Desde la Red Renta Básica en los últimos años se han realizado una serie de estudios a partir de los cuales se puede evaluar la viabilidad de la propuesta de la Renta Básica (RB). Aquí y aquí se pueden consultar los detalles más formales de los diferentes modelos de financiación de la RB elaborados. Las principales características de los mismos pueden resumirse en lo siguiente:
1) Propuesta de una cantidad para la RB que permita garantizar las condiciones materiales para la existencia de las personas.
2) La RB sustituye cualquier otra cantidad económica que se perciba por parte del Estado, siempre que esta cantidad sea inferior a la RB; pero si es superior, la parte que la supera se seguirá percibiendo en las mismas condiciones.
3) La RB no estará gravada por el IRPF.
4) La financiación de la RB se consigue fundamentalmente mediante una reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) en la que pueden colaborar también la introducción y/o reformas de otras figuras impositivas.
5) Para financiar la RB, no se detraerá cantidad de lo recaudado vía IRPF, para mantener los pilares fundamentales de la inversión social que hace el Estado como la sanidad y la educación.
La primera cuestión a determinar es de qué cantidad dineraria estamos hablando como RB.
Aquí, parece lógico basarse en los indicadores objetivos que determinan la situación de pobreza relativa. El más conocido es el umbral de la pobreza, que es aquella cantidad por debajo de la cual una persona se considera pobre dentro de su entorno económico. La definición más formal, como siempre menos comprensible, dice que el umbral de la pobreza equivale al 60% de la mediana de la renta disponible equivalente. Su cálculo para el Reino de España, utilizando la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del último año 2019 publicada, nos da una cifra de 9.009 euros anuales. Esto quiere decir que en el año 2019, una unidad de convivencia (UdC) de una única persona se consideraba pobre si sus ingresos netos eran inferiores a los 9.009 euros anuales. Mientras que una UdC integrada por dos personas adultas y dos personas menores de edades inferiores a 14 años también lo era si sus ingresos netos no llegaban a 18.918,9 euros anuales. En este segundo ejemplo, se ha multiplicado el umbral de la pobreza (9.009) para la escala de equivalencia de la OCDE (2,1) correspondiente a la UdC que otorga 1 en el adulto; 0,5 en la segunda persona adulta y 0,3 a cada una de las personas menores de 14 años que la integran. La escala de equivalencia sirve para ponderar el tamaño de la UdC y es una forma de repartir sus costes fijos de mantenimiento entre sus integrantes, bajo el supuesto de que aquellos decrecen en función del número de personas. 009) para la escala de equivalencia de la OCDE (2,1) correspondiente a la UdC que otorga 1 en el adulto; 0,5 en la segunda persona adulta y 0,3 a cada una de las personas menores de 14 años que la integran. La escala de equivalencia sirve para ponderar el tamaño de la UdC y es una forma de repartir sus costes fijos de mantenimiento entre sus integrantes, bajo el supuesto de que aquellos decrecen en función del número de personas. 009) para la escala de equivalencia de la OCDE (2,1) correspondiente a la UdC que otorga 1 en el adulto; 0,5 en la segunda persona adulta y 0,3 a cada una de las personas menores de 14 años que la integran. La escala de equivalencia sirve para ponderar el tamaño de la UdC y es una forma de repartir sus costes fijos de mantenimiento entre sus integrantes, bajo el supuesto de que aquellos decrecen en función del número de personas.
Así, pues, el umbral de la pobreza que determine el año en curso, considerando la composición de la UdC, es la cantidad de la RB a transferir, que quedará distribuida individualmente entre cada uno de los integrantes de la UdC.
Otro elemento esencial que interviene en el modelo de financiación de la RB es una reforma del IRPF. Se utiliza este impuesto porque, por amplio consenso en la literatura, es la figura recaudatoria con la que el Estado debe garantizar la redistribución de la renta. Pues bien, en el Reino de España desde su puesta en marcha, hace ya más de 40 años, el IRPF ha ido perdiendo, como consecuencia de algunas de las reformas introducidas, parte de su papel de impuesto progresivo y redistributivo. En cuanto a la primera de estas dos cuestiones es patente el efecto contrario en varias reducciones y deducciones que en el momento presente intervienen (para el ejercicio actual, se ha aprobado una modificación importante en una de estas reducciones, la que afecta a los planes de previsión que seguro tendrá un efecto corrector progresivo destacable en el impuesto) y, aún más importante, la discriminación de tipos marginales que gravan las rentas del trabajo y las rentas especulativas, llamadas con el eufemismo del ahorro, mucho más favorables a las últimas (por ejemplo, en Catalunya la diferencia puede llegar a los 25 puntos porcentuales). En el caso de la redistribución, utilizando la información que se desprende de la ECV, su efecto no fue más allá de un 3,8%. Este porcentaje equivale a la disminución de la desigualdad de la distribución de la renta que se consigue después de haber pagado este IRPF; dicho de otro modo, mide el grado de transferencia de rentas desde los más ricos a los más pobres que genera el impuesto. Este valor tan bajo, todavía es más alarmante si lo ponemos en el contexto internacional, ya que según Eurostat, con datos correspondientes a 36 estados, el Reino de España se sitúa en la poco envidiable posición 27 en cuanto al índice de Gini, indicador también de amplio consenso general para medir el grado de desigualdad en la distribución de la renta y teniendo presente que por detrás, es decir en una posición peor, se encuentran economías tan poco cercanas como Serbia, Montenegro, Rumania, Letonia, Lituania, Bulgaria, Turquía y Albania.
Por lo tanto, la reforma del IRPF que puede hacer viable la financiación de la RB debe combinar la transferencia que supone la RB con la corrección del grado de progresividad y redistribución del IRPF.
Los estudios a los que me he referido al inicio ponen de manifiesto que esta combinación genera un efecto redistributivo mucho más elevado del nuevo impuesto y una mejora enorme en la desigualdad de la distribución de la renta una vez pagado este nuevo IRPF. Las cifras en este sentido son contundentes, porque en todos los supuestos efectuados el índice de Gini disminuye del orden de más de 12 puntos porcentuales, situándose entre los valores más igualitarios de la Unión Europea. Asimismo, los efectos redistributivos se ven multiplicados por más de 3,5 veces respecto de la situación actual.
Otro aspecto relevante tiene que ver con quien resulta beneficiado y quién resulta perjudicado con este esquema-modelo de RB. Recordando algunas de las cuestiones que se planteaban en mi primer artículo, concebir la RB como universal e incondicional, no quiere decir que todo el mundo ganancia con su implementación. Precisamente, esta es la justificación para que todos la reciba; esto es: los más ricos también. Pero, tal como señalan los estudios referidos, los impuestos que deberán pagar de más permitirán financiar la RB en muchas otras ciudadanas y ciudadanos. Y esta es una cuestión primordial, para entender que el coste de la RB no consiste en multiplicar el número de perceptores por la cantidad transferida y decir que esto es una monstruosidad, que es un porcentaje del PIB inalcanzable y que, en consecuencia, la RB no se puede financiar. No es así, porque el aumento del efecto redistributivo que antes he señalado, genera una transferencia desde los segmentos de población más rica a los de población más pobre y eso es lo que garantiza su viabilidad financiera. En este sentido, los resultados que se pueden aportar de todos los supuestos efectuados revelan una transferencia desde los percentiles 80-90 y 90-100 de la distribución de la renta, hacia los percentiles por debajo del 80, que puede oscilar según los supuestos entre los 35.000 a 50.000 millones de euros. Esto supone poder hablar de un 80% de UDC ganadoras y de un 20% de perdedores. Estas últimas corresponden, lógicamente, a las rentas de los más ricos.
Con todo lo apuntado hasta ahora está claro que implementar una RB no es una cuestión sencilla, incluso desde el punto de vista financiero. La idea de reducir impuestos, tan presente en el ideario conservador, solo hay que ver la propuesta respecto a la supresión del impuesto sobre el patrimonio hecha últimamente por Foment del Treball, los repetidos anuncios sobre la rebaja del IRPF en diferentes comunidades dirigidas por alianzas conservadoras o la desaparición/olvido sobre la creación de un impuesto sobre la riqueza presente en las primeras formulaciones del programa de la coalición PSOE-UP actualmente en el gobierno, son algunos ejemplos bien patentes de los escollos que hay que superar.
Mi opinión es que lograr una RB no es nada barato, pero sí es claramente asumible y sobre todo es absolutamente necesario. Planteémoslo en forma contraria: ¿cuál es el costo de no tener una RB? Algunas cifras sobre pobreza que se desprenden también de la ECV, calculando la media del último decenio 2010-2019 (lo que permite una visión más estructural del problema) son abrumadoras: más de un 21% de personas en riesgo de pobreza; alrededor de un 9% de personas en riesgo de pobreza severa (el umbral de la pobreza severa se calcula rebajando a 40 el porcentaje aplicado sobre la renta equivalente); 5,6% de personas en carencia material severa (se consideran hasta 9 privaciones, entre las que destacan: 1) afrontar gastos imprevistos, 2) ir de vacaciones al menos una semana al año, 3) permitirse una comida cada dos días con carne, pollo o pescado o el equivalente para personas vegetarianas, 4) mantener la vivienda a temperatura adecuada; cuando se dan 4 de estas 9 privaciones, el hogar se considera en carencia material severa) y 13,6% de personas con empleo de baja intensidad. Y ninguna de estas cifras, tiene presente los efectos de la pandemia que quedarán reflejados cuando se recojan los datos correspondientes del año 2020. Este sí que es un coste que parece instalado estructuralmente a nuestra sociedad y que éticamente es inadmisible. Este es el coste de no disponer de una RB y en el que podríamos añadir otros derivados de la situación descrita más complejos de cuantificar como: las enfermedades mentales, la emigración de jóvenes cualificados, los conocimientos de mucha gente infrautilizados….
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