Cuatro meses después de la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos queremos conocer el estado del respeto y protección de los derechos humanos en ese país. Para ello, hablamos con Mary Kapron, investigadora de Amnistía Internacional para Estados Unidos y Canadá. Nacida en Canadà, és abogada, con un máster en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Ha trabajado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Reside en México.
¿Qué valoración global hace del impacto sobre los derechos humanos de esos primeros meses del gobierno de Donald Trump?
La presidencia de Donald Trump vemos que ha provocado una emergencia en derechos humanos dentro de Estados Unidos, pero que también está teniendo impactos en el resto del mundo. Es un aumento de las prácticas autoritarias con decisiones que violan o van en contra de las leyes federales y contra la Constitución de Estados Unidos, ignorando decisiones de las Cortes y del poder judicial y también con muchos ataques a cualquier persona que tiene una opinión o que se manifiesta en contra de las ideas del gobierno.
Trump llegó al poder anunciando la expulsión de millones de inmigrantes que no tenían regularizada su residencia. ¿Cómo está aplicando esas expulsiones?
Es importante mencionar que gobiernos anteriores al gobierno de Trump también han tomado medidas que desde Amnistía Internacional consideramos que violan los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo. Pero esta administración vemos que lo hace a una escala mucho más grande y que está tomando medidas que violan las garantías en el proceso que deben tener las personas migrantes y solicitantes de asilo. Por ejemplo, están haciendo deportaciones rápidas sin que las personas tengan la oportunidad de presentarse ante un juez y de tener acceso a representación jurídica. Se ha procedido a la supresión del estatus temporal de protección para personas venezolanas, a la deportación de personas a países que no son los suyos, como El Salvador o Panamá, o a la restitución del envío de personas a la base militar en Guantánamo. Están haciendo muchas cosas que no siguen las leyes federales ni las obligaciones en materia de derechos humanos que tiene Estados Unidos.
Algunos jueces intentan paralizar las detenciones y estas expulsiones irregulares de inmigrantes. ¿Consiguen detenerlas?
Por lo que hemos visto, a veces sí pero mayoritariamente no. En el caso de las personas que fueron expulsadas ilegalmente a El Salvador, un juez había tomado la decisión que no se podían hacer esas deportaciones pero el gobierno de Trump no hizo caso y mandó las personas a ese país. No solo no están cumpliendo las decisiones de las y los jueces sino que los que toman decisiones que van contra de las políticas de Trump están siendo atacados. Una jueza del estado de Wisconsin tomó medidas para liberar a una persona inmigrante que tenía el derecho a salir de la Corte y ahora el Departamento de Justicia la está acusando de violar las leyes y quiere imponerle cinco años de cárcel. Cualquier juez o jueza que va en contra de las decisiones de Trump sufre amenazas de ser destituido.
¿Cuáles son los derechos fundamentales más importantes que se vulneran en estos momentos en Estados Unidos?
Los de las personas migrantes y solicitantes de asilo, pero también se ataca el derecho a la libertad de expresión. Hay muchos ataques contra periodistas, contra medios de comunicación y, en ese sentido ataques contra la libertad de expresión. Ataques contra las y los estudiantes que se están manifestando en contra del gobierno de Trump, pero también que se están manifestando en contra del genocidio que está ocurriendo en Gaza. Muchos estudiantes extranjeros están siendo detenidos, con el riesgo de ser deportados, sus visas están siendo revocadas.
¿Diría que el Estado de Derecho está en peligro en Estados Unidos?
Sí, definitivamente sí. El presidente no acepta órdenes judiciales, toma decisiones sin respetar la Constitución, sin respetar la autoridad del Congreso. Ordena terminar con la ayuda exterior de los Estados Unidos, que es una decisión que el presidente no tiene la facultad de tomar unilateralmente. Estamos viendo por todos lados un debilitamiento de las instituciones que son importantes para la protección de los derechos humanos.
Trump la ha emprendido contra las universidades del país, especialmente contra la de Harvard. Pretende impedir que matricule estudiantes o fiche investigadores extranjeros.
Es algo que no hemos visto nunca antes en Estados Unidos y muestra justo eso, los ataques contra cualquier institución, persona que no apoye las políticas del gobierno. En Harvard, pero también en otras organizaciones, lo que pretende Trump es el castigo de una institución que no está apoyando lo que él dice.
Amnistía Internacional denuncia la discriminación y la violencia contra las personas del colectivo LGTBIQ+ en Estados Unidos.
Trump desde el primer día ha tomado medidas para quitar derechos a las personas. Pasó una orden ejecutiva que declara que en Estados Unidos solo hay dos géneros, que claramente es un ataque contra las personas trans. Ha aprobado medidas que hacen muy difícil que las personas trans puedan tener pasaportes que reflejen su género. Ataca a esta población para culparles de que los servicios de salud no funcionan y otras cosas cuando claramente no tienen nada que ver con esos problemas. Lo usan para culparles de esas cuestiones y quitarles sus derechos con un discurso que es discriminatorio y viola los derechos de las personas de la comunidad LGTBI.
¿Los derechos reproductivos también sufren con Trump?
Sí, están sufriendo. Los derechos reproductivos están bajo el control de los estados específicos, pero hay cuestiones que se pueden proteger a nivel federal. Por ejemplo, el nivel federal tiene control sobre el acceso al aborto con medicamentos. Pero, con la presidencia de Trump, se están tomando medidas para prohibir más el acceso al aborto con medicación. También se ha eliminado información oficial del Estado de páginas web al mismo tiempo que en varios estados las mujeres embarazadas no tienen acceso al aborto y también hay una falta de información sobre los servicios que deben estar disponibles.
Quiere prohibir que se apliquen cuotas en las empresas o en los centros educativos que facilitaban el acceso de personas de raza negra.
Creo que fue el primer día de su presidencia cuando Trump pasó una orden ejecutiva que prohíbe programas que en Estados Unidos se llaman de diversidad, equidad y igualdad. Son programas que tratan de dar posibilidad a comunidades más marginalizadas para acceder a empleos, promover su acceso a las empresas. Ha prohibido todos esos tipos de programas. Se ha eliminado incluso la mención de la comunidad afro y de personas LGTBI en páginas web. Eso es algo que no sólo está teniendo impacto en Estados Unidos sino también en otros países, porque la financiación que da Estados Unidos a otros países también sufre ahora esas prohibiciones. No se puede financiar programas que apoyan a comunidades de personas negras, no se pueden financiar programas de derechos reproductivos y sexuales.
En relación con los medios de comunicación, pretende cerrar las emisoras de radio y de televisión públicas.
La persona que él nombró como encargado de la Comisión Federal de Comunicaciones está investigando medios de comunicación y quitándoles financiación. En zonas rurales del país, las personas se van a encontrar sin medios independientes de comunicación. Con los discursos de odio y de racismo que está promoviendo la administración de Trump va a resultar que no existan medios y periodistas independientes que puedan contrarrestarlos. Lo vemos también en la Casa Blanca, donde se ha elegido a los periodistas que pueden estar presentes y hacer preguntas en las ruedas de prensa, mientras que hay ataques directos a los que publican artículos que van en contra de la administración de Trump. Es, de nuevo, algo que no hemos visto antes en los Estados Unidos.
Una de las campañas clásicas de Amnistía Internacional es la dedicada a la eliminación de la pena de muerte. ¿Hay novedades sobre este tema con Trump o estamos como estábamos antes de él?
Por el momento estamos como estábamos antes, principalmente porque la pena de muerte es algo que queda bajo la jurisdicción de cada estado, pero lo que sí nos preocupa es que hay personas que están condenadas a la pena de muerte a nivel federal, ya que por un tiempo se paró el uso de la pena de muerte para crímenes federales y tenemos miedo de que con la presidencia de Trump pueda volver a aplicarse. También lo tenemos en nuestro radar.
Otra campaña de Amnistía Internacional es la que pide la reducción de la posesión de armas por la población
Tampoco ha habido novedades sobre este tema con la presidencia de Trump, pero sabemos que es una persona que apoya la posesión de armas. O sea, que tampoco va a tomar medidas para limitar o controlar el uso de armas, que sigue siendo en Estados Unidos un tema histórico que es muy grave y que resulta en muchas violaciones de los derechos humanos. No podemos esperar que tome medidas para frenar esta violencia y el uso de armas que impactan principalmente en personas negras y las comunidades más marginalizadas del país.
Trump está desmantelando USAID, la agencia de cooperación internacional de Estados Unidos de la que depende la salud y la vida digna de millones de personas en el mundo. Mucha gente está enfermando o muriendo en muchos países por esa decisión.
Es muy grave. Es súper grave, no solo por los impactos que está teniendo, sino también por la forma rápida en que fue hecho, de un día para otro. Hay países y organizaciones que dependían de los fondos de USAID que de un día para otro ya no tenían acceso a esos fondos y los impactos que eso está teniendo es que hay más personas enfermas, que ya no tienen acceso a medicamentos que para ellas son necesarios para vivir. Organizaciones que prestaban servicios a personas migrantes, a personas de la comunidad LGTBI, ya no tienen esos fondos, ya no pueden prestar esos servicios básicos. Ha tenido un gran impacto en el mundo porque ha pasado muy rápidamente y además es una decisión que el presidente Trump no tiene el poder de tomar unilateralmente. Eso tendría que haber sido siguiendo procesos en el Congreso, siguiendo lo que está en la Constitución. No ha sido así. Es otro ejemplo de la práctica autoritaria que está usando el gobierno de Trump.
Trump ha ordenado la salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud y tampoco hará nada para luchar contra el cambio climático.
Respecto del cambio climático, ha salido del acuerdo de París y sabemos que va a promover proyectos de extracción que van a tener impactos muy graves en el cambio climático. Además ha hecho ataques a Naciones Unidas, a otras organizaciones, al multilateralismo que ha existido en el mundo después de la segunda guerra mundial y está tratando de cambiar estas reglas, salir de instituciones que son muy importantes, y tenemos miedo que otros países también tomen las mismas medidas, lo cual va a tener un impacto muy grande a nivel internacional en materia de derechos humanos.
Ante ese panorama ¿qué propone Amnistía Internacional?
Es muy preocupante. La presión internacional sobre el gobierno de Estados Unidos y el presidente Trump, el levantamiento de voces contra esos discursos de odio, contra las mentiras que dice el gobierno, es muy importante. Desde la sociedad civil se pueden hacer acciones en solidaridad con lo que está pasando en Estados Unidos y hacer ver que lo que está pasando son ataques muy graves a los derechos humanos, al estado de derecho y hacer presión para que algo cambie allí.

