El Gobierno español ha sometido a información pública un proyecto de real decreto para ordenar la implantación de centros de procesamiento de datos, los ya muy mediáticamente presentes CPD. Su medida más llamativa obliga a los nuevos centros con más de un megavatio de potencia a cubrir, hora a hora, al menos el 80% de su consumo eléctrico mediante nueva generación renovable. El propósito parece razonable: impedir que la expansión de la inteligencia artificial y de la economía digital termine compitiendo por la electricidad disponible con los hogares, la industria o la movilidad eléctrica.
El problema no está tanto en el objetivo como en el momento, el procedimiento y la rigidez con que pretende alcanzarse. La regulación llega cuando las solicitudes de conexión ya se cuentan por decenas, las redes eléctricas están saturadas en numerosos puntos y las administraciones autonómicas han empezado a considerar los centros de datos como proyectos estratégicos. Primero se alentaron las inversiones; después se descubrió que consumían electricidad. Ahora se pretende resolver la contradicción mediante un decreto elaborado con prisas.
La regulación llega cuando las solicitudes de conexión ya se cuentan por decenas, las redes eléctricas están saturadas en numerosos puntos y las administraciones autonómicas han empezado a considerar los centros de datos como proyectos estratégicos.
Cataluña ofrece un buen ejemplo. La Generalitat ha identificado 26 proyectos de centros de datos que, si se desarrollasen en su totalidad, sumarían más de 2.000 MW de potencia. No todos llegarán a construirse y probablemente los proyectos con mayor grado de madurez representarían entre 300 y 500 MW durante la próxima década. Pero incluso este escenario moderado alteraría profundamente la planificación energética catalana.
Un funcionamiento medio equivalente al 70% de su potencia supondría un consumo anual de unos 1,8 TWh para 300 MW y de algo más de 3 TWh para 500 MW. Si los 2.000 MW anunciados llegasen algún día a materializarse, su demanda podría alcanzar los 12,3 TWh anuales; funcionando permanentemente a plena carga, llegarían hasta 17,5 TWh. No son cantidades marginales. Cataluña consumió en 2025 alrededor de 43 TWh de electricidad y produjo aproximadamente 9 TWh mediante fuentes renovables. Los centros de datos podrían añadir, por sí solos, entre un 4% y un 40% de la demanda eléctrica actual, dependiendo del escenario finalmente realizado. La pregunta elemental es, por tanto, de dónde saldrá esa electricidad.
El decreto responde que deberá proceder de nuevas instalaciones renovables. Pero no basta con firmar un contrato de compra de energía o instalar una cantidad equivalente de placas solares. Los centros de datos funcionan las veinticuatro horas del día, mientras que el sol no sale de noche y el viento no sopla cuando lo establece una norma administrativa. Exigir una correspondencia horaria del 80% obliga a combinar generación solar, eólica, almacenamiento, respaldo gestionable y contratos extraordinariamente complejos.
Desde el punto de vista del sistema eléctrico, la idea tiene lógica: evita que una empresa se declare renovable porque compra durante el año tanta energía verde como consume, aunque en las horas críticas dependa del gas o de otras fuentes. Pero aplicada con semejante rigidez, y sin un periodo de adaptación suficiente, puede convertir una buena intención ambiental en una barrera casi imposible de cumplir.
La obligación tampoco resuelve dónde se instalarán las nuevas plantas, cómo llegará la electricidad hasta los centros de datos ni quién construirá las líneas y subestaciones necesarias. La energía puede contratarse en cualquier lugar del sistema peninsular, pero los electrones necesitan redes reales. Y las redes no se crean mediante certificados renovables.
Cataluña sigue esperando la aprobación del PLATER, el plan territorial que debe ordenar la implantación de energías renovables y sus infraestructuras asociadas. Su tramitación acumula retrasos y difícilmente estará plenamente aprobado antes de 2027. Mientras tanto, los proyectos eólicos y fotovoltaicos avanzan con lentitud, las líneas de transporte generan conflictos territoriales y la futura conexión de la MAT procedente de Aragón continúa siendo una pieza decisiva. A todo ello se añadirá el cierre previsto de las centrales nucleares catalanas, que hoy producen alrededor de la mitad de la electricidad generada en Cataluña.
La situación resulta paradójica. La Generalitat ha facilitado la tramitación de determinados centros de datos considerándolos proyectos empresariales estratégicos, pero no dispone todavía de la planificación energética y territorial capaz de sostenerlos. El Gobierno central, por su parte, establece ahora unas exigencias ambientales muy duras sin haberlas coordinado suficientemente con las comunidades autónomas, que son las que deben gestionar buena parte del territorio, las autorizaciones y los conflictos derivados de las nuevas infraestructuras.
La situación resulta paradójica. La Generalitat ha facilitado la tramitación de determinados centros de datos considerándolos proyectos empresariales estratégicos, pero no dispone todavía de la planificación energética y territorial capaz de sostenerlos
Ni el PNIEC español ni el PROENCAT catalán anticiparon adecuadamente la velocidad con que crecería la demanda asociada a la inteligencia artificial. No es extraño: fueron concebidos antes de la explosión de la IA generativa y de la carrera mundial por construir grandes infraestructuras digitales. Pero esta explicación no elimina el problema. Sus previsiones deben revisarse porque la nueva demanda de los CPD se suma a la electrificación del transporte, la industria, la climatización y la producción de hidrógeno o combustibles sintéticos. Todos los sectores quieren descarbonizarse utilizando una electricidad renovable que todavía no se produce en cantidad suficiente y que, además, necesita nuevas redes y sistemas de almacenamiento.
No se trata de elegir entre aceptar sin condiciones todos los centros de datos o cerrarles la puerta. Tampoco se trata de repetir que la digitalización es inevitable y que cualquier inversión tecnológica resulta automáticamente beneficiosa. Los CPD pueden aportar capacidad tecnológica, soberanía digital, investigación y determinadas actividades de alto valor añadido. Pero también pueden consumir enormes cantidades de electricidad y agua, ocupar capacidad de red y generar menos empleo directo del que sugieren las cifras globales de inversión.
Por ello habría que decidir qué centros de datos necesita realmente el país, dónde deben ubicarse, qué valor añadido aportarán y qué infraestructura energética pueden garantizar. No todos los proyectos merecen idéntica consideración. Tendría sentido priorizar aquellos vinculados a la investigación, los servicios públicos, la industria, la supercomputación o la autonomía tecnológica europea, y ser mucho más exigentes con las instalaciones que se limitan a aprovechar suelo, electricidad y ventajas fiscales para prestar servicios globales con escaso retorno territorial.
No todos los proyectos merecen idéntica consideración. Tendría sentido priorizar aquellos vinculados a la investigación, los servicios públicos, la industria, la supercomputación o la autonomía tecnológica europea
Regular era necesario. Exigir nuevas renovables también. Lo discutible es imponer una correspondencia horaria casi inmediata sin haber desarrollado antes las redes, el almacenamiento y la planificación territorial que permitirían cumplirla. Una transición energética seria no puede construirse mediante la acumulación de decretos sectoriales que compiten entre sí por los mismos megavatios.
El Gobierno parece ahora dispuesto a revisar algunos aspectos del proyecto después de recibir más de un centenar de alegaciones. Bienvenido sea el diálogo, aunque habría sido más útil mantenerlo antes de presentar una norma que ha alarmado simultáneamente a empresas, comunidades autónomas y organizaciones ambientales.
El problema de fondo no es solamente energético. Es una determinada forma de gobernar las transformaciones tecnológicas: se anuncian inversiones antes de calcular sus consecuencias, se elaboran planes que pronto quedan desfasados y se intenta corregir después el desorden mediante regulaciones precipitadas. No se escucha ni se negocia suficientemente. Se planifica tarde y se regula más deprisa aún.
