El Estado español ha dado el paso más grande, hasta el momento, en el camino hacia el reconocimiento del derecho a la muerte digna. La cámara baja ha aprobado la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE), que reconoce y financia públicamente la prestación, dentro del sistema nacional de salud, a la eutanasia activa y el suicidio asistido. La norma, que va camino del Senado donde también se aprobará, convierte a España en el sexto Estado del mundo con la eutanasia despenalizada y regulada en todo su territorio.
La ley, aprobada con 198 votos favorables, dos abstenciones i 138 votos negativos de PP, Vox y UPN, pone como condiciones para recibir la eutanasia ser ciudadano español o haber vivido durante un año y «capaz y consciente «en el momento de la solicitud.
Los supuestos en los que un ciudadano puede acogerse a la eutanasia activa o al suicidio asistido son «sufrir una enfermedad grave incurable» o «un sufrimiento grave, crónico e imposibilitante». En ambos casos, hay que solicitar la prestación de ayuda a morir por escrito. Un médico, después de verificar que se cumplen los requisitos necesarios, realizará con el paciente «un proceso deliberativo sobre su diagnóstico, posibilidades terapéuticas y resultados esperables, así como posibles cuidados paliativos».
Tras una segunda solicitud por escrito, habrá una segunda deliberación que, tras veinticuatro horas, culminará con la decisión final del paciente. En caso afirmativo, el médico principal deberá presentar el caso a otro colega, que también deberá validar las condiciones. Todavía, antes de recibir la eutanasia una «comisión de garantía y evaluación» recibirá el caso en un máximo de tres días y tendrá una semana más para dar su resolución.
«Nuestra vida es nuestra; no es de Dios ni del Estado»
No obstante, en los casos en los que el paciente «no se encuentre en pleno uso de sus facultades», no será necesario expresar la voluntad por escrito en el momento actual. Bastará con que, con anterioridad, hubiera suscrito un documento con instrucciones para estos casos, como un testamento vital o unas voluntades anticipadas. La persona representante nombrada en el documento «será el interlocutor válido para el médico responsable», prevé en el texto legal.
«Estamos muy contentos, llevamos desde el 1984 luchando para esto», asegura Isabel Alonso, presidenta de la asociación Dret a Morir Dignament (DMD). Aunque con algunos matices como la comisión de control previo, Alonso se muestra muy satisfecha y alegre por la victoria social. «Hay personas que viven situaciones desesperantes. La ley les permitirá vivirlas con un poco menos de dolor y con más sensación de control sobre su propia vida y sus deseos», argumenta.
La ley entrará en vigor tres meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), con toda probabilidad en las primeras semanas de la primavera de 2021. El texto concuerda, mayoritariamente, con la voluntad de la asociación Dret a Morir Dignament: «Si una persona considera que su vida no tiene la dignidad necesaria para ser vivida, debe tener la posibilidad de elegir», dice Alonso. «Nuestra vida es nuestra; no es de Dios ni del Estado. Por lo tanto, nosotros podemos decidir», sentencia.
Eutanasia activa, pasiva y suicidio asistido
La eutanasia activa y el suicidio asistido son dos conceptos similares, pero con un matiz importante que los diferencia. El primer procedimiento es «la actuación médica con el objetivo de causar la muerte, de manera rápida e indolora, a un paciente con un sufrimiento insoportable, provocado por una enfermedad incurable y en fase irreversible, a petición expresa, reiterada e informada del paciente «, explica el doctor José Mª Busquets Font, responsable de Bioética del Departament de Salut de la Generalitat.
En cambio, en el caso del suicidio asistido la tarea del personal sanitario es «la ayuda médica» a una persona que «pone fin a su vida gracias a la información y los fármacos que le prescribe un profesional sanitario», expone Busquets.
Así, la diferencia entre la eutanasia activa y el suicidio asistido es que en el primer caso es un facultativo quien proporciona la sustancia que lleva al paciente a la muerte, mientras que en el segundo caso hay una ayuda y recomendación médica, pero es el paciente quien administra el contenido que culmina su vida. De ahí que se considere un suicidio asistido por el personal sanitario.
Ahora bien, hay un tercer concepto, el de la eutanasia pasiva, notablemente más extendido y aplicado en todo el mundo. Es aquel procedimiento en el que, por voluntad del paciente, se omiten o se paralizan tratamientos que deberían alargar su vida. Es un ejemplo la persona que puede continuar un tratamiento de quimioterapia pero decide detenerlo, a pesar de saber que al hacerlo está reduciendo sus posibilidades de esperanza de vida. No es, sin embargo, un tratamiento que ponga fin directamente a la vida del paciente.
El estado español es el sexto del mundo en regular el derecho a recibir la eutanasia activa
Hasta el momento, España es uno de los muchos Estados del bloque de la Europa occidental donde se aplica la eutanasia pasiva. Se regula en la ley de autonomía del paciente aprobada en 2002 y que reconoce el derecho del paciente «a decidir libremente, después de recibir la información adecuada, entre las opciones clínicas disponibles» y a «negarse al tratamiento», siempre que conste por escrito.
La nueva regulación aprobada en el Congreso amplía las posibilidades de la población española a recibir la eutanasia activa y el suicidio asistido. El texto legal reconoce las dos opciones: «La prestación de ayuda para morir se puede producir de dos modalidades: la administración directa al paciente de una sustancia por parte del profesional sanitario competente» o «la prescripción al paciente por parte del profesional sanitario de una sustancia, de manera que se la pueda autoadministrar, para causar su propia muerte «, recoge la ley.
Isabel Alonso, presidenta de la asociación Dret a Morir Dignament (DMD) no ve diferencias sustanciales entre los dos procedimientos, de cara al paciente que decide terminar su vida: «La muerte es digna cuando se ajusta a los valores de la persona, por tanto es igual eutanasia que suicidio asistido. Es perfecto que ambas opciones estén legalizadas para que la persona pueda elegir», dice.
Aprobación social y sanitaria
El reconocimiento de escoger el momento de la muerte por parte de los pacientes es un derecho ampliamente aceptado entre la sociedad española, tal y como muestran diversas encuestas.
La empresa Metroscopia ha preguntado cuanto al «derecho de un enfermo incurable a que los médicos le proporcionen algún producto para poner fin a su vida sin dolor» en varias ocasiones, y la sociedad española es cada vez más favorable. En 2008 respondieron afirmativamente un 80% de los encuestados, mientras que en 2017 lo hizo el 84% y en 2019 el 87%.
En una encuesta elaborada por Ipsos en 2018, el 85% de la ciudadanía respondió que sí regulariza la eutanasia, frente a un 15% que se opuso. Más atrás en el tiempo, en 2011, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) también reportó el visto bueno general, con un 77,5% de la población a favor de regular «el derecho de las personas a tener una muerte digna» frente al 9,8% que no lo quería.
Los resultados no concuerdan con el reflejo de la sociedad que se traslada al Congreso. El Partido Popular y Vox, partidos firmemente opuestos a la ley, ocupan el 40,2% de los escaños de la cámara baja española.
La paradoja se explica porque, incluso entre los votantes de los partidos más conservadores de la política española, hay una mayoría a favor de la eutanasia. Según Metroscopia, el 73% del electorado de Vox es favorable a la práctica y también se suma un 65% del voto del PP. El consenso es tal que incluso la aprueban los católicos practicantes (59%) y los practicantes de otras religiones (73%).
La eutanasia es un derecho ampliamente aceptado entre la sociedad española
«La información empírica constata que la población española es mayoritariamente favorable a poder tomar el control de sus vidas en el momento de morir», resumen en el artículo ‘Actitudes de los españoles ante la eutanasia y el suicidio médico asistida‘ (2018) los expertos Rafael Serrano del Rosal (CSIC) y Adrián Heredia Cerro (Universidad de Granada).
En concreto, reportan más apoyo a la eutanasia que el suicidio con apoyo médico. Los autores creen que es una cuestión «más cultural que racional» porque «el suicidio en general (…) en sociedades como la nuestra de tradición judeocristiana está culturalmente proscrito».
Las prácticas que favorecen el derecho a la muerte digna también son recibidas con agrado entre el colectivo sanitario, capital en la práctica que se ha aprobado en el Congreso. Después de una encuesta realizada a sus socios en 2019, la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) afirma que el 83% están a favor, mientras que un 17% en contra.
Del mismo modo, un sondeo en cuatro colegios de médicos del Estado reportó un porcentaje superior al 90% de facultativos favorables a la regulación de la eutanasia. La única delegación catalana en la muestra, la de Tarragona, fue la más favorable. El colegio tarraconense recibió un 76% de posicionamientos a favor de la regulación «con total seguridad» y un 15% que respondió «probablemente sí». Los opositores firmes o dudosos son el 8,7%.
Choque entre los comités de bioética
«No es un debate médico, o exclusivamente médico, sino ético y social», opinaba respecto de la eutanasia el Colegio de Médicos de Barcelona en un comunicado en 2018. En efecto, el aspecto del suicidio asistido y la eutanasia entran en el terreno de la bioética, donde el comité español y el catalán han mostrado posturas muy diferentes.
El Comité de Bioética de España (CBE), por unanimidad, declara que «hay firmes razones para rechazar la transformación de la eutanasia y el auxilio al suicidio en un derecho subjetivo y en una prestación pública». Por razones de «fundamentación ética de la vida, dignidad y autonomía», cree que las opciones de muerte digna aprobadas en el Congreso son un «retroceso de la civilización». Los miembros del CBE apuestan por una mejora de los cuidados paliativos, un argumento que coincide con la tesis del Partido Popular y Vox defendida en sede parlamentaria.
Las instituciones catalanas son más favorables al derecho a la eutanasia. «Los cuidados paliativos pueden rescatar muy enfermos incurables de la desesperación y de las ganas de morir. Esto no quita, sin embargo, que una persona (…) desee disponer de su propia vida y pida ayuda médica para hacerlo «, dice el Colegio de Médicos de Barcelona. «Cuidados paliativos y petición de eutanasia, por lo tanto, no se excluyen», concluye.
«Si se hace eutanasia a una persona que no lo ha pedido, no es eutanasia: es homicidio»
De forma opuesta a su homónimo español, el Comité de Bioética de Catalunya (CBC) sí aprueba la eutanasia y el suicidio asistido. «Las personas tienen derecho a disponer de su vida», dice Josep Mª Busquets Font, responsable de Bioética del Departamento de Salud. «Considerando los principios de dignidad, autonomía y bienestar del paciente con un sufrimiento insoportable, es éticamente aceptable y socialmente deseable la despenalización de la eutanasia y la ayuda al suicidio», asegura el comité catalán por voz del doctor Busquets Font.
Un punto que critica el Comité de Bioética de Catalunya es el hecho de que la ley española requiera un estudio previo del caso. «Exigir un control previo es una medida contraproducente, porque el enfermo verá que su difícil decisión, tan íntima y trascendente, ya no se basa en la confianza indispensable con el profesional sanitario que atiende su solicitud», explica Busquets.
El experto recuerda que el CBC ve suficiente la comisión posterior «para verificar que se han cumplido los requisitos de la ley como se hace en todos los países que la han despenalizado». «Es innecesario: burocratizará mucho la prestación y hará esperar gente que no puede esperar más», concuerda Isabel Alonso, presidenta de la asociación DMD.
Tanto Busquets como Alonso rechazan la teoría de que la aprobación de la eutanasia provocará muertes que pacientes vulnerables no desean. «Por más que se repita, no ha pasado a ninguno de los países que hace años que ejercen la práctica. Como tampoco es cierto que los cuidados paliativos den respuesta a todas las demandas de los pacientes», dice el experto. «Si se hace eutanasia a una persona que no lo ha pedido, no es eutanasia: es homicidio. Por compasión o no, pero no es eutanasia», añade la presidenta de DMD.
A diferencia de algunas comunidades del Estado, Catalunya no disponía de una ley propia de muerte digna. «No se consideró necesario; con las leyes existentes era suficiente para atender de manera respetuosa el fin de la vida. Promulgar leyes que inciden en aspectos ya regulados puede producir situaciones no deseadas», argumenta el responsable de Bioética en Catalunya.
Con todo, el Parlament sí aprobó una propuesta para llevar al Congreso la proposición de ley para despenalizar la eutanasia. Votaron sí 124 diputados (Cs, JxCat, ERC, PSC, En Comú-Podem y la CUP), no cuatro (PPC y Units per Avançar) y un diputado de Junts por Catalunya se abstuvo.
Goteo de regulaciones
El estado español es el sexto del mundo que ha regulado el derecho a recibir la eutanasia activa. Hasta el momento ya es legal en tres estados europeos -Países Bajos, Luxemburgo y Bélgica- y en Canadá y Colombia. En la práctica también hay que sumarle el estado de Victoria, en Australia, que en su ley de «muerte asistida voluntaria» del 2017 asume que, en caso de que el paciente no pueda autoadministrarse la medicación que le lleve a la muerte, lo hará el facultativo.
Con el paso de los años cada vez son más los países que avanzan en la regulación de la muerte digna, más allá de los cuidados paliativos. Hace apenas una semana, el Tribunal Constitucional de Austria reconoció el derecho al suicidio asistido porque la autodeterminación a que tiene derecho la ciudadanía incluye el derecho a la vida pero también «el derecho a una muerte digna». Si bien la eutanasia seguirá penada, se permitirá el suicidio asistido a partir del 2022. El Constitucional alemán, en febrero de 2020, también abrió la puerta a este tipo de muerte digna.
El reconocimiento de escoger el momento de la muerte es un derecho ampliamente aceptado entre la sociedad española
En una línea similar, el suicidio asistido también se ha despenalizado en la última década los estados de Vermont, Colorado, Washington DC, California, Hawai, Nueva Jersey y Maine, todos ellos en Estados Unidos, donde la década anterior también lo regularon en Washington y Montana. En Suiza, un vacío legado sobre los motivos que llevan un facultativo a asistir un suicidio, permite que la práctica no sea contraria a la ley. De hecho, este estado incluso acepta que extranjeros vayan para practicarlo.
De cara al futuro, el estado australiano de Australia Occidental aprobó una ley que facilita el suicidio asistido o la administración de la eutanasia y que entrará en vigor en 2021. Aún en Oceanía, en octubre, la población de Nueva Zelanda aprobó en referéndum, con un 66% de votos a favor, regularizar la eutanasia. Por lo cual, estará permitida a partir de noviembre del año próximo.
Así, cada vez son más estados los que, poco a poco, se añaden a una lista que iniciaron los Países Bajos a principios de siglo. Concretamente, fue en 2001 cuando el legislativo neerlandés fue el primero en permitir la eutanasia.
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