Hace tiempo que las trabajadoras de los Servicios de Atención Domiciliaria de Cataluña reclaman la municipalización de este servicio, que sigue siendo gestionando por empresas privadas en la mayoría de municipios de Cataluña y del resto del Estado. Este mes de marzo, el Prat del Llobregat se ha convertido en uno de los primeros municipios catalanes que pone en marcha un modelo de este servicio gestionado por una entidad pública. A partir de ahora, el Servicio de Atención Domiciliaria lo presta la Fundació S21, que forma parte del Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya (CSC), un organismo público del que es miembro el Ayuntamiento del Prat.
Esta fundación asumió la prestación del servicio el pasado 1 de octubre y, desde entonces, ha desarrollado el nuevo modelo de atención, que entró en funcionamiento el pasado 15 de marzo. Según el Ayuntamiento del Prat, los dos principales objetivos de la gestión directa del servicio son «mejorar la calidad de la atención y la situación laboral del personal, que hace tiempo que denuncia las condiciones de precariedad en que trabajan en las empresas privadas del sector».
Sin embargo, desde el sindicato de trabajadoras del Servicio de Atención Domiciliaria no coinciden con la visión del Ayuntamiento y denuncian que con la nueva fórmula la situación de las trabajadoras no ha mejorado. «Las condiciones laborales han empeorado. Los sueldos se basan en un convenio que precariza a las trabajadoras», señala Pilar Nogués, presidenta del sindicato S.A.D. Además, desde el sindicato denuncian despidos improcedentes de trabajadoras.
Las trabajadoras defienden que el Consorcio de Salud y de Atención Social de Cataluña está «enmascarado» de servicio público, pero que el fin sigue siendo «mercantilizar el mundo de los cuidados». Por ello consideran que la única solución es municipalizar el servicio. «Es la única manera de conseguir un servicio de calidad y mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras. Queremos una verdadera gestión pública y directa, no una gestión pública enmascarada. Y sabemos que esto sólo se trata de voluntad política», defiende Nogués. «No puede ser que las trabajadoras se encarguen de cuidar y las administraciones las maltraten», insiste.
Según la portavoz del sindicato, la pandemia del Covid-19 ha levantado la «alfombra» de la dependencia, donde había un «maltrato silenciado». «La pandemia ha demostrado lo poco valorados que están los cuidados y la mala gestión de las administraciones con respecto al Servicio de Atención Domiciliaria. No podemos continuar así», continúa Nogués.
La presidenta del S.A.D señala que esta nueva fórmula de gestión del servicio en el Prat del Llobregat, que también existe en municipios de la zona como San Coloma, Montcada i Reixac o Molins de Rei, contribuye a la indefensión de las trabajadoras. «Denunciar una empresa privada por malas prácticas a Inspección de Trabajo es mucho más sencillo que denunciar a un ente público. En estos casos, las denuncias se alargan mucho en el tiempo y las trabajadoras se ven desamparadas», explica Nogués.
Distribución de los equipos por zonas de proximidad
Desde el año 2018, el Ayuntamiento del Prat había hecho dos licitaciones introduciendo mejoras respecto a las condiciones laborales del personal, las que fueron impugnadas por la patronal de los Servicios de Atención Domiciliaria. La justicia le dio la razón a la patronal, argumentando que la administración no podía interferir en la relación empresa-personal. «La gestión indirecta genera contratos muy poco flexibles y suponía dificultades para poner condiciones en la gestión del servicio», señala Laia Ortiz, directora de Acción Social del Ayuntamiento de El Prat. En este sentido, Ortiz defiende que el nuevo modelo genera una «mayor flexibilidad y control público, ya que quien presta el servicio es un medio propio».
En el caso el Prat del Llobregat, el equipo del SAD está formado por 85 profesionales (82 mujeres y 3 hombres) y atiende 500 personas mayores, la mayoría mayor de 80 años y con dependencia, el 75% de las que también son mujeres . En la actualidad, el SAD realiza unos 850 servicios al mes, un 75% por motivos de dependencia y el 25% por motivos de riesgo social.
Según el Ayuntamiento, el nuevo modelo de gestión del SAD pretende ofrecer un servicio más ágil y personalizado, adecuándolo a las necesidades de los usuarios. «La frecuencia con que se atenderá cada persona usuaria se ajustará a sus necesidades. No sólo queremos prestar un servicio, sino poner la persona en el centro, creando un servicio adaptado a cada persona», destaca Laia Ortiz.
Para ello, la organización de los profesionales se ha estructurado en equipos que actuarán en varias zonas de proximidad. Cada grupo de profesionales se ocupará de la atención de las personas usuarias de la zona asignada, con quien tendrá una relación más cercana y continuada a lo largo del tiempo, de manera que le permita «conocer, detectar y responder mejor a sus necesidades».
El Ayuntamiento defiende una mejora de los contratos y más formación
El nuevo modelo también busca una mejora de la coordinación con los centros de atención primaria y los servicios sociales de la ciudad. Para ello se ha creado la figura de la coordinadora SAD, una persona que acompaña a la familia y a las trabajadoras y que atiende posibles incidencias. «Son personas de referencia que pueden trabajar en casos más complejos junto con la trabajadora social y que pueden ponerse en contacto con el CAP. De este modo, se da más continuidad a la atención a las personas y los servicios trabajan en red», señala Ortiz.
Según el Ayuntamiento del Prat, el nuevo modelo de gestión del SAD pretende contribuir a dignificar y reconocer la labor de las trabajadoras, aumentando la estabilidad de los contratos y los sueldos. «Hemos primado aumentar el número de jornadas completas, reduciendo sus parciales. Pero muchas trabajadoras necesitan hacer jornada parcial porque están al cargo de familiares o menores o porque compatibilizan el trabajo al servicio de atención domiciliaria con otra», explica Ortiz.
También se quiere facilitar el acceso del personal a la formación continuada y fomentar el trabajo en equipo, a fin de promover la motivación y el bienestar emocional del personal. Además, se prevé la incorporación de otros perfiles en caso necesario, como por ejemplo de profesionales de la psicología para apoyar en la atención a personas mayores y dependientes.
Según Ortiz, el nuevo modelo es «un avance muy importante en la gestión de un servicio tan sensible». «En una empresa privada cuyo objetivo es conseguir beneficio. Ahora, sabemos que todos estos dinero público se destinan a mejorar la atención de las personas», explica. Según ella, la gestión indirecta por parte de empresas privadas empeora la calidad del servicio. «Poner lucro o la lógica mercantil en ámbitos tan sensibles como la atención a las personas acaba pervirtiendo el funcionamiento de este servicio. En general, las grandes empresas acaban generando una lógica que va en contra de las personas que hacen uso del servicio», añade la directora de Acción Social del Ayuntamiento.
Se observan irregularidades en el funcionamiento del Consorcio
Según su web, el Consorcio de Salud y Social de Cataluña (CSC) es una entidad pública «con una clara vocación de servicio que tiene como misión impulsar modelos de salud y social excelentes y sostenibles para mejorar la calidad de vida de las personas, ofreciendo servicios de alto valor añadido a sus asociados».
Sin embargo, un informe de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, que recoge los ingresos y gastos de la entidad en 2017, se refiere a varias irregularidades detectadas en el funcionamiento del Consorci. En primer lugar, el documento habla de la existencia de filiales del Consorcio en México, Argentina y la República Dominicana. Dado el carácter público del capital de la sociedad, la Sindicatura pone en duda el interés general de la creación de estas filiales en otros países que, posteriormente, podrán, en general, una pérdida importante del valor de las inversiones inicialmente hechas.
Además, la Sindicatura también cuestiona el objeto y la actividad de la sociedad, «dado que no van dirigidos a la satisfacción de necesidades públicas del ámbito territorial de Cataluña». «Todas y cada una de las actividades llevadas a cabo por las sociedades mercantiles de propiedad pública deben estar destinadas a satisfacer las actividades y necesidades públicas y la consecución del interés general», destaca el informe.
La Sindicatura también señala irregularidades en los contratos. Para la fiscalización de los aspectos contractuales y retributivos del personal, se seleccionaron una muestra de ciento dieciocho trabajadores de grupos profesionales y categorías diferentes, representativa del conjunto de trabajadores. De esta muestra, el informe detecta veinticuatro trabajadores con contratos laborales fuera del ámbito del convenio colectivo.
La fiscalización de los contratos también pone de manifiesto que la Fundació S21 y otras entidades pertenecientes al Consorcio superaron los límites para encadenar contratos de duración determinada que establece el Estatuto de Trabajadores. Además, en el año 2013, con un cambio de dirección, se elaboró un informe sobre la retribución del personal de las entidades fiscalizadas que puso de manifiesto la existencia de retribuciones derivadas de acuerdos tomados por las direcciones generales o por las gerencias de forma individual, no registradas documentalmente. Asimismo, en el año 2017 las entidades del grupo CSC reconocieron cinco indemnizaciones por despido improcedente.
El Estatuto del CSC define el Consorci como una «entidad local pública». Sin embargo, en el informe la Sindicatura explica que no le consta que se haya determinado la adscripción a una administración pública determinada, lo que debería haberse hecho no más tarde del 31 de diciembre de 2014, de acuerdo con la ley. Por todas estas irregularidades, el sindicato de trabajadoras S.A.D insiste en que la gestión del Servicio de Atención Domiciliaria por parte del Consorci es una «gestión pública enmascarada que repite las lógicas mercantiles de una empresa privada».
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