Cuando pensamos en el 1 de octubre de 2017 a muchas nos vienen a la cabeza los cuerpos unidos en resistencia, los espacios de votación llenos de vida y una actuación policial desproporcionada, cumpliendo órdenes aunque fuera a costa de utilizar la violencia más extrema. No sólo eso. Muchas también recordamos los días previos en los que se vulneraron derechos tan básicos para la existencia democrática de cualquier país como el derecho a la vida privada y la correspondencia, el derecho a la libertad de expresión, de opinión, de recepción y comunicación de informaciones y el derecho a la libertad de reunión pacífica.
Así lo recogimos en un informe sobre la violación de derechos civiles y políticos en Catalunya durante los meses de septiembre y octubre de 2017. Un recopilatorio de la represión realizado por el abogado y vicepresidente de Novact, Jordi Palou-Loverdos, en el marco de la campaña #SomDefensores. Una campaña que nació de la necesidad de diseñar y coordinar acciones de defensa de los derechos humanos, en previsión a la respuesta represiva del estado español ante la convocatoria, organización y celebración de un referéndum en Catalunya. Pusimos en marcha de manera operativa una red de observadores de vulneraciones de derechos en contexto de protesta en Barcelona, formada por unas 70 personas a pie de calle.
Desgraciadamente, sin embargo, el retroceso en derechos y libertades, así como la violencia policial, no comenzaron en septiembre – octubre de 2017. La contención y represión de las disidencias tomó un protagonismo preocupante para las organizaciones de derechos humanos a partir de la crisis económica de 2008. Los partidos políticos mayoritarios mostraron su tolerancia cero ante el descontento social y las protestas de la población. Recordemos, entonces, el brutal desalojo de Plaza Catalunya el 27 de mayo de 2011, con más de un centenar de personas agredidas cuando se encontraban sentadas en el suelo con las manos en alto; o las más de 53 personas detenidas en la Huelga General del 29M de 2012. Muchas de ellas imputadas por delitos de desórdenes públicos, daños, atentado contra la autoridad e, incluso, organización criminal y manifestación ilícita con solicitudes generalizadas de prisión preventiva. Se fue forjando una perversión del concepto de la seguridad, impulsando leyes que entendían la lucha contra las injusticias como un problema de seguridad nacional o de orden público.
Desde 2014, con la Plataforma Defender a quien Defiende venimos analizando la deriva represiva de los estados que limitan y tratan de anular la capacidad que tenemos para mostrar rechazo a ciertas prácticas políticas y plantear alternativas. En el informe «Aquí [no] se puede protestar» analizamos cómo en Catalunya se ha venido desprotegiendo el derecho de reunión y manifestación desde 2011. Se ha construido la idea de un enemigo interno, despojando a las personas y colectivos activos de la condición de sujetos de derecho. Y por consecuencia, tenemos un marco de judicialización del descontento social y un abuso de las sanciones administrativas, dando pie incluso al concepto burorrepressió. Un término que ha sido trabajado por las compañeras Pedro Oliver Olmo y Sergio García, entre otros, en una publicación editada por Bomarzo. En esta realidad estamos y, lo más grave de todo: nos estamos acostumbrando a estar allí.
La celebración del referéndum de autodeterminación del 1 de Octubre en Catalunya agravó esta situación, o en todo caso fue un momento de inflexión importante. Desde la campaña #SomDefensores, atendimos ese mismo día a un total de 167 personas afectadas por la violencia policial, 112 de ellas víctimas directas de agresiones. En los días posteriores, llegamos a atender a cerca de 300 afectadas. Por su parte, el Ayuntamiento de Barcelona publicó, hace unos días, un informe de la actuación policial en el que indica que se produjo intervención de la Policía Nacional en un total de 27 centros. A su paso, dejaron 298 personas heridas. Según el Servicio Catalán de Salud, el total de heridas en toda Cataluña fue de 1066. No son cifras de poca importancia.
A pesar de la labor de muchas entidades y organizaciones para no dejar espacio a la impunidad (ya son más de 20 agentes imputados), la justicia continúa agrediendo. No sólo manteniendo presos políticos y exiliadas sino criminalizando la noviolencia y tergiversando el concepto de terrorismo hasta reducirlo al absurdo.
Por esta razón, nos toca seguir. Poner en valor el conocimiento histórico que muchos movimientos sociales y militantes políticos de Catalunya tienen respecto a cómo actúa la represión, por haber sido afectadas durante años. El intercambio y solidaridad generados el 1 de octubre de 2017 sirvió, de hecho, para construir una defensa colectiva y protección comunitaria frente la violencia policial en muchos barrios, municipios y pueblos. No olvidemos sus años de lucha, su creatividad para enfrentar el miedo, juntas; y continuamos generando recursos para favorecer el fortalecimiento de sus cimientos. Al mismo tiempo, necesitamos hacer redes para demostrar que lo que está pasando en Catalunya es resultado de una pérdida constante del Estado de derecho. Algo que nos afecta a todos.
No son sólo Jordi Cuixart, Jordi Sánchez y los miembros del antiguo Govern en prisión. Son también el anarquista Nahuel, las operaciones Pandora y Piñata, los juicios a Helena Maleno o los jóvenes de Alsasua, la condena a Josep Valtonyc …
Un año después del 1 de octubre de 2017 necesitamos caminar hacia la construcción de un relato colectivo que ponga el foco en la autoorganización de la población, más allá de consignas de partidos o entidades. Recuperar ese poder popular que ocupó las escuelas y las calles; y aquí no podemos olvidar la huelga multitudinaria del 3 de octubre. Una población que no sólo salió por la autodeterminación sino también por un anhelo de libertades fruto del vaciado que desde las instituciones están haciendo a nuestros derechos. Nos toca seguir luchando. Los derechos no son ningún regalo sino la consecuencia directa de años de poner el cuerpo. No podemos perderlos.
Nosotros, seguimos confiando en la capacidad que tenemos de organizarnos cuando las injusticias nos atraviesan como sociedad. Convencidas de la existencia de una red de organizaciones, movimientos de base y personas comprometidas que trabajan poniendo en el centro a la ciudadanía activa. Un trabajo que se basa en el desarrollo de herramientas e iniciativas para una protección integral frente a la violencia institucional y en defensa del derecho a la movilización social y la participación política de todas.
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