La discriminación étnica es unos de los motivos que niegan el derecho la vivienda a un volumen destacable de la población. Uno de tantos problemas generados por un escenario que reduce un derecho a producto de mercado, a pesar de estar reconocido como derecho social en textos normativos internacionales, estatales y autonómicos (Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 25; Pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales, artículo 11; Constitución española, artículo 47; Estatuto de autonomía de Cataluña, artículo 26.).
En este contexto de crisis de accesibilidad a la vivienda, las personas migrantes y/o racializadas tienen que hacer frente a una nueva barrera de acceso: la discriminación basada en motivos étnicos. Así lo revela el estudio ‘Discriminación a la carta’, realizado a partir de 350 llamadas a agentes inmobiliarios, que operan en Barcelona, haciéndose pasar por una propiedad ficticia. Este informe sobre la exclusión del mercado de alquiler de vivienda por motivos étnicos, elaborado por la socióloga Ariadna Fitó, concluye que una amplia mayoría acepta explícitamente la discriminación.
El estudio tiene como objetivo situar y cuantificar el alcance de este tipo de discriminación, determinar hasta qué punto está normalizada en el sector y poder trabajar conjuntamente con agentes y entidades para erradicarla.
Durante estas llamadas, donde se pregunta entre otros por los servicios que ofrece la agencia, los costes de comercialización o la gestión del alquiler posterior, se solicita a los agentes inmobiliarios que excluyan del proceso de selección a las personas inmigrantes.
De las respuestas obtenidas por parte de los agentes inmobiliarios contactados, en el 62% de los casos se produce la aceptación por parte del agente de la demanda discriminatoria. En el 24% de los casos la aceptación de la discriminación no es directa, pero se detectan varias prácticas para facilitarla. En el 10% de los casos el agente se niega a aceptar la propuesta discriminatoria y en el 4% de los casos el agente evita dar respuesta a la petición.
Otras conclusiones del estudio
Fuerte presencia de prejuicios y estereotipos. En la petición discriminatoria se opta conscientemente y únicamente por el término inmigrante sin más explicaciones de origen étnico, de religión o clase social. Esto provoca que se interprete que la discriminación va dirigida a las personas que provienen de unos determinados países. Se observa en las respuestas de los agentes inmobiliarios una clara distinción entre la población “inmigrante”, que respondería al perfil discriminado, y la población “extranjera”, que quedaría fuera. «Haría falta definir bien qué entendéis por inmigrante, es decir, acotar si solo son marroquíes los que no queréis, y por ejemplo chilenos o argentinos no habría problema, en cambio, de Ecuador y Bolivia no los queréis. Ya entiendo que no dejaréis fuera un francés, por ejemplo…, pero me tendrías que decir: mira, ni ‘chinos’, ni negros, tenéis que definir vosotros lo que consideráis.»
En las conversaciones, se observa la banalización de la discriminación por razón de origen, restándole importancia, y equiparándola a otras preferencias como la presencia de animales. «No pasa nada, igual que hay personas que no quieren animales, hay propietarios que no quieren inmigrantes… o niños, que también nos hemos encontrado alguna vez». «En el DNI o la documentación que tenga lo verás, como que hay una foto lo verás, que es inmigrante, con la cara no falla.» Estas son algunas de las respuestas recogidas en el informe.
Una práctica en la sombra. El 24% de los agentes no aceptan la discriminación directamente, aunque se ofrecieron a facilitarla con el uso de engaños y de mentiras a las personas discriminadas. Estrategias admitidas y recogidas en el estudio, que ponen más trabas para poderlo demostrar, perseguirlo y sancionar.
Engaños. Los agentes que aceptan la discriminación explican como ocultan el motivo real de exclusión cuando comunican la negativa a las personas solicitantes por el hecho de ser inmigrantes. Sin ningún pudor, trasladan a la propiedad que se utilizará el engaño y la mentira, hecho que denota conciencia de la práctica discriminatoria que están llevando a cabo. “Es parte de nuestro trabajo”, comentan con naturalidad.
Más discriminación entre agencias no colegiadas. A pesar de que la aceptación de la discriminación es mayoritaria tanto entre colegiados como en no colegiados, baja entre los colegiados. Al mismo tiempo, significan un número más alto los agentes que rechazan toda discriminación entre los colegiados, un 15%, que los que no la rechazan, con una proporción de tan solo del 5%.
Cumplimiento de la legalidad y código deontológico. No todos los agentes inmobiliarios están de acuerdo con la solicitud discriminatoria de la propiedad ficticia. Dos de cada diez negativas a la discriminación mencionan la legalidad vigente para hacer prevalecer su oposición a la discriminación por razón de origen. “Lo que propone es discriminación. Es ilegal. No se puede hacer. Los problemas, si los hubiese, se los encontrará con gente de aquí y con gente de fuera, no es un criterio que nosotros utilicemos.”
Remitirse a la experiencia es el argumento más utilizado entre los agentes que se oponen a la discriminación. «Que sea o no sea inmigrante es totalmente indiferente para buscar un inquilino […] Lo que quiero que entiendas es que ser inmigrante no tiene importancia, no es importante para garantizar que te pagarán y te cuidarán el piso. Para mí lo importante es la persona en sí, en conjunto, no de donde viene.»
La llave puede ser un nombre: discriminación en el acceso a la vivienda
La Cooperativa Broll, en 2020 presentó ‘’La llave puede ser un nombre: discriminación en el acceso a la vivienda’’, un primer estudio de discriminación en el acceso a la vivienda. El estudio consistió en el envío de 1.000 solicitudes a 500 anuncios de viviendas publicadas en portales inmobiliarios. La mitad de las solicitudes enviadas bajo un nombre de origen árabe, y la otra mitad, bajo un nombre de origen autóctono de acuerdo con los nombres más comunes según el Idescat.
Los resultados del estudio evidenciaron que las personas solicitantes con nombre árabe recibían un 18,8% menos de respuestas que las que firmaban con un nombre autóctono. Así como un porcentaje inferior en la programación de visitas a las personas solicitantes con nombre árabe (7,6%).
También se detectaron diferencias por género. Por cada 10 solicitudes enviadas por mujeres, las solicitudes de nombres autóctonos reciben siete respuestas y las de nombres árabes cinco, mientras que en el caso de los hombres, las solicitudes hechas por nombres autóctonos obtienen cinco respuestas, y las de nombres árabes menos de 3.
Este primer informe impulso dos sanciones: una por ofrecer una vivienda «solo a españoles» y la otra por un caso de discriminación directa, las primeras en todo el Estado.
Hay que destacar que el 81% de los contratos de arrendamiento en Cataluña son a través de agencias inmobiliarias, ofreciéndoles una posición única en el proceso discriminatorio. El acceso a la vivienda está tan vinculado a la capacidad adquisitiva de la población, como a las condiciones del mercado inmobiliario. Esto sumado a las dificultades para mantenerse en los hogares, nos muestra que estamos muy lejos de garantizar el derecho a la vivienda de manera universal y que la vivienda es hoy uno de los principales factores de exclusión social.
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