La irrupción de Vox como cuarta fuerza del Parlament de Catalunya es el titular más grave surgido de los resultados electorales del 14 de Febrero. En un contexto donde en general triunfan las fuerzas de la izquierda y del independentismo, la irrupción de 11 diputados explícitamente neofascistas, no por menos esperada, deja de ser preocupante. Conseguir contener a Vox será uno de los principales retos de la legislatura y por ello es importante no errar en el diagnóstico.
Para entender el ascenso de Vox, conviene prestar atención a lo que estaba pasando kilómetros allá, en el capitolio estadounidense, donde los senadores republicanos absolían Donald Trump de su responsabilidad a la hora de incitar el asalto al senado y el congreso por parte de «trumpistas» que querían impedir la certificación de los resultados electorales. Mitch McConnell, el líder republicano en el Senado, dejó claro en su discurso que Trump era el último responsable del asalto al capitolio, pero a la hora de la verdad votó por eximirse lo de cualquier responsabilidad política. Exactamente lo que no se debe hacer para combatir el autoritarismo.
En su libro sobre el ascenso de movimientos autoritarios, «How Democracies Die», los politólogos Daniel Zibblat y Steven Levitsky apuntan que para frenar la extrema derecha es esencial como actúa el centro y la derecha. Cuando estos legitiman sus ideas y acción política, se abren a pactos con ellos y los normalizan como actor político, la extrema derecha avanza. Esta legitimación ha sido esencial a la hora de permitir que Donald Trump capturase el partido republicano. Y a la hora de dejar el establishment republicano indefenso para defender su corrupción flagrante y políticas que violan los derechos humanos más básicos. Su presidencia es también una ilustración de cómo a pesar de que en 2016 pareciese un bufón inofensivo que las instituciones estadounidenses podían tolerar, su presidencia terminó con un intento fallido de usar la fuerza para cambiar el resultado electoral. Como dice Umberto Eco en su tratado contra el fascismo, ningún partido fascista se presenta de entrada con la voluntad de reabrir los campos de concentración y abolir elecciones.
Dos lecciones, pues. Aunque Abascal y Garriga parezcan unos payasos que confunden el presupuesto de la Generalitat con el de un ayuntamiento, el peligro que representan es real y ellos lo expresan sin complejos. No en vano, la noche del 14 de Febrero los de Vox se enorgullecían de que «Hemos pasado». El «tal como lo hicimos hace 80 años», no era necesario explicitarlo. Para pararlo es imprescindible que todo el espectro de partidos democráticos trace una línea firme que impida blanquear la extrema derecha. El problema, y lo que explica el ascenso de VOX, es que en España la connivencia con la extrema derecha es estructural a las principales instituciones políticas, mediáticas, policiales y judiciales.
Desde el 2014, el único cordón sanitario en España ha sido contra el independentismo catalán. La extrema derecha, en la calle, en las instituciones y los medios, ha sido una parte esencial de esta operación. Han contado con sus capacidades de movilización para las manifestaciones unionistas de Sociedad Civil Catalana, donde participaba alegremente el ministro Illa y el PSOE de la mano de Ciudadanos y PP. Han contado con ellos como ariete judicial, una estrategia que culminó en el juicio del proceso, donde el fascista Ortega Smith ejercía de acusación y demócratas antifascistas como Cuixart, Junqueras, Forcadell y el resto de presas y presos políticos comparecían como acusados. Han contado con ellos para los comandos «anti-Lazi» del invierno de 2018, que culminaron con palizas a activistas independentistas. Y en ningún momento, nunca les han desautorizado de la forma contundente con que se ha desautorizado y perseguido penalmente el independentismo. A ojos del establishment español, Abascal y Ortega Smith son actores políticos más legítimos que Raül Romeva o Jordi Turull. No en vano, unos están en el Congreso y los otros en la cárcel.
El discurso autoritario del nacionalismo de Estado hacia Catalunya y su demonización de un movimiento pacífico y democrático como el independentismo es el ariete que Vox ha empleado para asaltar a las instituciones. Mientras que en el Parlament de Catalunya tendremos 11 diputados de 135 de Vox incapaces de incidir políticamente, dado que el bloque unionista no suma ninguna mayoría posible; el Congreso de los diputados, Vox tiene 53 diputados de 350 y es el árbitro de la gobernanza en Madrid o Andalucía. El independentismo, lejos de causar el ascenso de la extrema derecha, es su principal freno y lo que explica la irrelevancia política -hasta el momento- de Vox en Catalunya.
En contraposición a este discurso, a menudo surgen otras voces que culpan del ascenso de la extrema derecha a sus víctimas. Es un discurso muy extendido en los principales medios del Estado, que automáticamente asocian el ascenso de Vox a una reacción hacia el independentismo. No es una novedad, en Estados Unidos, comentadores de centro también han caído en la falsa equivalencia de culpar a los movimientos en defensa de los derechos de las minorías -como Black Lives Matter- del ascenso del trumpismo y la supremacía blanca. Tampoco es infrecuente el discurso que enfatiza que el ascenso de la extrema derecha es sólo culpa de una izquierda pos-moderna que sólo se preocupa por minorías diversas y que ha olvidado la protección de la clase obrera tradicional, priorizando las políticas identitarias por sobre la dialéctica materialista.
Es un discurso doblemente equivocado. Está equivocado porque la investigación empírica sobre que mueve los votantes de la extrema derecha en todo el mundo, le desmiente casi siempre. Está equivocado, también, porque es un discurso que vuelve a victimizar aquellos que están en el objetivo de la extrema derecha y al mismo tiempo descarga de responsabilidad a aquellos que los legitiman con sus acciones o su voto. No nos sirve ni para entender, ni para contener la extrema derecha.
Volviendo al paralelismo norteamericano, una revisión de las investigaciones empíricas sobre que movía a los votantes de Donald Trump durante el 2016, apunta que eran votantes de media más acomodada y sobre todo motivados por sentimientos racistas y autoritarios. En una investigación exhaustiva sobre las elecciones de 2016, los politólogos John Sides, Michael Tesler y Lynn Vavreck apuntaba que efectivamente eran las políticas identitarias lo que contaba el ascenso de Trump, pero no las de las minorías demócratas, sino la de la mayoría blanca que se había activado y radicalizado durante la presidencia de Obama. Apúntado al obstruccionismo y el flirteo con discursos racistas para desgastar la presidencia de Obama como posibles causas de esta activación que fue esencial en permitir el asalto del trumpismo al partido republicano.
En cuanto a Vox, podemos observar coincidencias importantes. Aunque todavía no hay encuestas postelectorales, de momento podemos anotar que allí donde Ciudadanos cae más, Vox sube más. Y también podemos observar que -a pesar de que hay bolsas en feudos obreros tradicionales – muchos de estos votos provienen de áreas acomodadas. Tal y como ha apuntado en twitter el politólogo Jordi Muñoz, la relación entre renta y voto a Vox el 14-F tiene forma de U, con una penetración significativa en los deciles más pobres, pero que se dispara al decil más rico e incluso en el 1% más rico. Un año de pandemia que ha magnificado las desigualdades puede contribuir a explicar el «giro obrero» del votante de Vox, pero hay que esperar a ver si es un fenómeno sólo catalán o también está en el resto del estado y hasta qué punto este giro está condicionado por actitudes ideológicas. La penetración entre el electorado de clase obrera, es novedad en un partido que hasta ahora se había distinguido de la extrema derecha europea para tener un electorado marcadamente de clase alta, pero que puede ser explicada por un sentimiento nacionalista español que es uno los predictores más potentes de voto a Vox.
Esta distribución del voto a Vox, es coherente con la hipótesis de su auge debido a la legitimación de los principales altavoces políticos y mediáticos de España. Al fin y al cabo, la estructura en forma de U en relación con la renta, no es tan diferente de la estructura del voto unionista. No parece descabellado decir que el ascenso de Vox se debe a que el votante más «duro» del unionismo ha optado por una opción que explicita aún más el discurso de inmovilismo y represión que ha sido la respuesta del Estado al independentismo.
La evolución de Vox en los últimos años también apunta hacia esta dinámica de legitimación progresiva. Si el auge de Vox respondiera a una respuesta al independentismo, tendría más sentido que se hubiera producido entre 2014 y 2017, a raíz del 9N o del 1 de Octubre. Sin embargo, la primera vez que Vox da el salto a la política institucional es en las elecciones andaluzas de 2019. Dos años después del 1 de Octubre y en medio del proceso de persecución penal contra sus líderes, en el que Vox ha tenido una presencia destacada. Dos años en los que el Estado Español ha legitimado el encarcelamiento y la violencia policial, así como la actuación impune de la extrema derecha en la calle, como una práctica normal para responder a demandas políticas democráticas y pacificas. Vox no ha surgido cuando el independentismo ha sido más fuerte o más abalanzó, ni siquiera cuando el peligro de secesión ha sido más cercano, ha surgido cuando la respuesta del Estado ha sido más autoritaria.
La clave para detener a la extrema derecha radica en detener esta dinámica de legitimación. Una vez llegados a este punto, cómo hacerlo es más difícil. Tal y como apunta la politóloga Helena Castellà en su análisis comparado de la extrema derecha a nivel Europeo, los cordones sanitarios articulados a nivel político pueden acabar reforzando la extrema derecha, consolidando su imagen como la alternativa más peligrosa para statu quo. No obstante, los cordones mediáticos que aíslan y evitan dar altavoces y normalizar a la extrema derecha suelen funcionar mejor. Castellà, también recoge el caso de Vic, donde el trabajo de la concejalía de convivencia y seguridad, enfrentando los problemas que la extrema derecha explotaba, y Unidad Contra el fascismo y el racismo, desmontando rumores y desenmascarando los intereses particulares de la extrema derecha, fueron esenciales para hacer caer a Plataforma por Catalunya.
Así pues, una vez la extrema derecha está en el Parlament hay que actuar para confrontarla, creando espacios donde desmontar su discurso y evitando legitimar y normalizar su acción política. Y es aquí donde el nacionalismo español de Vox presenta un peligro especial. Si bien es plausible imaginar un trabajo conjunto de la mayoría de fuerzas democráticas a la hora de desmontar el racismo, clasismo y homofobia del discurso de Vox; esto no es posible trasladarlo a su discurso autoritario hacia las minorías nacionales.
No lo es porque la visión del independentismo catalán como un movimiento supremacista, profundamente racista e intolerante que presenta un peligro para la democracia y la convivencia es un elemento vertebrador del discurso unionista en su conjunto. Con diferentes acentos, desde la izquierda más jacobina de determinados sectores de los Comunes y PSOE, hasta el discurso más explícito de Ciudadanos, claro precedente de Vox en este ámbito. Cualquier acción coordinada contra Vox quedará coja mientras la política del Estado Español hacia el independentismo sólo difiera de la de Vox en el número de años de prisión.
Necesitamos interpelar a la izquierda unionista y del resto del estado, visibilizando que la voluntad de deslegitimar el independentismo catalán convirtiendo la democracia española en un dogma de fe, ha blindado la influencia de la extrema derecha en instituciones clave del estado, de la policía a la monarquía, pasando por la fiscalía o la judicatura. Si la política de represión y demonización del independentismo sólo ha servido para legitimar y catapultar Vox en medio del escenario político estatal, no parece fuera de lugar decir que a largo plazo hay dos alternativas: un reconocimiento de las demandas democráticas del independentismo catalán que resulte en una negociación real para ejercer el derecho a decidir o un gobierno del Estado con ministros de Vox al frente.
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