La frase “las crisis son oportunidades para el cambio” tiene plena aplicación en el caso de la guerra de Irán y la crisis del petróleo que está provocando. El encarecimiento de los combustibles fósiles ya nos está afectando de lleno y se espera que su impacto negativo vaya mucho más allá de la duración de la propia guerra, ya que la reparación de las infraestructuras de extracción de petróleo tardará meses y repercutirá en el encarecimiento general de los precios en una economía tan dopada y dependiente de este recurso.
La oportunidad que muchos percibimos en esta crisis es que los gobiernos deberían aprovechar la escasez temporal del petróleo para acelerar la necesaria transición energética para hacer frente al cambio climático. Situaciones como la que vivimos ponen en evidencia nuestra nula soberanía energética y la escasa implantación de las renovables en todo el territorio. El hecho de que en algunas comunidades autónomas el incremento de las instalaciones solares y eólicas haya sido notable no debe hacernos olvidar que solo un 25% de la energía total consumida en España proviene de fuentes renovables. El resto procede del petróleo y del gas. Recordemos que Europa ha ratificado su compromiso de reducir las emisiones de efecto invernadero en un 90% para 2040. El esfuerzo de descarbonización es mayúsculo, por lo que es necesario aprovechar cualquier oportunidad para orientar todas las actividades económicas y, en especial, el transporte por carretera, responsable de más de un 30% de las emisiones.
La opción del Gobierno central
Ante la crisis actual, el Gobierno español ha decidido amortiguar el impacto del incremento de los precios del petróleo, enmascarando, mediante la rebaja del IVA, su precio real de mercado. Los precios son una señal adecuada de la escasez y orientan las decisiones de los consumidores. Si las medidas adoptadas debilitan esa señal, seguiremos consumiendo gasolina como si nada ocurriera. Un Gobierno que persigue la equidad social debe tomar, lógicamente, medidas para ayudar a los sectores más vulnerables o más castigados por la crisis, pero estas deben estar bien dirigidas y delimitadas.
Probablemente, la fórmula para hacer llegar estas ayudas de forma específica a quienes realmente las necesitan implique mayor complejidad administrativa, pero demasiadas veces se ha comprobado, tanto en la administración central como en la catalana y en la de otras comunidades autónomas, que el error de repartir ayudas de manera indiscriminada se repite una y otra vez. Basta recordar qué sectores han resultado beneficiados, por ejemplo, de las subvenciones a instalaciones solares o a rehabilitaciones energéticas en los hogares, una gran parte no ha ido a parar a las familias con dificultades, sino a aquellas de rentas medias o altas que podían permitirse esas mejoras sin necesidad de ayuda. El mismo error se reproduce en las subvenciones indiscriminadas a los coches eléctricos, que acaban beneficiando a las rentas más altas. Estas ayudas son oportunidades perdidas que no generan ningún efecto positivo sobre la equidad social en la transición energética. Rebajar el IVA para compensar el encarecimiento de los carburantes no contribuye ni a reducir el consumo de combustibles fósiles, ni a impulsar la movilidad electrificada, ni a mejorar la equidad social.
El compromiso internacional
Del 24 al 29 de abril se celebrará en Santa Marta (Colombia) un encuentro de más de 45 países con el objetivo de impulsar una coalición global para acelerar la eliminación de los combustibles fósiles. España, que participará en esta cita, forma parte además de la Coalición de Gobiernos para la Eliminación Progresiva de los Incentivos a los Combustibles Fósiles, incluidas las subvenciones (COFFIS, por sus siglas en inglés). Los países miembros se han comprometido a eliminar gradualmente las subvenciones ineficientes a los combustibles fósiles y a establecer plazos para suprimir los incentivos financieros a su producción y consumo, promoviendo condiciones de competencia equitativas entre sectores. Este compromiso obliga a los miembros a publicar anualmente inventarios de sus subvenciones a los combustibles fósiles y a elaborar planes para su eliminación progresiva. En el caso de España, estos compromisos no se han cumplido. El único informe presentado, que ni siquiera alcanza la categoría de inventario, data de 2024. Tampoco existe una hoja de ruta para la eliminación de estos combustibles.
Es justo señalar que nuestro país no es el único que incumple, pero no conviene ampararse en el incumplimiento generalizado. Se necesita un Gobierno que vaya más allá de las declaraciones. La descarbonización no será un proceso sencillo, pero no existe alternativa. La sociedad en su conjunto debe ser consciente de las dificultades que implica para aceptar colectivamente las medidas necesarias. Es el momento de exigir un uso eficiente de unos recursos públicos siempre limitados. Los gobiernos deben rendir cuentas ante la ciudadanía. El dinero público pertenece a todos y, por tanto, existe el derecho a exigir que no se dilapide en medidas populistas que no contribuyen ni a reducir las desigualdades ni a avanzar en la descarbonización de la economía.
2026 Catalunya Plural.
1 comentari
Subvenciones tiene la solar (un 70% de sus componentes son derivados del petróleo para tu escasa y mala información) que nos llevo a hacer el ridículo mundial con un apagón provocado por dogmáticos acientíficos que se han forrado con la estafa drl cambio climático. A ver si te enteras que hasta Bill Gates ha cambiado su discurso apocalíptico al respecto.