de «Senadores/as por la Democracia», a partir de un manifiesto de apoyo firmado por diversas personalidades de prestigio, desde Javier Pérez Royo, Ignacio Sánchez Cuenca o Vicky Peña hasta Martín Pallín o Marina Subirats. El acto no podía ser más oportuno; ha coincidido con la convocatoria electoral del 29 de noviembre, que hace más urgente que nunca que se concrete la iniciativa. Si la idea sale adelante, puede suponer un vuelco radical en los resultados electorales en muchas provincias. Hace falta ahora que los partidos políticos progresistas, a pesar de sus lógicas diferencias, estén a la altura, que el PSOE, que es la fuerza mayoritaria, asuma el valor añadido de la pluralidad y que todos juntos sepan incorporar a las listas a personas independientes provenientes de movimientos sociales. Que las listas sean abiertas facilita diversas combinaciones, con coalición o sin ella. El programa debería ser muy concreto y sencillo: asegurar el funcionamiento democrático del Senado (y, si fuese posible, recuperar la necesidad de una reforma de la Cámara en sentido plurinacional), garantizar la pluralidad de las instituciones que se deben renovar y tal vez añadir algunas propuestas unitarias sobre la vivienda, que será la cuestión que centrará la campaña electoral.
¿Y Cataluña?
Las personas promotoras de la idea han sido muy respetuosas con las realidades políticas diferentes de cada nacionalidad. Son conscientes de que la iniciativa debe surgir de cada territorio y reconocer las especificidades de cada Comunidad, en concreto de Cataluña, Euskadi, Navarra y Galicia. También de sistemas de partidos diferenciados como el del País Valenciano, donde se plantea la posibilidad de candidaturas al Senado de PSPV y Compromís que reproduzcan la mayoría del Botànic, o el de las Islas, donde ya hay experiencias como la candidatura conjunta de Ibiza.
En Cataluña hay una cierta tradición de candidaturas unitarias al Senado: la primera fue l’Entesa dels Catalans, con el apoyo de PSC, PSUC y ERC, en las elecciones de 1977; la segunda, l’Entesa Catalana de Progrés, experiencia de colaboración de PSC, ERC e ICV, que funcionó entre el año 2000 y el 2011 y que llegó a ser el tercer grupo parlamentario del Senado.
Ahora bien, en Cataluña hay que analizar bien la situación y las perspectivas electorales: en las últimas elecciones generales el PSC ganó los tres senadores en las cuatro circunscripciones sumando doce, y ERC obtuvo tres. ¿Qué habría que hacer? ¿Una candidatura realmente unitaria de PSC, Comuns y ERC? ¿Una candidatura de PSC y Comuns? ¿Una candidatura de ERC y Comuns? ¿Aprovechar las listas abiertas para establecer un simple acuerdo de apoyo a determinados candidatos sin que cada grupo presente la totalidad de candidaturas en cada provincia? Contra la opción más unitaria se puede objetar que como máximo podría ganar doce senadores y dejaría cuatro a la derecha; pero, en sentido contrario, si el PSC va solo nada garantiza que obtenga el máximo de senadores, como tampoco está escrito que ERC pueda revalidar los tres que obtuvo por los pelos en el año 2023. ¿Podrían enviar las candidaturas a tres o dos bandas un mensaje de esperanza y movilización al electorado progresista? ¿La no demasiado fácil relación entre PSC, ERC y Comuns y sus diferencias programáticas aconsejan un acuerdo de mínimos sin coalición? Quedan pocos días para adoptar alguna decisión. Nos jugamos mucho.
