Una de las principales características de las ciudades es su densidad. Si a la población de Barcelona (1,7 millones) le añadimos la población flotante (trabajadores y turistas) sumamos otras 700.000 personas, la densidad se incrementa y la lucha por el uso del espacio se agudiza: Peatones, repartidores con furgonetas o e-bikes, coches circulando y aparcando, moto.
En la gestión de esta disputa, los poderes públicos ponen precio al uso lucrativo o privativo del espacio público: tasas, impuestos o tarifas de aparcamiento. En ocasiones, se trata de obtener recursos económicos, en otras, de disuadir el uso excesivo, como por ejemplo los desplazamientos de coches.
Un caso particular es el de los 10 chiringuitos de la playa, con un proceso de adjudicación donde tiene un gran peso (un 70%) la oferta económica. Estas concesiones generan unos 3,3M€ anuales al Ayuntamiento y los ingresos están destinados al mantenimiento de las playas, servicios públicos y proyectos ambientales.
En cambio, el ingreso de la tasa de ocupación de la vía pública de todas las terrazas de la ciudad (6.631 terrazas de bares y restaurantes con 120.438 sillas) ha representado unos 5,8M€ en 2024 cuando deberían haberse ingresado unos 10M€. En 2024 estaba previsto recuperar los precios pactados para 2020 y reducidos desde entonces en un 75% por la pandemia. No fue así por la rebaja de tasas pactada por PSC con Junts y apoyada por PP y Vox, un pacto que ha hecho perder 4,2M€ de ingresos en el Ayuntamiento para financiar servicios públicos, ingresos que se destinan a financiar servicios e infraestructuras municipales, como ampliación de carriles bici o mejoras en el transporte público.
En cuanto a la tasa turística, los ingresos superan los 100M€ anuales y deben destinarse principalmente a mitigar el impacto turístico, con la limpieza y mantenimiento de espacios públicos, mejoras en barrios turistificados como Barceloneta o Gràcia y subvenciones a comercios de proximidad. Un reciente pacto de PSC con Comuns , permite duplicar la tasa turística y destinar el 25% a vivienda para paliar externalidades negativas del turismo.
Otro gran ocupante del espacio urbano, el coche, hace una aportación relevante en concepto de aparcamiento (unos 40M€/año): disuasoria en cuanto a la zona azul y verde de los no residentes ( hasta 3,75€ y 4,25€/hora para los coches más contaminantes ), simbólica en cuanto a la/a nula en cuanto a las motos que, pese a ocupar cada vez más espacio ( 90.000 plazas a calzada a las que se prevé añadir otras 40.000 ) no aportan nada por el espacio ocupado al aparcar y casi nada por infringir la normativa de aparcamiento (unas 13 multas/día en toda la ciudad). Es chocante que aporte más por el uso del espacio público (unos 70€/año) un vehículo no contaminante y silencioso como son las bicicletas de alquiler compartido.
Con la recuperación del espacio público como uno de los objetivos, diversas organizaciones sociales hicieron una propuesta al Ayuntamiento: el peaje urbano , un cargo de 4€/día en los vehículos a motor, con exenciones por alta ocupación, personas con movilidad reducida o nivel de renta. Recaudaría unos 370M€ anuales, que podrían destinarse a la movilidad activa y el transporte público.
La gestión económica nos da la idea de hasta qué punto vendemos a bajo precio o regalamos un preciado espacio público que es de todos para usos privados o de lucro.
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