Las respuestas a la gestión de la pandemia de los gobiernos autonómicos y estatales han sido foco de debate desde el primer confinamiento. Las políticas restrictivas que han afectado periódicamente y de manera sostenida el desarrollo laboral de muchos sectores han ayudado a situar en el centro del debate temas como el salario mínimo interprofesional, las jornadas de 40 horas o las tasas de paro. Problemáticas que ya existían pero que han afectado a una cantidad mucho mayor de la población en reproducirse herramientas como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo. Las respuestas económicas a situaciones de desempleo en forma de ayudas no han sido suficientes por ejemplo para el colectivo autónomo como han denunciado continuamente.
Pero no son sólo las personas que han tenido que dejar de lado su trabajo las que han sufrido consecuencias drásticas, también trabajadores esenciales han sufrido de manera mucho más agudizada la precariedad que rodea sus condiciones de trabajo. Hablamos de todo tipo de trabajadores del sector sanitario, desde personal de limpieza hasta auxiliares o rastreadores, pero también supermercados, correos y, incluso, administradores públicos que trabajan en los servicios de empleo estatales o autonómicos.
Un ciclo de movilizaciones continuo
Primero fueron los encuentros bajo el nombre Vida antes que capital en los barrios y pueblos. Después convocatorias sectoriales contra las restricciones de la segunda ola. Por medio también ha habido movilizaciones concretas como por ejemplo la de Barcelona zona de guerra que hacía alusión a la serie de desahucios que se estaban dando en la ciudad. Ahora, decenas de colectivos y organizaciones se han juntado en una serie de manifestaciones en los Países Catalanes para exigir ‘¡Que la paguen los ricos!‘
Lluc Gayà, uno de los portavoces nacionales de Endavant OSAN, organización de la Esquerra Independentista, nos cuenta que la movilización quiere mostrar una propuesta alternativa a cómo se está gestionando la cuestión de la pandemia pero sobre todo la crisis social y económica que se está derivando. Al entender de la organización, tanto por parte de los gobiernos autonómicos de los Països Catalans como desde el gobierno central del estado, «se está priorizando el mantenimiento de una economía que somete a la mayoría social y a las clases populares y que defiende sobre todo a la oligarquía y a los más ricos».
Si unimos todas las perspectivas de lucha, que en el fondo van a la misma raíz, seremos capaces de hacer efectivas medidas orientadas a que las clases populares no paguen la crisis
En esta línea, Conchita Ribera, miembro de la Marea Pensionista que también se ha sumado a la convocatoria, apunta una idea tan simple como que «para sostenernos, es necesario que el dinero público vaya a lo público». Añade que sólo hay que mirar lo que ha estado ocurriendo con las residencias para entenderlo. Y es que para ella, así como para el colectivo que representa, es necesario que los gobiernos aparte de ser «propietarios» de ciertos servicios, tienen que asumir la gestión pública de los mismos. «No puede ser que el dinero público lo den a empresas privadas para hacer negocio y luego nos recorten bienes esenciales como las pensiones», señala Ribera.
El sentido de esta movilización, según aporta Gayà, portavoz de Endavant, es empezar a crear un espacio que sea capaz de aglutinar estas demandas a favor de una salida social de la crisis y hacer cambiar el seno de las políticas que se están llevando a cabo. «Debemos entender que sólo si unimos todas las perspectivas de lucha, que en el fondo van a la misma raíz, seremos capaces de hacer efectivas medidas orientadas a que las clases populares no paguen la crisis», concluye Gayà.
La convocatoria se realizará a lo largo del sábado 19 en diversos puntos como Castelló, Vilafranca del Penedès, Reus, Girona o Barcelona. La manifestación de Barcelona se dividirá en bloques de lucha y es por ello que cuenta con la adhesión de una gran variedad de luchas como gran parte de los movimientos por el derecho a la vivienda, el movimiento feminista, la red de Casals y Ateneus, la Marea Pensionista, Lucha Internacionalista, la Comunitat Negre Africana i Afrodescendent de Catalunya, la Esquerra Independentista o sindicatos como Co.bas, sectoriales de la CNT y de la CGT, la COS o la IAC.
Sostener la vida de la clase trabajadora
Sindicatos como la Coordinadora Obrera Sindical (COS) afirman que ante la situación que nos rodea «la necesidad de salir a la calle y más desde el ámbito laboral es imperativa». Como nos explica Sergi Grimau, secretario de organización de la COS, desde el sindicato prevén que todas estas medidas que se han puesto, que en muchas ocasiones han sido parches, no han servido para llegar a pagar los ERTE. De hecho, apunta, que muchas de las ayudas que se han dado han ido destinadas a grandes empresas mientras son aún mucho los impagos a trabajadores en paro o en ERTE.
Desde la COS denuncian además que «en esta crisis derivada del Covid han aprovechado para aplicar por la puerta trasera medidas de flexibilidad laboral y para aprobar ERTE que realmente son EREs encubiertos». Grimau aún va más allá y apunta que muchas de las grandes empresas que han aplicado ERTE pasarán a despidos masivos esta situación en la que puedan. Por tanto, en esta línea, «hemos estado pagando con dinero público el desguace del sistema productivo». Por eso desde la COS creen que hay que movilizarse desde ya porque «se está reproduciendo una reforma laboral encubierta».
Recuerdan entonces los trabajadores de Nissan o de San Gobain y apuntan que «esta pandemia no debe ser la excusa para recortar más derechos, ni para aplicar más medidas de flexibilidad laboral, ni de facto un despido libre». «No puede ser que en una situación que viene marcada por 30 años de recortes en derechos con un agravamiento en los últimos 10 años acabe con una situación post crisis donde cualquier empresa pueda justificar despidos masivos sin casi ningún coste para el empresario», denuncia Grimau.
Por unas pensiones dignas, por un salario digno para todos
La Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) apunta que el gran tema de las últimas semanas es la nueva fórmula para las pensiones. Marc Casanovas, su portavoz, apunta que querer hacer planes de pensiones privados dentro de los convenios de empresa «es un mecanismo muy perverso». También el alargamiento de la cotización de 25 a 30 años, ya que «en el contexto de las dos últimas reformas laborales y en el contexto de precarización, casi toda la juventud no podrá disfrutar de este derecho fundamental».
Sobre la cuestión de las pensiones, Conchita Ribera desde la Marea Pensionista denuncia el recorte que implica el Pacto de Toledo, con la que los pensionistas cobrarán el 40% del último sueldo. Ribera exige que la pensión sea lo estipulado en la carta social europea pero no sólo eso, «hay que equipare también el sueldo».
La banca está mal y quieren capitalizarla con el esfuerzo y el trabajo de los trabajadores
«Hay más de 500 mil millones de euros de superávit de las pensiones que no se sabe dónde han ido a parar… Lo ha reconocido el ministro español José Luis Escrivá, encargado de la Seguridad Social», explica Ribera. Y justifica con ello que desde la Marea Pensionista están pidiendo una auditoría para saber dónde han ido los 23 millones anuales de gastos impropios. Y es que para Ribera, las pensiones son un sueldo en diferido: «el dinero de los trabajadores lo han utilizado para todo menos para las pensiones pero nunca han estado en crisis las pensiones públicas y es por eso que ahora los bancos detrás de privatizar los 140 mil millones del sistema público de pensiones».
Otro tema que abre Ribera es que las pensiones privadas perjudicarán de nuevo a las mujeres porque son ellas las que tienen un sueldo más bajo. También en la cuestión de las pensiones de viudedad: por estadística son más las mujeres que la cobran y Ribera denuncia que también la quieran recortar. «Desde la Marea Pensionista estamos totalmente en desacuerdo con los planes privados de empresa que quieren poner a la fuerza. Sabemos nuevamente que la banca está mal y quieren capitalizarla con el esfuerzo y el trabajo de los trabajadores», concluye.
Contra las políticas de austeridad para pagar el déficit
Para Ribera, de la Marea Pensionista, la crisis ya se está pagando por los trabajadores desde muchas vertientes. Habla por ejemplo del caso de la sanidad donde, desde la crisis del 2008, se han recortado 5.000 puestos de trabajo que representaron también un recorte de 1.500 millones de euros. En este caso, por ejemplo, cuando hablan de revertir las privatizaciones y poner el dinero en lo público significa «invertir un buen presupuesto y que el 25% de este vaya a la Atención Primaria, ya que debe ser la puerta de entrada al sistema público de sanidad porque se hace la medicina preventiva y la medicina integral del paciente, necesaria para vivir».
En este sentido, interviene Casanovas, portavoz de la IAC, un tema que a nivel laboral ha impactado fuertemente es el de las subcontrataciones como «un motor de precariedad muy importante». Desde el sindicato apuntan, además, que delante del supuesto rescate de fondos europeos y de los presupuestos estatales en un contexto donde se están cambiando las legislaciones y en un marco de colaboración público-privada, «entendemos que en vez de hacer un gran rescate a los bancos como en 2008, se está haciendo un gran rescate a las grandes empresas; por ello han aumentado el techo de déficit».
Desde la IAC opinan además que, «cuando pase este contexto, volverán todas las políticas de austeridad para pagar este déficit público que se habrá generado por rescatar las grandes empresas».
Así, abre también un debate en torno al hecho de que todas las ayudas que están dando en términos de reactivación económica también en la línea de pulsar el acelerador en el modelo productivo que nos ha llevado a esta crisis social, económica pero también ecológica.
«Nuestra generación básicamente sólo ha vivido en periodos de crisis con muy poco tiempo de recuperación»
Los jóvenes, no salen de una crisis que ya han entrado en una nueva
La organización juvenil Arran también participará de las movilizaciones en los bloques estudiantiles y juveniles. Como comenta su portavoz, Adriana Roca, los jóvenes están pagando fuertemente las consecuencias de esta crisis. «Nuestra generación básicamente sólo ha vivido en períodos de crisis con muy poco tiempo de recuperación», dice Roca. Así, apunta que más allá de la precariedad vital que supone por ejemplo no poder irse de casa, los jóvenes se encuentran en una dinámica de no tener trabajos estables, de condiciones laborales lamentables y de una falta de perspectiva de futuro. Una situación, comenta, alimentada por unas medidas restrictivas que han cortado todo tipo de relación social.
Desde Arran denuncian que no es casualidad que viviendo esta inestabilidad la primera causa de muerte no natural entre jóvenes sea el suicidio.
En este punto, Roca señala que el hecho de que no se les esté dando una salida de futuro clara, supone el reto que son ellos quienes la deben encontrar: «debemos aportar una alternativa y teniendo en cuenta que nos jugamos mucho debemos tener un papel protagonista».
Para Arran, revertir la sensación de malestar implica organizarse y movilizarse: «a pesar de estar en una pandemia no tenemos que aceptar dejar de movilizarnos contra una gestión política de esta crisis que agudiza las condiciones de la vida de la clase trabajadora».
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