Creo que todos estaríamos de acuerdo que comerciar con bebés o con órganos humanos repudia nuestra conciencia. Son cuestiones que han de quedar fuera del mercado, y solo actuaciones altruistas permiten la adopción o el trasplante de órganos. A pesar de todo, hay delincuentes desalmados que si se dedican a este horroroso tráfico lo que nos hace ver, una vez más, que la maldad humana no tiene límites, ni tan solo Auschwitz lo fue.
Los humanos tenemos reconocido un conjunto de derechos que forman parte de la “Declaración Universal de los Derechos Humanos” del año 1948 entre los que figuran el derecho a la propiedad, a la seguridad social, al trabajo, a la educación, a la vivienda, la alimentación y a la calidad de vida (de la que forma parte el agua potable, el saneamiento y la energía). Por si fuera poco, entre los Objetivos para el Desarrollo Sostenible al horizonte 2030 incluyen: agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante y acción contra el cambio climático.
No solo estamos lejos de alcanzar los objetivos que den cumplidos estos derechos, si no que son objeto de comercialización. La sanidad y la educación son ejemplos muy claros: familias que han de pagar para disponer de estos derechos debido simplemente, a que el Estado no llega o lo hace con insuficiente calidad. En el caso del agua y del saneamiento, de competencia municipal, la gestión suele cederse a compañías explotadoras con la lógica del mercado, que es ganar dinero; más allá de una mejor eficiencia en la privada que en lo público (que está por demonstrar) encarece el coste de nuestro derecho a disponer de agua limpia (sin olvidar que una de cada tres personas en el mundo carecen de acceso al agua potable).
La energía es otro derecho básico que es comercializado. Es evidente que se han hecho avances en España de ayuda a casos extremos pero numerosas familias sufren pobreza energética. El cambio climático agravará estas situaciones, pero es evidente que el precio de la electricidad está sometido a unos vaivenes incomprensibles sobre los que los ciudadanos carecen de capacidad intervención. Se juega con la especulación para encarecer la venta (juego entre qué energía entra en el mix, si renovables o fósiles) pero los grandes beneficios de las empresas energéticas en nuestro país (ENDESA ganó 1.400 millones hasta setiembre del año pasado) suponen un sobrecoste para acceder al derecho de la energía: lo que son beneficios para unos son costes para todos.
Un derecho tan fundamental como los alimentos está sometido a un comercio especulativo; basta considerar la diferencia de precio entre lo que cobra el productor y el precio de venta al público. Ya sé que entre un punto y otro hay toda una cadena de servicios (envasado, transporte, conservación en frío, etc.) pero mientras el coste de los alimentos suba por encima del incremento de los salarios, cada vez será más difícil alimentarse. Aparte, que algunas subidas brutales de precios en determinados productos tienen difícil justificación.
Sin ninguna duda el caso más dramático es el de la vivienda: todos tenemos derecho a un techo y a convertirlo en un hogar. Pues bien, la escasez del mercado, la competencia con el uso turístico de los pisos, el miedo de los tenedores a ponerlos en alquiler… hace que los precios suban de modo desaforado y hoy en día, adquirir una vivienda (hay que recordar que es un derecho) supone una parte tan importante del sueldo que hace imposible el acceso para la mayoría de las familias. Un desequilibrio insoportable entre incremento de salarios y precio de la vivienda, que crea tensiones económicas en las familias durante muchos años
Y por si todo fuera poco, sobre este negocio de derechos planea un estado ojo avizor, dispuesto a añadir sus impuestos (que en el caso de la vivienda son manifiestamente abusivos). Sé que estos impuestos repercuten en la sociedad… siempre que se inviertan bien y atendiendo a las prioridades, claro.
Este es el panorama: una parte substancial del PIB del país pivota sobre el comercio con derechos básicos, a los que todos tenemos reconocido el acceso pero que la lógica del mercado lo complica e incluso, lo hace imposible. Rechazamos que se compren riñones, pero nada importante se ha hecho hasta ahora para evitar precios abusivos de venta en energía, alimentos o vivienda. Se ha puesto precio a algo que debiera ser accesible en cualquier circunstancia.
¿Cómo compaginar el derecho a la propiedad y al mercado con los derechos individuales? Lo ignoro. Pero si sé que la política debiera dedicar todos sus esfuerzos a esta cuestión en lugar de ver quién mejor insulta los miércoles en el Congreso o cómo hacer dimitir a un fiscal general. Ni siquiera el palacete en París del PNV me parece razón suficiente.
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