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Telma Vega es inspectora de trabajo especializada en agresiones y discriminaciones laborales por razón de sexo. Abordamos con ella las principales dificultades para eliminar esta lacra que afecta, aproximadamente, a 20.300 mujeres al año en Catalunya

El aumento del 3% en las pensiones más bajas, la mayoría de beneficiarias de las cuales son mujeres, es una de las causas de esta realidad. Asimismo, la progresiva incorporación de la mujer al mercado laboral también incide en la reducción de las diferencias, que en promedio son de 422,15 euros mensuales

Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, la Plataforma Aturem la Llei Aragonès y Marea Blanca han convocado una concentración ante la sede de la Delegación de la Comisión Europea en Barcelona para protestar contra la ley de externalizaciones, que consideran una mercantilización de los servicios públicos «basada en estrategias de la Unión Europea que promulga directivas cada vez más depredadoras»

Las federaciones española y catalana de jubilados y pensionistas de CCOO instan al gobierno de España a revertir la situación precaria de los jubilados y proponen hasta tres maneras de aumentar la hucha de las pensiones

Unos 300 sindicalistas se reunieron en la parroquia barcelonesa en 1964 para elaborar la primera plataforma reivindicativa del sindicato en Catalunya, que reclamaba salarios de 1,2 euros diarios, derecho a huelga y libertad sindical

Jóvenes de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo del sindicato ha lanzado una campaña para «señalar a aquellas empresas donde se toleran actitudes machistas entre compañeros y compañeras de trabajo»

Los jubilados de la empresa eléctrica dejaron de recibir desde el inicio de octubre el llamado ‘salario en especias’, que suponía un descuento en la factura de la luz que a muchos se les había asegurado «de por vida». Sin esta subvención, algunos de los jubilados, que se manifiestan periódicamente ante las puertas de Endesa en Barcelona, deben hacer malabares con pensiones de 600 euros

Varios colectivos consideran que la norma permitiría externalizar sin control público la gestión de más de 250 servicios que ahora asume la Administración, en sanidad, educación o servicios sociales, entre otros

Podríamos decir que el Tribunal Constitucional «prohibe» a los trabajadores y trabajadores que se ponen enfermos porque eso perjudica a los intereses empresariales

A las puertas de la manifestación contra la Llei Aragonès -que los sindicatos ven como un paso hacia la privatización de la sanidad-, nos acercamos a la realidad de un sector donde la iniciativa privada ha ganado el terreno a la administración pública, que va a remolque