Los organizadores defienden que, si bien es una medida impopular, ha servido para poner sobre la mesa el trabajo de los docentes. Los detractores sostienen, por su parte, que estas actividades son tiempos de ocio educativo al cual un grueso del alumnado no tiene acceso si no es a través de la escuela, por lo cual consideran que se tienen que mantener de manera irrenunciable.
El origen del conflicto
La movilización fue impulsada el curso pasado por la plataforma Paremos las salidas educativas, formada sobre todo por colectivos de profesores y personal de atención educativa (PAE): «Los docentes de los centros educativos de Cataluña abajo firmantes anunciamos que, a partir del curso 2026-2027, dejaremos de realizar salidas escolares y/o colonias (pernoctaciones) hasta que el Departamento de Educación implemente mejoras reales, estructurales y efectivas al sistema educativo público», explicaban en un manifiesto.
Las demandas
Las principales reivindicaciones tienen que ver con el hecho de que hay una responsabilidad penal y civil directa sobre el profesorado que acompaña al alumnado en estas salidas, además de que son horas extras no reconocidas ni remuneradas y hay una sobrecarga añadida a una jornada laboral ya saturada de tareas administrativas.
El Departamento
Ante esta polémica, el Departamento de Educación y Formación Profesional ha anunciado que complementará con 50 euros por noche a los docentes que vayan de colonias, con un máximo de dos profesionales por grupo, una medida que hoy por hoy no ha solucionado el boicot a las colonias.
Las familias
Las familias han mostrado su preocupación por el impacto que tiene en los niños y jóvenes: por un lado, hay una pérdida de socialización y, por otro, la peor parte se la lleva el alumnado más vulnerable precisamente en un contexto de alta pobreza infantil en Cataluña.
Así, la federación Asociaciones Federadas de Familias de Alumnas de Cataluña (aFFaC) sostiene que las colonias no pueden depender de la capacidad económica de las familias ni de la capacidad organizativa de las Asociaciones de Familias de Alumnas (AFA), sino que tienen que estar garantizadas y financiadas por el Departamento. En caso contrario, asegura, aumentan las desigualdades entre alumnado y centros.
El sector
Son muchas las entidades y empresas que prestan servicios en el ámbito educativo que alertan de una caída de las reservas sin precedentes. Es el caso de la Asociación Catalana de Empresas del Ocio, la Educación y la Cultura (Acellec), Fundesplai o la Fundación Pere Tarrés, que han sufrido descensos de hasta el 80% y que hablan de pérdidas de puestos de trabajo que pueden llegar al millar de personas.
Los derechos
El Síndic de Greuges también se ha pronunciado sobre la controversia. La síndica Esther Giménez-Salinas considera que estas actividades están íntimamente relacionadas con el derecho de la educación y se opone a que las colonias y las excursiones se suspendan como medida de presión o protesta en el conflicto laboral de los docentes.
También la Alianza Educación 360, que defiende la educación a tiempo completo, ha contribuido al debate, remarcando la larga tradición pedagógica y el amplio consenso sobre el valor educativo de las colonias. «Son experiencias educativas fuera del aula que mejoran y diversifican los aprendizajes», resume la directora, Maria Truñó, que también reclama más financiación pública para aumentar las oportunidades de todos los niños y adolescentes, y especialmente de los que no hacen ninguna actividad fuera de la escuela.
Un futuro incierto
Hoy por hoy, el futuro de las colonias y excursiones atraviesa una fuerte incertidumbre, y no está claro que esté en vías de resolverse. Hay que recordar que el boicot afecta exclusivamente a los centros públicos, mientras que los concertados y los privados están fuera de esta movilización y continúan programando sus salidas y colonias. Además, existe la la posibilidad de que sean las Asociaciones de Familias de Alumnos (AFA) las que organicen las actividades fuera del horario lectivo.
El debate se encuentra en un contexto más amplio en el cual parte del profesorado exige mejoras estructurales de fondo, como menos alumnos por aula, más personal de apoyo por la escuela inclusiva, una buena climatización de los centros y menos tareas burocráticas, unas peticiones que no son estrictamente económicas y que no están todas directamente asociadas a los viajes.
Sea como sea, el gran perjudicado de esta situación es, una vez más, el alumnado más vulnerable, cuyas familias no pueden permitirse este tipo de salidas por motivos económicos, de forma que los niños y jóvenes con menos posibilidades económicas pierden posibilidades de aprendizaje, ocio, socialización y convivencia.
