La reciente propuesta de Fomento del Trabajo de destinar suelo en polígonos industriales a la construcción de residencias para trabajadores (a imitación del modelo alemán Werkswohnungen) se ha presentado como una solución innovadora ante la escasez y el coste de la vivienda. Aun así, bajo la apariencia de una medida pragmática para ganar competitividad empresarial, se esconde una visión anacrónica y regresiva de la organización del territorio.
Una idealización peligrosa de las colonias industriales
Recuperar el espíritu de las colonias textiles catalanas de hace dos siglos olvida deliberadamente cuál era la realidad social de aquel periodo. En el pasado, las colonias no respondían a ninguna voluntad benéfica, sino a una necesidad de control y a una precariedad estructural en la que los trabajadores a menudo dependían totalmente del patrón para la subsistencia, habitando en condiciones de infravivienda o en espacios fuertemente limitados. Además, no hay que olvidar que aquello pasaba en un contexto de ausencia práctica de transporte público y de movilidad generalizada.
Hoy en día, pretender aislar a los jóvenes y a los trabajadores en entornos industriales desprovistos de vida comunitaria supone un grave error de concepto social. Desarraigar a la ciudadanía de sus poblaciones de residencia (allá donde disponen de tejido vecinal, equipaciones, servicios consolidados y un espacio de sociabilidad rica y diversa) para confinarla en núcleos de actividad económica aislados es inaceptable. Un polígono industrial o de actividad económica no puede ni tiene que convertirse en un dormitorio; un modelo así condena a las personas a una nueva forma de marginalidad urbana y a la pérdida de su centralidad ciudadana fuera del horario laboral.
Movilidad sostenible y responsabilidad empresarial real
Si bien es cierto que cualquier fórmula orientada a paliar el ahogo económico de los empleados por la vía de incentivos puede ser de entrada respetable, la verdadera solución no pasa por recrear guetos productivos, sino por afrontar con decisión los retos de la movilidad territorial y la planificación urbanística. Las alternativas reales exigen implementar planes de movilidad específicos para los polígonos y garantizar una red de transporte público suficiente, potente y capilar allá donde sea necesario (incluyendo los autobuses de polígono a demanda), para conectar los centros de trabajo con los cascos urbanos habitados.
En este sentido, existe una medida de aplicación inmediata y de pura justicia distributiva que las empresas tendrían que asumir sin vacilaciones, con la ayuda de las administraciones del transporte público: que sean las propias compañías instaladas en estos polígonos las que sufraguen el coste del transporte público necesario para los desplazamientos de sus trabajadores al puesto de trabajo (en itinere, tanto de ida como de vuelta).
Esta obligación empresarial no solo constituiría un incentivo económico real y directo para la plantilla (aligerando la carga de la vida cotidiana), sino que cumpliría una función ecológica y cívica fundamental: desincentivar el uso masivo del vehículo privado. Seguir dependiendo del coche particular, con una ocupación media ridícula de penas 1,2 personas por vehículo, no solo colapsa nuestras carreteras de manera crónica, sino que agrava insosteniblemente la contaminación atmosférica y degrada la calidad de vida en nuestras comarcas.
Conclusión
El futuro del país no se escribe mirando por el retrovisor hacia un paternalismo industrial caduco, sino apostando por ciudades y pueblos vivos donde merezca la pena vivir y trabajar. Garantizar vivienda digna allá donde la gente tiene sus raíces, exigir un transporte público colectivo potente y hacer que el sector privado asuma su parte de responsabilidad en la movilidad laboral son los únicos caminos rigurosos hacia la sostenibilidad territorial y la cohesión social.
