El derrumbe del muro de Berlín en 1989 arrastró con él a la izquierda que se inspiraba en la Unión Soviética y su política económica. Los 90 fueron años de travesía por el desierto para las posiciones anticapitalistas, pero también de articulación de experiencias y experimentos antiautoritarios que desde Mayo del 68 habían dejado un poso en los márgenes de la sociedad. En el Estado español, este poso lo constituían el movimiento de ocupación de inmuebles, los centros sociales autogestionados y algunas cooperativas con vocación transformadora que poco a poco se fueron reconociendo en prácticas y apuestas internacionales como el zapatismo mexicano, el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil o la autonomía italiana y alemana, además de un movimiento anarquista que nunca había desaparecido. Y con las contracumbres en las instituciones que gobernaban la economía mundial de finales de los 90 y los primeros 2000 afloraron o revivieron autores que oponían lo comunal a la dicotomía entre lo privado y lo público.
En una conversación en México con el académico y activista John M. Ackerman, el sociólogo y filósofo César Rendueles apuntaba con acierto que hay mucha gente que se siente incómoda con una parte del legado comunista, que incluye la planificación económica a gran escala, pero que a su vez se siente orgullosa de otro conjunto de experiencias heredadas. La terminología de los comunales, sostiene él, “permite reivindicar esta parte más noble sin tener que dar demasiadas explicaciones de la parte más oscura”. De esta reivindicación y su herencia habla el autor en su último libro, Comuntopía .
Rendueles desarrolla en esta obra el concepto de “pluralismo comunal”, una actualización de las aportaciones de la economista Elinor Ostrom y su pluralismo institucional que incorpora todo un balance crítico con el despliegue de apuestas políticas favorables a llevar a los comunes históricos a nuestros tiempos. Es un texto que rompe con la consideración de las opciones de regímenes de gestión públicos, privados y comunales como excluyentes unas de otras, todo un manifiesto en defensa de modelos híbridos que no renieguen de ninguna de las potencialidades de estas formas de administración de los asuntos colectivos. Un trabajo que captura lo que de forma intuitiva ha estado desarrollando hasta ahora el think tank Espai Zero Vuit.
Situar el debate
En el último Espai de Conversa del referido laboratorio de ideas, Rendueles explicaba que la discusión sobre los comunes bebe de dos fuentes teóricas: la economía institucionalista y el marxismo.
La primera es una respuesta a un artículo publicado en 1968, La tragedia de los comunes, en el que el microbiólogo Garrett Hardin identificaba la propiedad colectiva como propiedad de nadie, asunción que le llevaba a proponer o bien la privatización o bien su distribución por parte de un agente con capacidad de reprimir, generalmente el Estado. En el texto en cuestión, Hardin exponía una versión del dilema del prisionero que involucra a un grupo de ganaderos que hacen uso de un campo de pasto comunal. Cada ganadero, individualmente, tiene incentivos económicos para agregar nuevas reses, y dado que los efectos negativos de esta ampliación de rebaños se distribuyen entre todos los usufructuarios del campo, prima el interés individual y el recurso compartido acaba agotándose por la sobrepoblación animal. Una forma frondosa de decir que “nadie cuida de lo que no es de nadie”.
Pero este autor partía de una presuposición tan atrevida como errónea, y es que las personas involucradas en la gestión de un bien comunal toman decisiones sin comunicarse entre ellas y de forma independiente, lo que Ostrom demostró que era empíricamente falso en el libro Gobernar los comunes, publicado en 1990, en el ya mencionado contexto político. Los dilemas del prisionero, por definición, imponen como condición la incomunicación, una situación que casi nunca se da en la realidad, ya que en un territorio compartido existe tendencia a la interdependencia (y al diálogo que lleva asociada) más allá de la explotación del citado bien. La posibilidad de deliberar y, por tanto, de alcanzar acuerdos y compromisos ante situaciones potencialmente conflictivas es lo que, para la citada autora, definía a los comunes que ella había estudiado, y no lo contrario: un conjunto de relaciones densas y armónicas (a menudo idealizadas) preexistentes que supuestamente hacían aflorar la disposición a organizarse.
La aportación de Karl Marx, en cambio, es la de dar respuesta a la pregunta sobre cómo instituciones que habían perdurado tanto en el tiempo y habían estado tan extendidas por todas partes, hoy en día son tan escasas. La respuesta que surgió de su propia investigación es que no fue porque la gestión comunal fuera una forma de administración menos eficiente que la explotación privada, sino porque la imposición del intercambio mercantil como la forma dominante de distribución del trabajo fue posible por la destrucción de los comunales por parte de los poderes económico y político.
La supervivencia humana es factible por la capacidad colectiva de nuestra especie de construir herramientas y medios de producción de mayor o menor complejidad, no sólo por su condición biológica en tanto que individuos: podemos decir que estos medios, como podría ser una explotación agrícola comunal de hace seis siglos, forman parte de su metabolismo. Pero al separar a los seres humanos de sus condiciones de supervivencia, al arrebatarles las tierras comunales en el llamado proceso de acumulación originaria, éstos se vieron obligados a vender su mano de obra a cambio de un salario. Es sobre esta violencia expropiadora que se fundó el modo de producción capitalista y la coacción muda que lo sustenta: o trabajas para otros o no comes.
Formas de entender los comunes
Hecha esta exposición, Rendueles recuerda en la conversación que hay dos concepciones de los comunes: una más restringida, que hace referencia a las manifestaciones históricas de gestión comunal que retrata Ostrom (que algunos creen que es deseable reavivar), y otra mucho más amplia, que asocia los comunes a valores como la solidaridad o la igualdad: esta última concepción, de tan amplia, también es compatible con la provisión público-estatal. Para el sociólogo, estas nociones se han reformulado y retroalimentado en tres espacios o momentos de intervención política en el último cuarto de siglo.
El primero es el de la recuperación de la terminología de los comunales a principios del siglo XXI mediante los movimientos de conocimiento libre y cultura digital, pero la dificultad de trasladar sus aportaciones fuera de Internet hicieron que tuviera un recorrido muy limitado. El segundo, para Rendueles más interesante, surge de la crisis de 2008 y alcanza dos metas importantes: la defensa de los servicios públicos frente a gobiernos que pretenden desmantelarlos y la crítica al exceso de burocracia, que se tradujo en reivindicaciones de participación más directa en la provisión de estos mismos servicios. El tercer momento, mucho más invisible, es el que para él tiene mayor rendimiento: el que se articula en torno al debate sobre la propiedad colectiva. Concretamente, sobre la ampliación de la noción de propiedad más allá de lo estatal.
Hecho este repaso, una lección clave de Comuntopía es la de defender que no es una buena idea renunciar al Estado como instrumento para coordinar y escalar sistemas de solidaridad en ocasiones contrapuestos e incompatibles. Es más: la experiencia de Rendueles en Chile cuando se redactaba el proyecto de nueva constitución a inicios de 2020 le llevó a concluir que algunas posturas neocomunales son el producto de contextos en los que los servicios públicos son prácticamente inexistentes y los estados actúan como un agente indispensable para mantenerlos bajo mínimos, pero que, a la larga, la provisión comunal de servicios a gran escala acababa pareciéndose mucho al sistema público. Esto le empujó a defender que, más que construir nuevas instituciones desde cero, lo que sería necesario en territorios con servicios de provisión universal más consolidados como el nuestro es democratizar lo público-estatal, ya que, en palabras del también filósofo, no sabemos cuánta democracia aguantan.
Lo que sí sabemos, dice Rendueles, es que las experiencias de democratización más exitosas se asemejan más a grandes cooperativas como Mondragon que a manifestaciones comunalistas del siglo XV. Y lo que hemos aprendido también es que, a cierta escala, cierto autoritarismo burocrático y algunos límites a la participación directa son inevitables.
Aterrizar las propuestas
Un ejemplo de esto último es el objeto de análisis del informe de Espai Zero Vuit Hacia un modelo público-comunitario para la provisión de servicios públicos, que estudia, entre otros, el modelo de suministro de cuidados neerlandés autogestionado Buurtzorg, que organiza y planifica el trabajo de cuidados mediante los procesos de deliberación entre enfermeras y cuidadoras en un contexto en el que estos servicios se ofertan a través de aseguradoras privadas. Pero también pone el foco en las llamadas entidades de base asociativa (EBA), en las que al menos el 51% del capital social está en manos de trabajadores de la salud; en las islas sociales de Barcelona y El Prat del Llobregat, que se inspiran en el mentado modelo neerlandés, o en la apuesta de algunos ayuntamientos de la comarca de la Selva para levantar una cooperativa de servicios de asistencia a domicilio de la que los consistorios debían ser socios. Sobre todo en el ámbito sanitario que encarnan las EBA, los estándares regulativos y la burocracia que los caracteriza son altos, ya que un rasgo característico del sistema de salud es la homogeneidad de la asistencia en tanto que garante de la igualdad de trato.
Pero el proceso de comunalización de un sector puede variar mucho de caso a caso. La salud y el cuidado, siguiendo con el ejemplo, cuentan con un largo recorrido histórico de gestión comunitaria a escalas notables. En Cataluña se encuentra el precedente del Hospital de la Santa Creu, fundado en 1401, fruto de la unión de seis hospitales barceloneses. Este centro hospitalario está gobernado, desde su fundación, por la Muy Ilustre Administración (MIA), conformada por dos miembros del consejo municipal y dos canónigos del Capítulo Catedralicio. No es un ejemplo de participación directa de los usuarios, sino de participación mediada por el gobierno municipal, como se pretende en la Selva.
En otra línea de trabajo de Espai Zero Vuit se estudia la posibilidad de comunalizar los medios de comunicación, aunque la experiencia histórica acumulada en este sector es muy diferente. Lo que se considera el primer periódico, Relación de todas las historias distinguidas y memorables, fue una iniciativa privada del editor Johann Carolus emprendida en 1605, más de 200 años después de la fundación de la Santa Creu, con vocación puramente comercial. Esta estructura de propiedad de iniciativa privada múltiple determina lo que se entiende por pluralismo en este ámbito y, a pesar de un paréntesis suficientemente grande de tendencia a la concentración, vuelve a la fragmentación de pequeños propietarios con la extensión del uso de Internet, un proceso descrito en este artículo de Sin Permiso.
Así pues, la comunalización del sector de la información pasa por empujar, mediante políticas públicas, hacia una subyugación del capital privado por parte de la administración para otorgar el poder a los periodistas. Concretamente, para condicionar las ayudas públicas a los medios a mayor democracia, mejores condiciones laborales y estándares de buenas prácticas y rigor mucho más elevados a través de la deliberación de los profesionales de la información, tal y como señala Ostrom.
Respuestas al titular
Comunalizar cómo, por qué y para quién. Partiendo de los ejemplos de la sección anterior y en sintonía con lo que defiende Rendueles en Comuntopía, es preciso rechazar las grandes soluciones unívocas y abogar por la posición de tradiciones más institucionalistas, que piensan en términos de cajas de herramientas diversas que se pueden aplicar en diferentes momentos: la gestión comunal, pero también la administración público-estatal y el mercado. Es un error entender lo comunitario como un espacio lleno de vida y repleto de potencial para cambiar a los individuos que forman parte de él, en oposición a un estado que opera como un agente externo, burocrático y jerárquico. Rendueles sugiere que miremos las intersecciones entre ambos espacios, lo público y lo comunal, como un continuum de organizaciones con características compartidas.
Aparte de los dos con los que ha trabajado Espai Zero Vuit, otro ejemplo de ello es la relación existente entre un centro de educación infantil público y una Asociación de Familias de Alumnos (AFA), a la que se da la encomienda de proveer el servicio de comedor o las extraescolares. El artículo 10 del Decreto 160/1996, de 14 de mayo, faculta a estas asociaciones para gestionar dichos servicios o para contratar a un tercero para ello. Aunque no está claro si ejemplos como éstos encajan más en lo que Wolfgan Streeck y Philippe C. Schimitter denominan “asociaciones de interés”, consideradas por algunos un cuarto espacio en oposición a lo estatal, mercantil y comunitario; que en la clasificación de los comunes históricos: el neocorporativismo. La diferencia radica en que, en esta cuarta forma de gestión, se presupone un objetivo en sintonía con el bien de la sociedad en su conjunto y en que, precisamente por ello, cuentan con apoyo público condicionado a proveer este bien, que es lo que ocurre con las EBA y los medios en las propuestas de más arriba.
Resuelto el “cómo”, se puede proceder a responder al “por qué” la comunalización. Con todas sus objeciones, César Rendueles reconoce que la propiedad comunal es mucho más resiliente frente a la privatización que la propiedad pública. Es relativamente fácil privatizar una empresa o un bien de propiedad público-estatal, mientras que para vender un bien comunal necesitas el consenso de todos los usufructuarios, y a veces ni así se puede vender. Otra razón la considera Rendueles en un libro anterior, Contra la igualdad de oportunidades, citando a Joshua Cohen, quien defiende que, frente a la negociación mercantil propia de plataformas como Airbnb o concepciones agregativas de la democracia; la deliberación política contribuye a configurar una identidad social que transforma los intereses de los que participan de ella hacia un consentimiento compartido entre iguales.
Aunque Rendueles no aboga por cualquier forma de deliberación. Se muestra crítico, por ejemplo, con ciertos procesos de participación que facilitan la imposición de la voluntad de minorías organizadas, como por ejemplo equipos de fútbol locales que logran que una parte significativa del presupuesto municipal se destine a cambiar el césped de los campos mediante la movilización de sus aficionados en una convocatoria de presupuestos participativos. Volviendo a los ejemplos anteriores, es necesario delimitar al sujeto al que se otorga la última palabra a la hora de decidir cómo gestionar un determinado bien, respondiendo al “para quien”: los facultativos de las EBA y los periodistas, en primera instancia, y los pacientes y la ciudadanía mediante mecanismos de intervención estatal cuando estos trabajadores no cumplan con sus obligaciones.
En cualquier caso, es necesario afilar la imaginación política para responder a retos a la altura de los que tenemos por delante actualmente.
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