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En un reciente artículo publicado en El Critic, la periodista Elena Parreño se hacía eco de la estrategia que algunos municipios catalanes están siguiendo en relación con el establecimiento de cuotas diferenciales de acceso a sus piscinas municipales. A través de un pago distinto entre aquellas personas empadronadas en el municipio y aquellas que no lo están, los Ayuntamientos de estas localidades acaban por generar marcadas dinámicas de segregación en el disfrute de estos equipamientos tan necesarios en el momento actual. El catedrático de ciencias políticas de la Universitat de Girona Quim Brugué aventura, incluso, que podría tratarse de una medida discriminatoria hacia contextos socioeconómicos cercanos pero empobrecidos. Es decir, a través de la disposición de esta entrada diferenciada, localidades como Matadepera, Sant Vicent dels Horts o Cornella de Terri, Tiana o Mongat, seleccionarían, en cierta medida, los usuarios de sus instalaciones. Se trataría, así, de generar espacios libres de vecinos pobres de otros municipios.
El sociólogo Eric Klinenberg saltó a la fama hace unos años por la publicación de su libro Palacios del Pueblo. Políticas para una sociedad más igualitaria, publicado en 2021 por Capitan Swing en castellano. Klinenberg describe en su obra la realidad estadounidense; una sociedad profundamente individualista y desigual que, de hecho, se caracteriza por la poca incidencia del Estado, en sus diferentes niveles, a través de políticas públicas que garanticen cierto equilibrio social. Profundamente celosos de una supuesta libertad y promotores incansables del capitalismo, los Estados Unidos apenas cuentan con espacios de socialización e intercambio verdaderamente accesibles, horizontales, asequibles y democráticos para el conjunto de sus ciudadanos, siendo la mayoría de los mismos gestionados privadamente y manteniendo ánimo de lucro. Elementos que aquí damos por descontado como la educación y sanidad pública, pero también instalaciones deportivas, servicios sociales, pensiones de jubilación, transporte colectivo, etc., se encuentran allí al albur de las dinámicas del mercado, garantizando su acceso y uso en función de la capacidad adquisitiva que los ciudadanos tienen no como ostentadores de un derecho, sino como simples consumidores.
Existe, sin embargo, para Klinenber una excepción: las bibliotecas públicas. De hecho, todo el libro podría considerarse como una gran loa a las bibliotecas públicas de la ciudad de Neva York, únicos espacios que se libran, de momento, de los señalados procesos mercantilizadores, siendo de acceso libre y gratuito. En un país donde todo es privado y donde la satisfacción de los mínimos niveles de sociabilidad e intercambio de pareceres se han de llevar, en general, bajo la esfera de equipamientos privados, como restaurantes, centros comerciales y similares, las bibliotecas públicas se aparecen como auténticos espacios de liberalización social y democrática. El autor propone, de hecho, ampliar a otros ámbitos la forma de entender la gestión que suponen las bibliotecas públicas, ir más allá y transformar otras instalaciones en palacios del pueblo.
Las piscinas públicas municipales son palacios populares. Su mera existencia podría considerarse como auténticas victorias y conquistas de la democracia española y catalana
En nuestro entorno más cercano, las piscinas públicas municipales son, también, palacios populares. Su mera existencia podría considerarse como auténticas victorias y conquistas de la democracia española y catalana. El acceso a sus recintos permite a las personas y colectivos con menores niveles de renta, y en régimen de igualdad con aquellos que cuentan con mayor fortuna, refrescarse en verano, relajarse en sus zonas verdes o simplemente descansar y conversar con vecinos y amigos. El mantenimiento de cuotas bajas y libre acceso permite al rico y al pobre disfrutar de aquel bien de consumo colectivo del cual el segundo de éstos se vería privado de no ser por una auténtica y decidida política municipal progresista.
Volviendo al artículo reseñado al principio del presente texto, pareciera que mientras académicos y activistas norteamericanos se afanan en recomendar y promover nuevos y más numerosos palacios del pueblo, aquí, en nuestra propia casa, nos empeñamos en recorrer el camino contario: limitar el acceso a vecinos de otros municipios, en gran cantidad de ocasiones con niveles de renta inferiores, haciendo prevalecer el derecho del local, sea eso lo que sea, no solo es ilegal al ojo del derecho constitucional, sino que supone un peligroso precedente para posteriores y más radicales políticas de segregación, pone en riesgo medidas y normativas democráticas y colectivas y aleja la posibilidad de seguir construyendo palacios del pueblo.
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