Hay momentos en que la realidad es tan tozuda que otorga y quita razones de manera vergonzante. El sector social catalán, sobre todo las personas y colectivos que dependen de sus servicios y por extensión, los diferentes ámbitos vinculados al estado del bienestar, viven una situación crítica. Una crisis que se ha forjado, entre otros motivos, gracias a una extraña e incomprensible tolerancia institucional hacia el incumplimiento sistemático de las mismas leyes y acuerdos.
La paradoja es tan evidente como desconcertante. Sin renunciar a las respuestas reclamadas por el largo plazo, no serían necesarias grandes revoluciones normativas para revertir buena parte del deterioro actual. Es necesario, simplemente, cumplir lo que ya es aprobado. Catalunya, como tantos otros territorios europeos, dispone de un marco legal avanzado en salud, educación, dependencia, servicios sociales, violencias machistas, infancia, vivienda o inclusión laboral. Sobre el papel, tenemos un estado del bienestar robusto, moderno y garantista. Pero demasiado a menudo, lo que la ley proclama no se corresponde con lo que la ciudadanía vive.
Acumulamos leyes, planes, pactos y estrategias que deberían garantizar derechos básicos, pero demasiadas veces se quedan en declaraciones de intenciones. El resultado es un estado del bienestar que funciona a trompicones, con desigualdades territoriales y con una sensación creciente de desprotección. Porque las leyes y las normativas no transforman nada si no atraviesan el papel. Los ejemplos son tantos y tan habituales, que la ciudadanía los puede reconocer fácilmente.
En salud encontramos listas de espera que vulneran plazos legales, profesionales saturadas que trabajan en condiciones que contradicen cualquier discurso sobre “centralidad de los cuidados” y planes de atención primaria aprobados, pero infrafinanciados. Y en educación vemos ratios fijadas, pero que no se cumplen, apoyos a la inclusión que llegan tarde o no llegan nunca e infraestructuras previstas en planes plurianuales que se eternizan.
Si hablamos de la dependencia, hablamos de valoraciones que superan de largo los plazos legales, prestaciones reconocidas que tardan meses en hacerse efectivas y servicios garantizados que no se doten presupuestariamente. Vivienda quiere decir alquileres sociales que la ley prevé, pero que no se despliegan, parques públicos anunciados que no se materializan y mecanismos de protección ante desahucios que no se activan a tiempo.
Las entidades y las profesionales de servicios sociales e inclusión trabajan con una cartera de servicios que fija intensidades y ratios que no se financian, convenios colectivos reconocidos, pero no actualizados en los contratos públicos y planes estratégicos aprobados sin dotación económica, que no se desarrollan.
No es un problema técnico. Es un problema político y de gobernanza. Y el precio del no cumplimiento es la vulnerabilidad multiplicada. Cuando la Administración incumple sus propias normas, el coste no recae sobre los presupuestos, sino sobre las personas. Pacientes que esperan meses para una intervención que la ley define como garantizada; niños que no reciben los apoyos educativos que les corresponden; personas dependientes que ven como sus derechos se diluyen en listas de espera; familias que no pueden acceder a una vivienda social que la normativa prevé; profesionales de todos los ámbitos (sanitarios, docentes, sociales) atrapados en una precariedad que contradice cualquier discurso institucional. Un derecho que no se ejecuta es sólo una frase bien escrita.
En un país que aspira a reforzar su estado del bienestar, cumplir las leyes no debería ser un objetivo ambicioso, sino el mínimo exigible. Porque cumplir la ley es un acto de responsabilidad democrática. Esto quiere decir garantizar derechos, no sólo proclamarlos, dar estabilidad a los sistemas que sostienen la cohesión social, dignificar a los profesionales que son su columna vertebral y proteger a las personas que dependen de estos servicios.
Cuando la Administración no cumple, erosiona la confianza ciudadana y debilita el pacto social que sostiene la democracia. Por ello es imprescindible y urgente restaurar la credibilidad institucional. Revertir la situación requiere inversiones, planificación, valentía política y una mirada de largo plazo. Pero nada de esto será posible si no se resuelve antes la cuestión fundamental: el cumplimiento efectivo de las leyes y acuerdos vigentes. Porque no hay estado del bienestar posible con derechos que sólo existen en el DOGC.
El país no puede permitirse un estado del bienestar que sobrevive a pesar del sistema. Necesitamos un sistema que funcione porque cumple lo que él mismo ha establecido. Y eso, hoy, sería ya una transformación profunda.
