Los expertos señalan que la alarma social por terrorismo no puede ir en detrimento de los derechos humanos y cargan contra el cuerpo de policía por cerrar filas en torno a la muerte del asaltante a manos de una agente sin abrir una investigación interna.
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Irídia, centro por la defensa de los derechos humanos, denuncia las dificultades para investigar los delitos de violencia institucional debido a que la policía no va identificada correctamente con el número TIP de manera visible. Piden «medidas urgentes» como un código «entendible y memorizable para la población general» que esté visible «por delante, por detrás y en el casco» y también planes integrales contra la violencia institucional. En su informe anual muestran como han aumentado las situaciones de violencia institucional en 2017 comparadas con el año anterior.
¿Cómo podemos tejer sociedades más abiertas garantizando los derechos y las libertades de las personas? Lo abordamos con Jordi Vaquer, director regional para Europa del Open Society Foundations
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