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El Sindicato de Inquilinos, la PAH Barcelona y el Observatorio DESC han presentado una herramienta legal para intentar detener y multar el acoso inmobiliario -o mobbing- a través de la vía administrativa. También han recordado que, a través del artículo 45 de la Ley del Derecho a la Vivienda de Catalunya, cometer acoso es una infracción «muy grave» que puede conllevar multas de 90.000 a 500.000 euros.

João França, periodista y ex jefe de redacción de ‘Catalunya Plural’, publica ‘Habitar la trinchera. Historias del movimiento por el derecho a la vivienda en Barcelona’ (Octaedro y Fundación Periodismo Plural), un libro que cose la memoria de los activistas por el derecho a la vivienda y reivindica las pequeñas victorias.

Barcelona en Comú pacta con ERC y PSC que la medida no sea de aplicación hasta septiembre y alcanza así la mayoría en la votación inicial. El Ayuntamiento calcula que con esta reserva de vivienda Barcelona ganará entre 300 y 400 pisos protegidos cada año. Se trata de una iniciativa de entidades como la PAH y Sindicato de Inquilinos que encuentra un fuerte rechazo entre las promotoras