El 13 de agosto el mar de l’Estartit marcó 27,8 grados, el valor más alto desde que alguien empezó a apuntarlo, en 1974. El Observatori Fabra, que lleva un siglo midiendo desde los pies del Tibidabo, llegó a 40,9. La AEMET ha cerrado el balance del Estado con 61 días bajo ola de calor —el récord anterior eran 41, en 2022— y el Meteocat ha certificado que este ha sido el verano más caluroso jamás medido en Cataluña, con anomalías por encima de tres grados en más del 80% del país y un julio que se fue por encima de los cinco. Dos de cada tres días del verano fueron extremos, con noches insufribles: ese fue el clima.
En ese mismo julio los turistas extranjeros dejaron 3.707 millones de euros en Cataluña, un 13% más que el año anterior y la cifra mensual más alta de toda la serie del INE; el gasto medio diario subió a 241 euros, también récord; de enero a julio, 15.519 millones, casi una quinta parte de todo lo que se gastó en España. El número de visitantes apenas se movió, un 0,8% en julio. Lo que se disparó fue lo que sueltan por cabeza. Eso, en el lenguaje del sector, se llama «turismo de alto valor añadido» y lleva una década prometiéndose como la solución al turismo de borrachera; ha llegado, y lo ha hecho el verano en que Barcelona no pudo dormir. Pero el dogma del «más es más» se estrella ante la lógica del calentamiento global, que exige, precisamente, lo contrario. Decrecer, para sobrevivir.
Contra la ampliación del aeropuerto
El aeropuerto del Prat cerró 2025 con 57,48 millones de pasajeros cuando su capacidad técnica ronda los 55, movió 5.871.137 personas en julio —el mejor julio de su historia, séptimo récord mensual consecutivo del año— y lleva desde mayo operando con medias diarias que antes solo se veían en agosto. Como la serpiente que persigue su propia cola, la saturación justifica la ampliación y la ampliación proyecta más saturación.
En contra de esta lógica que promociona un círculo vicioso autodestructivo, el 20 de septiembre, a las doce, en Passeig de Gràcia con Aragó, doscientas nueve entidades convocan una manifestación contra el acuerdo que en junio de 2025 firmaron la Generalitat, el Ministerio de Transportes y Aena: 3.200 millones de euros para alargar quinientos metros la pista del mar, levantar una terminal satélite, remodelar la T1 y la T2 y convertir El Prat en un «hub intercontinental» —la palabra la repiten todos, del president al consejero delegado, con la misma cara de quien enuncia una evidencia—. Los quinientos metros se meten en la Ricarda, laguna litoral protegida por la Red Natura 2000.
Zeroport, que coordina la convocatoria, no pide una ampliación «más verde»; se define como plataforma «pel decreixement del port i l’aeroport de Barcelona» y llevan dos años diciendo lo mismo por escrito: que la ley catalana de movilidad sostenible fue una oportunidad perdida, que la nueva R-Aeroport es una línea para el turista pagada con el Rodalies que el Baix Llobregat necesita para ir a trabajar, y que la decisión sobre el Prat es la más importante que tomará Cataluña en los próximos años. Que Barcelona —y España— necesitan menos aviones, no más.
La lista de adhesiones es larga: Greenpeace, WWF España y Ecologistes en Acció al lado de Salvem l’Alzina, SOS Pirineus y la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny. El sindicalismo que no firma pactos de Estado —CGT, la Intersindical, la IAC, USTEC, co.bas, la CNT de Tarragona—, huérfano de los dos grandes. La FAVB arrastrando decenas de asociaciones de vecinos, del Clot a Can Solei, de la Barceloneta del Prat a la Pineda de Castelldefels, gente que lleva el ruido de los despegues incorporado al oído. El bloque de vivienda al completo: el Sindicat de Llogateres, la PAH, la asamblea del Raval Rebel, que han entendido antes que nadie que un avión más es un piso menos. Los que politizaron el turismo cuando aún sonaba a boutade: la Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic, Fem Front al Turisme a Sants, Aturem Hard Rock. Los iaioflautas. Research & Degrowth. Y, cerrando la lista, ERC, Podemos, Poble Lliure, el PSUC viu, Anticapitalistes, el Consell Nacional de la Joventut.
En 2021, cuando la ciudad se llenó contra el mismo proyecto —90.000 según los convocantes, 10.000 según la Guardia Urbana—, el Govern de Pere Aragonès ponía reparos ambientales y Madrid retiró temporalmente el dinero del proyecto. Cinco años después, el plano de la pista lo presenta el president de la Generalitat, con Aena a un lado y el Ministerio al otro, y el DORA III —casi 13.000 millones para los 46 aeropuertos del Estado, 1.765 de ellos para El Prat hasta 2031— está a punto de pasar por el Consejo de Ministros. Óscar Puente, de hecho, dijo el 2 de septiembre que caerá «en las próximas semanas».
Las columnas saldrán de Hospitalet, de Sants, del Clot, de la Esquerra de l’Eixample, del Bages, del Baix Montseny y de Girona, como en 2021, hacia el mismo centro de la misma ciudad, en un septiembre en el que la AEMET ya ha tenido que contar una quinta ola de calor —del 2 al 7, dieciséis provincias— y en el que el delta sigue seco. Sobre Passeig de Gràcia, cada pocos minutos, pasará un avión rumbo a la pista que quieren alargar. Menys avions, més vida, coreará alguien abajo. Mirando el cielo, y pensando en las noches de verano.
