Desde 2009 se ha producido una eclosión progresiva de movimientos de vivienda. La Plataformas de Afectados por la Hipoteca, los Sindicatos de Inquilinos y los Sindicatos de Vivienda son la expresión de un conflicto estructural producido en el seno del capitalismo que ha ido evolucionando en el tiempo. Tras cuarenta años de neoliberalismo, la estrategia de la clase capitalista se concentra cada vez más en monopolizar las estructuras necesarias para la reproducción de la vida como la provisión de energía y alimentos; o las redes de telecomunicaciones y transporte. La vivienda representa el activo financiero por excelencia, ya que posibilita una extracción progresiva de rentas a las clases trabajadoras a través del mecanismo del alquiler. Tal cómo detalla un informe del Instituto IDRA, los rentistas poseen más de doble de ingresos que los inquilinos incluso antes de cobrar el alquiler.
Es por ello que los grandes capitales concentran sus inversiones a través de fondos de extracción: corporaciones dedicadas a la compra de estructuras ya existentes con la estrategia de reducir costes de mantenimiento y aumentar el precio a los consumidores. Blackstone, Cerberus, Lone Star y Brookfield han sido los fondos más mediáticos dedicados a la concentración de stocks inmobiliarios. Pero el fin de esta estrategia extractivista no se basa únicamente en aumentar los alquileres para inflar rápidamente sus beneficios empresariales, sino en revender estos stocks, pasado un tiempo, a otro fondo bajo la promesa de que tales alquileres podrán inflarse aún más en el futuro. Este proceso de compra, inflación de precios y venta se repite de forma cíclica. De hecho, compañías como Blackstone vehiculan las compras de vivienda mediante empresas de capital privado, denominadas private equity, que suelen tener una duración media entre 5 a 10 años. Ello explica porque la titularidad de las viviendas que caen en los entramados financieros cambia tan a menudo de manos.
Una forma de cortocircuitar este proceso sería mediante el retorno a alquileres indefinidos, que fueran necesariamente respetados por los titulares de las viviendas aunque estos cambiaran. No estamos hablando de una figura anómala, ya que incluso en el estado español antes de la Ley Boyer de 1985 existía la figura del alquiler indefinido. Si tales alquileres se combinaran con una regulación de precios, establecida con posterioridad a una reducción del 50% del precio de los alquileres en la actualidad tal cómo demanda el Sindicato de Inquilinos, se dificultarían estos ciclos de compra, inflación y reventa al que tiende el mercado inmobiliario. Y además sería una medida transversal, que desaceleraría la acción tanto de rentistas que son personas físicas como a grandes fondos de extracción. Por tanto, tales medidas no sólo serían beneficiosas para al Derecho a la Vivienda de los ciudadanos actuales, sino también de los futuros inquilinos aún por nacer al poner freno a una escalada de precios que dificulta la supervivencia.
Partiendo de un análisis concreto de la situación concreta, esta medida permitiría a la clase trabajadora tener condiciones materiales más beneficiosas para luchar por el núcleo del problema habitacional, que es la propia mercantilización de la vivienda. Si hoy la vivienda es utilizada como activo financiero por parte de rentistas, es precisamente porque la titularidad de las mismas es privada. Que parte de la población haya normalizado este régimen de tenencia no es casual. Es una estrategia de corte franquista, ya propugnada por el ministro Arrese que clamaba el slogan “queremos un país de propietarios, no de proletarios”. De esa forma, el régimen franquista promovió políticas de acceso a créditos para endeudar –y sobreendeudar– a masas de la clase trabajadora, que serían desmovilizadas políticamente al poseer una propiedad que perder y una deuda hipotecaria que cubrir.
Como Pablo Carmona indica en sus análisis, este sistema propietarista tuvo su continuidad en los gobiernos del régimen del 78, configurando lo que denomina una democracia de propietarios. Pero la crisis financiera de 2008 rompió la reproducción de este sistema, sumiendo a las siguientes generaciones en una precarización de tal magnitud que la tenencia en propiedad se convertía en un imposible; lo cual fue aprovechado por el capital para intensificar su estrategia rentista concentrando la oferta inmobiliaria y focalizándose en el alquiler. Y así pasamos a la dictadura rentista, en la que se ha invisibilizado la base sobre la que se sostienen sus intereses: la vivienda como una propiedad privada. Como diría Foucault, para la criatura marina el agua es invisible, es su realidad y por tanto no la cuestiona. Pero los seres humanos estamos dotados de voluntad, y nuestro impulso transformador pasa irremediablemente por cuestionar los falsos consensos que normalizan situaciones de desigualdad.
Pensemos por ejemplo en la sanidad. Para una parte de la población estadounidense es del todo normal que la sanidad deba ser privada. O dicho de otra manera, les resultaría anómalo que la sanidad fuera pública porque incurriría en una fiscalidad más alta. No obstante, desde los territorios en los que aún contamos con resquicios de sanidad pública, contemplamos como una aberración que una persona que no pueda pagarse una medicación de insulina o un tratamiento de cáncer pueda arruinarse, o incluso morir en las calles. De hecho, la calle más pobre de Los Ángeles es conocida como Skid Road: una sucesión de miles de personas viviendo en tiendas de campaña, en buena parte por la incapacidad de pagar un alquiler y pagar asistencia sanitaria al mismo tiempo. A este respecto también hay que señalar que a pesar de la ola reaccionaria que ha llegado a las instituciones estadounidenses, una parte de su población está despertando ante el problema que supone la sanidad privada.
De hecho, es muy posible que las generaciones futuras del planeta contemplen como inmoral, incluso como cruel, que un bien tan necesario para la reproducción de la vida y la construcción de un hogar cayera en manos de los rentistas privados. Para ello es necesario comenzar a debatir y trazar una ruta estratégica que apunte a conseguir una vivienda pública, gratuita, universal y de calidad. Un órdago que de hecho ya ha sido lanzado públicamente por el Sindicat Socialista de Catalunya, y que comienza a ser tema de debate en asambleas de otros colectivos. Posiblemente muchos colectivos de vivienda puedan –y tal pluralidad es sana– tener diferentes perspectivas de cómo construir el camino hacia el Derecho a la Vivienda. Al mismo tiempo, trazar un horizonte por la revolución inmobiliaria nos dota de un faro para encaminar campañas y cuestionar en el camino la ideología rentista.
Frente a ello, obviamente se podrían lanzar varias contraargumentaciones. En primer lugar, que la vivienda “esencialmente gratuita” no existe, ya que conseguir viviendas siempre va a implicar un costo de recursos y fuerza laboral. No obstante, es que la vivienda debe ser pública para la clase trabajadora, pero no para las élites que deberían ser las que pagarán con altos impuestos la garantía este derecho. En segundo lugar, se podría objetar que incluso si la vivienda fuera un elemento proveído de forma pública, no se resolverían totalmente los problemas habitacionales porque en el marco de una economía capitalista siempre se darán desigualdades económicas. Al fin y al cabo, para que unos pocos puedan concentrar mucho capital, se necesita que masas enteras cobren por debajo del valor que producen, y que aún sus salarios se agoten rápidamente a la hora de acceder a bienes necesarios para la vida. Por decirlo de otra manera, no se puede construir una política justa en un sistema económico injusto; pretender la redistribución de la riqueza en un sistema basado en el expolio de la riqueza se presenta como una quimera. Y, en efecto, lamentablemente la historia del capitalismo da buenas muestras de ello.
Justo después de la Segunda Guerra Mundial, hasta los años 80, los Estados introdujeron medidas redistributivas como salarios progresivos, sistemas de pensiones y servicios públicos que generaron el auge de una clase trabajadora autopercibida como clase media. Era también una estrategia de desmovilización ante el miedo de una revolución obrera, patentemente posible por la existencia de un bloque comunista a escala planetaria. No obstante, la desaparición de los regímenes socialistas y la supresión de posibles procesos revolucionarios como en Chile, Uruguay o Argentina llevaron a un giro neoliberal. Desaparecido el rival que representaba la Unión Soviética, las clases capitalistas retornaron a su modelo ideal de un Estado reducido a ser sólo un instrumento coactivo de dominio de una clase sobre otra.
Es decir, un Estado policial garante de la propiedad privada. Así tuvo lugar el fin del sueño socialdemócrata, al impulso de creer que era posible reformar en política procesos inherentes al capitalismo. Y ahora las generaciones actuales despertamos en la pesadilla neoliberal, que busca desmontar lo máximo posible cualquier expresión social del Estado. No obstante, cómo nos recuerda Angela Davis, podemos lanzarnos a luchar por todo, a reclamarlo todo, a luchar por aquellas reformas que allanen el camino a cambios revolucionarios. Podemos luchar por el alquiler indefinido y asequible. Combatir para eliminar las deudas hipotecarias y aumentar la vivienda social. Exigir una mayor fiscalidad hacia los ricos y una municipalización del suelo urbano. Y, al mismo tiempo, comenzar a luchar por la vivienda pública, gratuita y universal.
Y el horizonte final ha de ser un cambio estructural de la economía que pase por la socialización de los recursos y formas de vida ecológicamente sostenibles. Recientemente en noviembre participé junto a muchos compañeros de la PAH en la preparación de una actividad con la historiadora Silvia Federici, quién resumió de manera magistral una idea poderosa: tener un ideal de sociedad hacia el que caminar nos dota de ilusión y orienta nuestras acciones comunes. La propia Federici reflexionó que la lucha por una vivienda gratuita era una lucha por recuperar nuestra propia humanidad. Porque no hay nada más humano que el ideal de que todos aportemos según nuestra capacidad y todos recibamos según nuestra necesidad. La utopía se construye a partir de hoy.
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