El 15 de septiembre de 2008 quebró el cuarto banco de Estados Unidos: Lehman Brothers. La caída del gigante financiero suponía el disparo de salida de lo que se ha denominado la gran crisis, que se arrastra en algunos lugares hasta nuestros días. Diez años más tarde el mundo es muy diferente de cómo era entonces. Ha habido muchos perdedores y algunos ganadores y la mayoría de los ciudadanos han dejado pelos en la gatera.
En 2018 la economía financiera sigue sin estar bajo control público, aunque la falta de mecanismos de supervisión provocó la crisis. La banca se ha centralizado y las entidades que han continuado funcionando son ahora más poderosas y menos reguladas. Ha desaparecido el sistema de cajas, lo que supone la extinción de una instancia financiera regional que podía reequilibrar situaciones de centralización. Lehman Brothers también se llevó una economía del bienestar y ha dejado una economía marcada por una visión financiera.
En el ámbito laboral han desaparecido derechos. Los salarios han perdido buena parte de su capacidad de compra, la precariedad ha dejado de ser excepción para ser norma. El trabajo con derechos pierde peso a manos de la discrecionalidad del empresario. Todo ello bajo una espada de Damocles que no se puede descuidar: si se habían adoptado políticas de austeridad para luchar contra el déficit y la deuda, los ciudadanos, al menos en España, debemos unos 17.000 euros más por persona de lo que debíamos hace 10 años.
El colapso financiero tuvo su origen en la quiebra del sector inmobiliario de Estados Unidos, que se encomendó al bancario y, desde allí, traspasó el Atlántico hasta llegar a Europa, explica Carles Manera, historiador y economista mallorquín, que fue consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Francesc Antich (2007-2011) y actualmente es presidente del Consejo Económico y Social de Baleares, desde julio de 2017.
Muy brevemente: bancos y equivalentes a cajas de ahorros de varios estados de Estados Unidos dieron cientos de miles de créditos hipotecarios a familias que no tenían capacidad de devolver estos préstamos. Para diluir el riesgo empaquetaron estos créditos junto con otros productos financieros que se comercializaron a otras entidades bancarias. Esta práctica en algunos casos estaba asegurada por grandes bancos como Lehman Brothers, que a su vez traspasaron los productos a bancos y empresas financieras del resto del mundo. Cuando las familias dejaron de pagar los créditos, la crisis escaló hasta las grandes entidades bancarias y Lehman Brothers vio cómo su cotización bajaba hasta entrar en bancarrota.
La contaminación financiera hizo que inmediatamente los bancos dejaran de prestarse dinero entre ellos ante la desconfianza que los préstamos no fueran devueltos.
«Las consecuencias de la caída de Lehman Brothers tuvieron un efecto diferente en Europa que en Estados Unidos», afirma el economista. La burbuja inmobiliaria afectó especialmente a algunos países del Sur de Europa: por ejemplo, España inició ese año 700.000 hogares, más que Francia Alemania e Italia juntas; así, los bancos españoles se habían hipotecado fuertemente con sus homólogos de Francia y Alemania, lo que dio al problema inmobiliario una dimensión continental.
La respuesta a la crisis, dice Manera, fue diferente en Estados Unidos que en Europa. La Reserva Federal estadounidense, el banco emisor de ese país, se enfrentó a la situación haciendo una política monetaria expansiva. Dicho de otro modo, inundó con dólares los mercados locales y también europeos, especialmente los bancos centrales. Así quería reavivar las economías ante la contracción del consumo provocada por la reacción ante la incertidumbre.
«Europa reaccionó diferente: la Comisión Europea siguió la senda marcada por Alemania, que instó a hacer una política de reducción drástica del déficit y de la deuda». Sin embargo, «la política de austeridad a ultranza no tuvo resultados positivos, especialmente en cuanto a la deuda», dice Manera. Efectivamente, España tenía una deuda al inicio de la crisis valorado en el 38% del Producto Interior Bruto (PIB), mientras que ahora, cuando muchas fuentes afirman que se ha salido de la crisis, la deuda española roza 100% del PIB y ha rebasado la cifra mítica del billón de euros.
«Al principio, hasta el año 2010, el gobierno español intentó hacer una cierta política keynesiana, que consiste en hacer obra pública, a veces de tipo local. Pero todo se detuvo en mayo de 2010 cuando a partir de las presiones internacionales, el gobierno decidió aplicar también directamente los recortes «, asegura Manera.
Más tarde, la respuesta de las administraciones españolas a la caída de ingresos tributarios fruto de la rebaja de salarios y del consumo fue aplicar una dura política de recortes, que lideró por su precocidad el gobierno de Cataluña encabezado por Artur Mas.
Europa siguió los próximos años con su política de austeridad, lo que frustró los intentos de reanimación de los años 2011 y 2012, mientras que Estados Unidos había superado la situación con sólo 8 0 9 meses de política expansionista decidida con rapidez.
¿Y la banca?
El comportamiento respecto a la banca es diferencial también en el mundo anglosajón y en España. La difícil situación de la banca en Estados Unidos y varias partes de Europa como Gran Bretaña y Holanda, se solucionó «con una ‘sovietización», dice Manera, es decir, los estados entraron en el capital de las entidades a las que salvaban económicamente. Una vez hecho este paso han salido recuperando el dinero que habían destinado. En cambio, en España el mecanismo usado ha sido la inyección económica sin tomar el control de la gestión.
«Uno de los efectos de la crisis de Lehman Brothers ha sido la práctica desaparición del sistema de cajas», explica Carles Manera. Aquí se hizo primero un mecanismo que se decía de fusiones frías. Consistía en unir varias entidades, reduciendo drásticamente la plantilla. «Pero estas operaciones que casi todas terminaron con el cierre de la entidad o su absorción por algún banco, también disminuyeron la capacidad de autonomía en la financiación de los territorios. A partir de entonces hay una mayor concentración bancaria: los bancos son mayores, sin que se aplique ninguna normativa que permita controlarlos, tampoco en los riesgos que asumen», indica el economista. Además, la disminución de agente limita la competencia y encarece el crédito a los pequeños consumidores.
Diez años después de la caída de Lehman Brothers y con los datos oficiales en la mano, los directivos de las empresas que cotizan en el Índice Ibex 35 de la bolsa española, «tienen unos salarios mucho más altos que antes de la crisis, mientras que el resto de la sociedad ha sufrido los recortes y la devaluación salarial «, afirma Manera. «Los bancos se han salido de rositas«, añade .
Condonación de la deuda
Uno de los problemas latentes que Manera ve y que años después no se ha solucionado es el que afecta a la elevadísima deuda que han contraído algunos países, entre ellos España. En este sentido el economista aboga por una solución radical: la condonación. «No es algo que no se haya hecho nunca. Sólo hay que recordar que el último caso en que se condonó la deuda afectó precisamente en Alemania, a la que se le perdonó todo lo que debía a causa de la primera guerra mundial y las compensaciones con las que fue castigada».
Una herencia clara de la derrota de Lehman Brothers fue también la adopción por parte de las élites del modelo conservador de relaciones laborales. Se rebajaron los salarios, se empeoraron las condiciones de trabajo, se disparó el paro y el mercado laboral se instaló, como a finales del siglo XIX, en la precariedad. «Todo esto cuando los datos económicos macro dicen que se han recuperado los beneficios, pero lo cierto es que esta mejora no llega al conjunto de la población, que goza de un menor bienestar respecto al que tenía hace diez años», afirma Manera .
Desconfianza, desigualdad, precariedad
Ricard Bellera, es secretario de Trabajo y Economía de CCOO de Cataluña. El sindicato hizo un estudio de los efectos de la crisis iniciada con el cierre de Lehman Brothers. El análisis se ha hecho desde el punto de vista de la economía que afecta directamente a las personas, más que desde una visión más macro.
«Creo que hay que analizar el fenómeno desde tres conceptos: desconfianza, desigualdad y precariedad». En el primer caso porque tras el cierre de Lehman Brothers se ha instalado la desconfianza de la gente respecto a las instituciones, lo que ha dado paso al populismo y al proteccionismo, «como respuesta a las políticas de austeridad, lo que ha facilitado la reaparición de la extrema derecha «, afirma.
La desigualdad ha crecido fruto de las transferencias que se han dado desde las rentas del trabajo hacia las rentas del capital, dice Bellera, insinuando una especie de bandolerismo que favorece a los más poderosos perjudicando a los que viven de su trabajo. Porque, especialmente en España, la deuda que habían contraído empresas privadas, como bancos o cajas, ha sido asumido por la administración, lo que hace que ahora seamos todos los ciudadanos los que debemos miles de millones y no los propietarios de los bancos, que fueron los que, con sus decisiones, ocasionaron los agujeros económicos en sus inversiones.
La precariedad es otra de las herencias fruto de la crisis de Lehman Brothers. Para recuperar la rentabilidad de las empresas, se pusieron en marcha políticas para abaratar los costes laborales. Esto hizo que se aplicaran dos reformas laborales para facilitar una devaluación interna que rebajara costes e hiciera más competitiva la producción. La disminución de salarios se sumó a la rebaja de los servicios públicos ocasionada por los recortes de gasto público decidida a partir de una visión neoliberal, explica Bellera.
El dirigente de CCOO recuerda que en España de todos los recortes de gasto público que se aplicaron para dar respuesta a la crisis económica, un tercio fue la que afectó Cataluña.
La opción que lideraron neoliberales en Europa, como Barroso o Trichet, provocó que, en tanto que no se podía devaluar la moneda, se hiciera una reducción drástica de salarios y condiciones de trabajo «, afirma el sindicalista. Esto se hizo especialmente a partir de la reforma laboral de 2012, que limitó drásticamente la posibilidad de la negociación colectiva. «También disparó la rotación en los puestos de trabajo. Hay que pensar que 58 de cada 100 contratos firmados tienen menos de una semana de duración «, dice Bellera. Como telón de fondo, en esta nueva situación marcada por la crisis, está la idea de facilitar la discrecionalidad del empresario, tanto a la hora de contratar, como de distribuir la jornada o fijar las condiciones de trabajo.
«Ahora hay quien dice que hemos conseguido recuperar las condiciones laborales que teníamos hace 10 años, pero lo cierto es que ni en salarios, ni en tasa de actividad, ni respecto del paro, estamos en situaciones similares a las de 2008 «, afirma Bellera.
Desde Comisiones ponen de relieve un hecho un poco espeluznante. Hace diez años la deuda pública, el dinero que al final deberían pagar los ciudadanos, era de cerca del PIB. Ahora se roza el 100% de la deuda pública, concretamente el 98,8%. La factura a pagar por los ciudadanos en materia de deuda pública en diez años se ha incrementado en más de 17.000 euros por persona. En caso de una unidad familiar de cuatro personas, se deberían pagar 70.000 euros, que han ido a sufragar rescates de bancos privados, dice el sindicato.
Lecciones no aprendidas
A pesar del fuerte bache causado por la crisis, Bellera y Modo coinciden en que no se ha aprendido de los errores que causaron el gran derrumbe. Así, no se ha mejorado ni incrementado el control sobre las inversiones de las grandes empresas financieras. «Se ha admitido casi por todo el mundo que los grandes bancos, que podrían poner en peligro el sistema económico, no se pueden tocar, mientras que sí se puede hacer con las pequeñas entidades, dice Bellera. Por eso el dirigente sindical considera que hay que poner la economía financiera al servicio de la economía productiva, de manera que se posibilite un crecimiento económico estable con sostenibilidad social y ambiental.
En segundo lugar, para evitar un rebrote de una crisis financiera sería necesario «recuperar la centralidad del trabajo y asegurar el ejercicio de sus derechos», dice Bellera. Por este sindicalista, el trabajo debe seguir siendo el principal instrumento de redistribución de la riqueza y la principal garantía para luchar contra la desigualdad.
Y para recuperar el gasto social, en sanidad, educación o servicios a las personas, CCOO reclama la necesidad de poner en marcha la llamada tasa Tobin, que grabaría las transacciones financieras. Con este dinero se financiarían servicios sociales.
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