El 15 de octubres se cumple un año de la sentencia del Procés y de las protestas que generó. Los líderes independentistas siguen en prisión y se multiplican los esfuerzos para encontrar una salida que les permita recuperar la libertad. Jaume Asens, diputado de En Comú Podem y Presidente del grupo de Unidas Podemos en el Congreso, tiene un papel clave en estas gestiones. Con una larga trayectoria como abogado, es una de las voces más fundamentadas a la hora de valorar los numerosos conflictos legales que nacen de decisiones judiciales o de los procedimientos policiales. Hablamos con él de las investigaciones a Pablo Iglesias por el llamado Caso Dina, hasta la absolución de Tamara Carrasco, pasando por el pulso que el Gobierno mantiene con el Poder Judicial o el papel de la Monarquía.
El magistrado García-Castellón solicita que se investigue al vicepresidente Iglesias por denuncia falsa, encubrimiento, revelación de secretos y delitos de daños informáticos por el conocido como Caso Dina. ¿Qué valoración hace del caso?
Creo que hemos pasado del escándalo al esperpento y se ha producido algo muy extraño que es que alguien que era víctima de una operación de espionaje por parte de las cloacas policiales ahora mismo se presente como un culpable de un caso donde él es la víctima del espionaje. Es surrealista que suceda una semana después de que la Sala Penal de la Audiencia Nacional corrigiera la decisión del juez instructor y le diera un auténtico rapapolvo, diciéndole que tenía que devolverle la condición de perjudicado. Una semana después, que el juez desacate la decisión de su superior jerárquico sin escuchar ninguna de las partes (ni siquiera el fiscal, que es quien tiene la función de acusar) i plantee la posibilidad de que el vicepresidente Iglesias puede tener ninguna responsabilidad en los hechos de los que ha sido víctima es surrealista.
¿Pero como se ha llegado hasta aquí?
Hay que pensar en toda la secuencia completa de los hechos para entender la dimensión de lo que está sucediendo. Esto tiene que ver con el móvil robado a su asistenta, Dina Bousselham. El contenido del móvil lo tenía Villarejo en su ordenador, tal como sale en el registro que hicieron en su domicilio. Villarejo se reunía con Eduardo Inda varias veces; Inda tiene el contenido de este móvil tres días después de que se produzca el robo; Inda publica esto después de las elecciones para frustrar las negociaciones del gobierno de coalición. Es evidente que hay una conexión entre las cloacas policiales, Villarejo, policía patriótica y, digamos, las cloacas mediáticas que tienen como máxima referencia a OKdiario, que en el pasado ha publicado otras cosas de la UDEF, como por ejemplo las cuentas falsas los líderes independentistas (que también publicó El Mundo), etc. El juez instructor ahora dice que esta conexión es una invención de Podemos, como si todo lo que hubiéramos estado escuchando este tiempo de la operación Kitchen, del informe llamado PISA (acrónimo de Pablo Iglesias Sociedad Anónima, nombre puesto por las cloacas del Estado), las cuentas falsas de los independentistas, las grabaciones de Ferndández Díaz, Cospedal… todo esto no existiera. Y viene a plantear que esto es un relato ficticio de Podemos para sacar rédito electoral. Esta es la tesis que sostiene el juez, pero no debemos olvidar de donde venimos.
¿De dónde venimos?
El problema es que no se está investigando la dirección adjunta operativa de la Policía Nacional, que es donde Villarejo remite esta información. Este material aparece en el informe Pisa contra Podemos. Todo esto no se está investigando, no se está citando a los miembros de la cúpula de Interior, ni el director de la dirección adjunta en esta pieza, pero en cambio a quien se investiga es la víctima. Todos los esfuerzos judiciales de estos tiempos van en dirección a investigar la víctima y convertir el caso Villarejo en el caso Dina. El juez lo retuerce para acabar convirtiendo a la víctima en victimario: Las personas que denunciaron una investigación política, un espionaje y un uso de información o de revelación de secretos personales. Esta es la explicación del caso.
¿Entiendo que queda claro que adjudica este giro del magistrado como una operación de las cloacas del estado para perjudicar a Pablo Iglesias y lo que pueda significar Unidas Podemos?
Todo el mundo sabe cómo llegó a la plaza que ocupa el juez instructor del caso. Sale en las conversaciones entre Ignacio González y Eduardo Zaplana, donde dejan claro que quieren que este juez en lugar del anterior porque les resultaba incómodo a los intereses del Partido popular. Este juez en la época de Aznar se le había dado un lugar de lujo como juez de enlace en el extranjero y todo el mundo conoce sus ideas conservadoras y como se ha comportado el brazo judicial de la derecha en este tiempo. Entonces pienso que las sospechas sobre el sesgo ideológico del juez son grandes.
UP lleva en el código interno que si uno de los cargos electos obtiene la condición de investigado/imputado debería dimitir. ¿Qué tendría qué pasar si el Supremo acepta esta causa? ¿Qué debería hacer Pablo Iglesias?
A nosotros nos resulta inconcebible este escenario ahora mismo. No pensamos que sea un escenario verosímil. Sería de una gran ilegitimidad democrática intentar derribar a un gobierno de coalición a través de una imputación que aún no se ha producido, a diferencia de lo que el alcalde de Madrid y otros dirigentes del PP han hecho creer. Ahora simplemente hay una resolución por parte del juez instructor donde plantea esta posibilidad a quien lo debería hacer, que es la Sala Segunda del Supremo, dirigida por el magistrado Marchena. Estamos en un escenario en el que no es oportuno hacer conjeturas sobre los escenarios futuros, y a partir de cual sea la decisión pues analizarlo debidamente.
El presidente Sánchez anunciaba que el Gobierno impulsará un incremento del 30% del techo de deuda y que el presupuesto de este año será un 53% más elevado que el del año anterior. ¿Existe un consenso generalizado en Europa para salir de la crisis, esta vez a través de un fuerte endeudamiento y de políticas económicas expansivas?
Sí. Creo que Europa va en la misma dirección que el Gobierno de coalición. Hay un sentido común de época que señala la necesidad de salir de esta crisis en la dirección contraria de cómo se salió de la recesión del 2008. Estamos en un momento donde hace falta una fuerte inversión pública, un momento keynesiano donde faltan políticas de new deal, porque la crisis económica que sufre ahora mismo España no es muy diferente de la crisis económica de después de la Segunda Guerra Mundial, y esto requiere un esfuerzo titánico para hacer políticas de estímulo por parte de las administraciones públicas. Por eso los presupuestos que se plantean son presupuestos muy ambiciosos, los más expansivos de los últimos treinta años. El hecho de que ahora se hayan suspendido las reglas de gasto para los próximos dos años indica el camino por donde irán los presupuestos. Creo que todas las administraciones deben poder liberarse del corsé financiero que teníamos hasta ahora con las políticas austericidas y deben poder no sólo utilizar sus ahorros, como es el caso de los ayuntamientos, sino también endeudarse a través de poder ejecutar todas las partidas económicas que vendrán de Europa, que serán muy elevadas.
Por eso le quería preguntar, porque también existe el temor de que parte del dinero que vienen de la UE vía fondo de transferencias o ayudas directas vayan a los bancos y no a la ciudadanía. De hecho, la Comisión Europea (CE) reconocía, el mes de Junio, que las millonarias ayudas para la COVID-19 que España reparte a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) “puedan constituir una ventaja indirecta” por los bancos. ¿Es ésta una preocupación legítima?
Sí, creo que es una preocupación legítima. A nosotros nos preocupa que pueda ser así y creo que hay que estar al acecho, hay que ser muy cuidadosos y estar muy atentos para que no puedan ser beneficiados de esta operación quienes han sido responsables de las anteriores crisis. Por lo tanto, creo que aquí los movimientos sociales y la sociedad civil organizada tiene que hacer un papel de vigilancia y crítica que es imprescindible en una democracia.
¿Qué opinión le merece el conjunto de propuestas de rentas incondicionales alrededor de la Renta Básica Universal y qué recorrido crees que pueden tener en un futuro estado del bienestar?
Creo que esto forma parte de uno de nuestros elementos identitarios que formaba parte de nuestro programa electoral …
Pero se quitó el 2014. Ese año fue el único año en que Podemos lo llevó en el programa, después lo retiró …
Sí, pero antes iba.
Sí.
Sí, sí, es verdad. Pero en todo caso sí que tiene que ver con nuestro ideario político y con la necesidad de instaurar un derecho de toda la ciudadanía no condicionado a la supervivencia, a poder tener la nevera llena. Estamos en un momento de crisis donde hay muchísima gente que no tiene ningún ingreso, y creo que es un avance importante, que evidentemente es insuficiente, y que puede ser objeto de críticas legítimas, sobre todo las que tienen que ver con las dificultades del hecho que la máquina vaya al mismo ritmo que la realidad. En este sentido, nosotros hemos intentado presionar al ministerio competente para resolver lo antes posible estas disfunciones, pero creo que lo que nadie puede negar es que hay un antes y un después y que es una prestación que puede salvar la subsistencia de miles de personas que están en situación de vulnerabilidad. Más allá de las dificultades que tiene poner a punto una maquinaria que no estaba preparada para hacer activo este derecho, es un antes y un después.
Como bien sabe, desde hace un par de semanas existe una Ley autonómica catalana que permite regular los precios de los alquileres. Jaime Palomera, portavoz del Sindicato de Inquilinos, afirmaba en una entrevista en Catalunya Plural que, hoy por hoy, el escenario más probable a nivel estatal no es que esta ley sea tumbada por el TC sino que los nuevos derechos alcanzados en Catalunya sean ensanchados en el ámbito estatal, o bien que las competencias sobre este tema sean traspasadas a las CCAA. ¿Será así?
No sé si es más o menos próximo, pero nosotros coincidimos con el Sindicato con la necesidad de regular los precios del alquiler. Evidentemente es uno de los temas que hemos hecho bandera desde el ayuntamiento de Barcelona porque a quien beneficiaría más sería a los vecinos y vecinas de Barcelona, más que seguramente a ninguna otra ciudad del Estado. Ha sido una de nuestras banderas y esperamos que este recurso que seguramente se planteará por 50 diputados de la derecha no salga adelante, pero también debemos tener en cuenta que es el TC y por quien está compuesto, por una mayoría conservadora.
¿Entonces no puede confirmar ni desmentir que se está trabajando en esta dirección en el Ejecutivo?
Yo lo que puedo confirmar es que desde que nació, tanto en el ayuntamiento de Barcelona, como desde Catalunya en Común, nuestros ministros y diputados… es uno de los elementos claves, que por eso aparece en el acuerdo de Gobierno con el partido socialista, y es cierto que aquí tenemos una diferencia con ellos. Nosotros aspiramos a convencer al PSOE de la necesidad de hacer este cambio legislativo.
Tamara Carrasco, miembro de los CDR que fue acusada por la audiencia Nacional de rebelión y terrorismo ha sido absuelta de cargos y, además, la juez que dictaminó sentencia desacreditó el informe de la Guardia Civil por ser «poco serio». ¿Qué opinión te merece el caso? ¿Considera que puede sentar un precedente respecto del tratamiento legal que desde hace unos años se le está dando a causas vinculadas con el proceso independentista?
No es el primer caso, hay muchos precedentes anteriores. Esto forma parte de los errores de ciertos sectores del independentismo: El hecho de pensar que todo empieza con ellos, y que la represión comienza con el independentismo. Personas como yo, que hemos dedicado toda la vida personal y laboral a luchar contra la lucha antirrepresiva sentimos la obligación moral de recordar que esto viene de lejos y que antes del independentismo han perseguido otros colectivos como el anarquismo o el 15-M, donde muchos de los que ahora se indignan antes miraban para otro lado o incluso participaban activamente de la represión. Recuerdo que Quim Torra, que luego fue President, cuando se produjo la protesta ante el Parlamento de Cataluña, comparó a los activistas del 15-M con un golpe de Estado, y hablaba de ellos como unos piojosos que nos quieren llevar al cuarto mundo. Utilizó un calificativo criminalizador. Creo que a la gente que llevamos toda la vida, más de treinta años, dedicados a ello, en un contexto en el que muchas veces predicábamos en el desierto, nadie nos puede dar lecciones, y menos los partidos políticos que han participado activamente de la represión.
Antes del independentismo han perseguido otros colectivos como el anarquismo o el 15M, donde muchos de los que ahora se indignan antes miraban para otro lado
¿Pero el caso de Tamara Carrasco es un paso más?
Dicho esto, el caso de Tamara Carrasco pone en evidencia la falta de filtrado de muchos jueces de los informes policiales. Como dan carta de naturaleza a informes policiales donde hay simples opiniones subjetivas y los convierten en acusaciones sin un mínimo análisis crítico. Esto tiene que ver con los llamados ‘Informes de Inteligencia Policiales’ que en los últimos años se han utilizado contra el islamismo, el anarquismo, contra presuntos delitos económicos (Sandro Rossell), otros casos, y finalmente contra el independentismo. Los informes de inteligencia policial, que también se utilizaron en la guerra contra el mundo abertzale, tienen este peligro: presentarse como un informe pericial cuando son sólo opiniones de agentes de policía.
Y luego intervienen algunos medios de comunicación
Sí. Después de que los informes sean asumidos de forma crítica por los jueces, se crea un linchamiento mediático a la persona que es acusada, lo que le genera unos graves perjuicios morales. En este caso, Tamara Casrrasco ha tenido que estar mucho tiempo sin poder salir de Viladecans y bajo una acusación de terrorismo, y aquí ha participado muy activamente la derecha. Recuerdo las acusaciones de Arrimadas y de Rivera que hablaban de «comandos separatistas violentos» y donde asociaban a Tamara al terrorismo. ¿Pedirán disculpas? ¿Alguien reparará los daños sufridos por esa persona, que ha estado dos años en un proceso donde ha quedado ya manchada como terrorista y que parecía un caso gravísimo que se ha convertido en nada? Creo que en el pasado ya se han producido muchos de estos casos, no sólo en el independentismo y que esto debería servir como antídoto ante estos linchamientos políticos y mediáticos. Nos debe hacer reflexionar sobre cómo operan ciertos medios de comunicación en consonancia con la fiscalía y la policía a la hora de destruir la vida de personas que luego se demuestra que eran inocentes.
El caso de la Tamara pone en evidencia la falta de filtrado de muchos jueces de los informes policiales
Una de las luchas que se están llevando a cabo tienen que ver con la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un órgano que lleva 21 meses en funciones y que ha sido criticado recientemente por un informe de la Comunidad Europea precisamente porque ha continuado con sus funciones, por ejemplo, nombrando nuevos cargos por el Tribunal Supremo. El ejecutivo PSOE-UP ya ha manifestado la voluntad de solucionarlo, pero ¿qué opciones reales hay si se requiere las 3/5 partes por su renovación y PP y VOX lo bloquean sistemáticamente?
Lo que está pasando con el CGPJ es muy grave porque tiene que ver con el secuestro del poder de los jueces por parte del PP y con un Consejo que, a pesar de tener el mandato caducado, ha seguido nombrando jueces, como el juez Urtado, quien defendió la absolución en el Caso Gürtel, el que dio la libertad a la mujer de Luis Bárcenas, condenada a 15 a prisión. Esto forma parte, en opinión de mucha gente, del pacto de silencio que Bárcenas selló con el PP tras la visita del abogado del partido en prisión y que él denunció. Poner el mismo juez que se negó a que Rajoy declarara en la Sala Segunda, que es la que debe resolver el recurso contra la condena del caso Gürtel y de todos los casos de corrupción, creo que es una prueba evidente de que el Partido Popular intenta comprar el árbitro. Yo hago un símil para que la gente lo entienda: el PP aquí actúa como si el Madrid quisiera poner a Florentino Pérez como árbitro de la final de la Champions. Estamos hablando de eso, de una subversión del orden constitucional.
¿Pero, tiene solución?
Ahora, sí se puede solucionar. Las 3/5 partes son necesarias para reformar la Constitución, pero no para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial. La Constitución blinda el nombramiento de 8 magistrados, pero no de los 12 restantes. Esto está regulado en la Ley orgánica del poder judicial y por eso la mayoría del bloque de la investidura, que ya hizo un comunicado conjunto, sería suficiente para modificarla donde se establecieran otras reglas para la elección de los magistrados y también estableciera – y esto es lo más importante – que un CGPJ que está en funciones no puede actuar como un gobierno investido con legitimidad democrática. Un gobierno en funciones del ejecutivo no puede aprobar presupuestos, no puede aprobar leyes porque está en una situación de interinidad. Por lo tanto, no puede ser que el gobierno de los jueces siga actuando como si se hubiera renovado.
Lo que está pasando con el CGPJ es muy grave porque tiene que ver con el secuestro del poder de los jueces por parte del PP
Parece que el Partir Popular se resistirá todo lo que pueda…
Que el PP plantee que quiere desobedecer el mandato de la Constitución porque está UP en el Gobierno es como si Pedro Sánchez dijera que no convoca elecciones hasta que el PP no rompa con Vox. Todo el mundo entendería que esto es un golpe anticonstitucional a la democracia, donde se alteraría el normal funcionamiento de las instituciones, ya que estamos en el mismo supuesto con el gobierno de los jueces. Y termino: este bloqueo tiene dos objetivos; perseguir a los adversarios políticos como ha ocurrido en el pasado y se ha visto con el tema de las cloacas policiales, que tienen que ver con la supervivencia como partido del PP y la impunidad de sus crímenes, vinculados a la corrupción. Por eso, para ellos resulta clave controlar la Sala Segunda del Supremo (donde hay 11 de los 13 magistrados que son de mayoría conservadora) porque es por donde pasan los casos más importantes de corrupción, como la Púnica, Gurtel o Kichen.
¿Podemos esperar esta reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en los próximos meses, pues?
Sí, hay una voluntad por parte del Gobierno de llevar a cabo esta reforma y también por parte de los partidos que sostuvieron la investidura, e incluso más, porque JxCAT participó del comunicado conjunto donde se denunciaba principalmente que no era un conflicto entre el poder ejecutivo y el poder judicial, sino que el conflicto era entre el poder legislativo en el congreso y el poder judicial, la cúpula del poder judicial, que estaba secuestrada por el PP. Por lo tanto, para centrar el tema, no es una cuestión del gobierno de coalición contra la cúpula judicial controlada por el PP, es un conflicto entre el Congreso, que es quien tiene la facultad para nombrar a los vocales del poder judicial que a su vez son los que nombran la cúpula del poder judicial, y el PP, que ha sido sustraído esta facultad con su negativa a participar de la renovación.
Uno de los otros temas calientes es la posibilidad de que se otorgue un indulto a los presos independentistas. ¿En qué dirección se está trabajado? ¿Qué posibilidad real hay que esto se solucione de alguna manera, sea vía indulto o vía reforma los delitos de sedición y rebelión antes de las elecciones catalanas del 14 de febrero?
Nosotros siempre hemos dicho que cualquier propuesta de desjudicialización del conflicto catalán pasa, inevitablemente, por conseguir la libertad de los presos, y había varias fórmulas sobre la mesa que nosotros siempre hemos defendido. Una ha sido la reforma o derogación del delito de sedición y la otra el indulto, y no nos hemos opuesto tampoco a la Ley de Amnistía, pero creo que ahora es una ley destinada al fracaso. Por lo tanto, hay estas dos vías, que no son excluyentes como se ha querido hacer ver por parte de algunos, sino que pueden ser complementarias. Ambas son idóneas. La reforma del delito de sedición no sólo debe servir a este objetivo concreto, sino que va mucho más allá de la situación de los represaliados independentistas. Se trata de blindar un derecho de manifestación, sea quien sea quien lo ejerza. Ahora mismo, mantener el delito, tal como ha sido interpretado por el Supremo es una amenaza grave al derecho de manifestación. Por lo tanto, no es sólo resolver una situación de injusticia que ha pasado, sino evitar que se vuelva a producir en el futuro. Porque si hubiera una amnistía o un indulto, ambos son medidas que miran hacia el pasado, pero el delito seguiría existiendo y se podría volver a producir una situación de injusticia en el futuro.
¿Y el indulto?
El indulto, pienso que si está concebido para algún supuesto es este, ya que es una figura que permite al Ejecutivo en determinadas situaciones de injusticia, templar o moderar el rigor punitivo de una condena y en este caso nosotros estamos satisfechos que el PSOE se haya movido. Creo que esto tiene que ver con nuestra acción política. El hecho de que el PSOE esté en estas posiciones no es como se ha dicho por parte de la derecha un pacto oculto entre el Gobierno y las fuerzas independentistas, porque éstas no están por estas medidas, sino que es un acuerdo entre el PSOE y nosotros porque los socialistas en su día decían que esta sentencia era una sentencia justa, equilibrada, ponderada – hablaban de las bondades de la sentencia – y ahora en cambio plantean la posibilidad de que el delito por el que se condenó sea revisado o derogado. El PSOE plantea la posibilidad de un indulto cuando antes lo descartaba. No puede ser que haya una condena por los líderes independentistas que sea más alta en términos de prisión que para casos de muertes o de violación. Es de sentido común que es desproporcionada.
¿Y qué calendario podemos prever?
El calendario no depende del gobierno de coalición solamente. Ahora mismo se han recabado los informes preceptivos, que no son vinculantes, al Tribunal Supremo y la Fiscalía. Nosotros personalmente ya hemos dicho que Fiscalía debería abstenerse de hacer estos informes después de que el teniente fiscal Luis Navajas denunciara que había sufrido presiones por parte de los fiscales Consuelo Madrigal y Fidel Cadena. Pero en todo caso estamos a la espera de estos informes. Cuando estén hechos (y también los informes de los centros penitenciarios catalanes) entonces estará sobre la mesa del Consejo de Ministros. Esto seguramente son de cuatro a seis meses. Pero no podemos establecer un calendario seguro. Sobre la reforma, una vez se haya aprobado el anteproyecto en el Consejo de Ministros, entonces pueden ser muy pocos meses. No sé qué llegará antes.
Dice que hay un acuerdo con el PSOE: ¿se ha comprometido con UP a que, exactamente?
Pues el PSOE se ha comprometido a actualizar el Código Penal en lo que hace referencia a adaptarse a los códigos europeos. Aún no tenemos un texto consensuado, estamos en fase de debate interno. Nosotros tenemos una propuesta que es pública, pero el PSOE todavía no nos ha dicho si la acepta en sus propios términos o si quiere hacer enmiendas o cuál es la suya, pero sí que nos hemos puesto de acuerdo en la intención de reformar el delito. Con relación al indulto debemos esperar todos estos informes, pero nosotros tenemos una posición ya. El PSOE no lo ha manifestado públicamente, pero no se niega a hablar de indultos y contemplar que estos sean concedidos. Evidentemente, si bien nosotros hemos manifestado que sean concedidos, ellos quieren esperar a los informes y estudiar el caso y pronunciarse. Nosotros consideramos que ya hay elementos suficientes para tener una opinión informada y por eso ya lo hemos manifestado desde el momento en que salió la sentencia.
El lunes se publicó la encuesta realizada por la Plataforma de Medios Independientes – dentro de la cual se encuentra Catalunya Plural – que mostró, entre otros datos, que en un hipotético referéndum entre monarquía y república en el estado español, la república ganaría por un estrecho margen. ¿Qué cree que debería de pasar, a partir de ahora?
Lo que debería de pasar, en primer lugar, es que el CIS tome ejemplo de la iniciativa de estos medios independientes e incorpore una pregunta que, a todas luces, es evidente que tiene interés social y preocupa a la ciudadanía. Y lo segundo que debería pasar es que todas las iniciativas destinadas a fiscalizar la casa real e investigar los presuntos delitos de la monarquía pudieran salir adelante. El PSOE, de momento, ha bloqueado todas nuestras propuestas. Creo que nuestro trabajo es persistir, y ser muy pedagógicos con nuestros socios de Gobierno hasta que se sumen a lo que para nosotros es de sentido común. La mejor encuesta sería un referéndum, que estoy convencido que acabará llegando, pero antes necesitamos ser más.
¿El CIS debería preguntar por la monarquía?
El CIS deja de preguntar en el momento en que la monarquía empieza a suspender. Después de los casos de corrupción con la abdicación del rey emérito, en ese momento el regalo que le hace el PP a Felipe VI en su coronación fue sacar la pregunta del CIS. De hecho, fue Felipe González quien comenzó preguntar al CIS sobre la monarquía como una institución más. Fue el PP quien lo sacó en medio de los casos de corrupción. Tezanos utiliza como argumento que esto no es de interés de la ciudadanía, però estamos en un momento de crisis de legitimidad y en un contexto de fuga del rey emérito. Evidentemente, la ciudadanía quiere saber qué es lo que ha pasado. Por lo tanto, sí, es una cuestión de higiene democrática que se recupere esta pregunta.
La crisis de la monarquía entronca con la crisis del poder judicial – y, si cabe, con una crisis económica por la COVID y de modelo productivo, en el sentido de que se están poniendo de manifiesto las carencias de un modelo basado en el ladrillo y el turismo. ¿Considera que estamos en un momento histórico que UP definía en sus inicios como «crisis de régimen»?
Creo que en el momento en que nació UP sí había una crisis de régimen, tenía que ver con el momento de contestación del 15-M y en Catalunya, con todo el movimiento soberanista, y se abrió una ventana de oportunidad donde en un momento dado las encuestas le daban la victoria a escala estatal a Podemos. Este escenario ha pasado. Ahora ha habido una cierta descomposición del régimen, no en la forma que conocíamos antes, una reforma imperfecta, porque ahora parece que han venido para quedarse las fórmulas de coalición y no habrá gobiernos de partido único. El bipartidismo no ha recuperado la estabilidad que tenía antes y por lo tanto es un contexto diferente, pero no sé si me atrevería de calificar el momento histórico como crisis de régimen, aunque sí es cierto que es un momento en el que se definirá la dirección política de los años que vienen y que estamos en un cruce donde esta crisis se puede afrontar en clave reaccionaria o conservadora, y alrededor de una recomposición de las fuerzas donde el Gobierno de coalición se rompa o el PSOE acabe mirando a la derecha como ha intentado hacer desde 2015, o estamos ante una oportunidad de dar una salida a las crisis en clave de derechos, progresista y democrática.
Aparte de la crisis institucional y política, tenemos la emergencia económica.
Planteas el tema del modelo económico y creo que una de las lecciones de este verano es que no podemos volver al modelo del ladrillo y del turismo como monocultivo económico y que se debe diversificar la economía y hacer una apuesta más valiente y clara por la economía productiva y no especulativa, donde el eje verde sea uno de los ejes principales de orientación. Creo que en los próximos meses se juega de manera determinante si la crisis se supera con las claves que estamos poniendo sobre la mesa, en la dirección opuesta a la crisis de 2008, o si por el contrario volvemos a un revival del pasado donde se impongan políticas austericidas, aunque de momento parece que está ganando la tesis que sostiene el gobierno de coalición, que está en sintonía con el sentido común de época que se ha impuesto en Europa. Por eso la derecha reacciona como reacciona, intentando ganar en los tribunales lo que han perdido en las urnas.
2026 Catalunya Plural.