Después de vivir subalquilado en una habitación en un piso de una familia también de origen extranjero, Mouhamet, cansado de su situación, decidió mudarse. En el año 2018 encontró un piso en Poblenou bien situado, a 10 minutos de su trabajo, y decidió mover ficha para quedárselo. Habló con el propietario y le comentaron que querían alguien responsable, que pudiese estar en el piso y cuidarlo. Mouhamet estaba muy interesado en poder tener una casa y poder hacer vida normal y entregó su contrato de trabajo y las últimas tres nóminas.
Por aquel entonces Mouhamet trabajaba de camarero y tenía un sueldo de poco más de 600 euros. Le dijeron que eso no era suficiente y que buscase un aval. Un amigo suyo se lo dio y pudo entrar al piso alquilando las habitaciones restantes. “Estuvimos tres años pagando, pero cuando llegó el COVID yo me quedé sin trabajo y los chicos que estaban de alquiler no querían pagar porque el estado había dicho que con el Covid se podía no pagar la renta”, cuenta. Finalmente los chicos le avisan que dejaran la casa a lo que él les tuvo que devolver la fianza y quedarse sin fondos. Al principio su optimismo le hizo creer que encontraría más gente y algún trabajo, pero no fue así.
Hasta ese momento habían estado pagando mensualmente 1400 euros, pero viendo la imposibilidad de asumir esa cifra, fue entonces cuando le pidió al propietario una rebaja del alquiler. A la que este se negó: “me dijo que no porque el dinero que le pagaba yo, servía para la clínica de su madre y no me lo podían bajar. Que buscase ayudas del estado”. Sin poder optar a ayudas, con el paro agotado en agosto, Mouhamet acabó pidiendo préstamos a Cofidis y al Banc sabadell. “Ahora me están llamando cada día y pidiéndome un dinero que no puedo devolver”, lamenta.
Unos meses después le mandaron un burofax pidiéndole que abandonara el piso y le llegaron a decir que si no podía pagarlo todo que aceptara a la madre del propietario en casa. Aquí Mouhamet alucinó: “Yo no he firmado ningún contrato donde diga que si no puedo pagar, en medio de una pandemia de Covid-19, la madre del propietario que está en una clínica vaya a venir a mi casa”.
Al negarse, ya ha recibido tres cartas de desahucio. Con las dos primeras no estaba en casa, pero la tercera se la entregaron un día llamando a su puerta a las 10 de la noche. “Un señor del juzgado me dijo: te demandan, tienes que dejar el piso”, cuenta. Contrató a un abogado y en enero fueron a juicio donde no se presentó el propietario. Como relata, la primera persona que habló fue la chica de la oficina del contrato y delante de los papeles la jueza mostró más preocupación por el precio del piso que por nada más. Antes de ir a juicio, Mouhamet pasó por la oficina de la tasación donde le dijeron que ese piso, posteriormente a las reformas que él había hecho, estaba valorado en 875 euros. Mouhamet cada mes pagaba 1400 euros más los gastos. Por lo que le estaban estafando más de 500 euros mensuales.
En este sentido, como afirmaba un estudio del Ajuntament de Barcelona, en el marco del Observatorio de las Discriminaciones de Barcelona, demuestra que el racismo inmobiliario existe, que es una práctica sistémica. El estudio envió mil solicitudes a 500 anuncios de portales inmobiliarios, una mitad firmadas por nombres de origen autóctono y la otra mitad, con nombres de origen árabe. Las conclusiones muestran que por cada 10 solicitudes enviadas, las solicitudes de autóctonos reciben 6 respuestas, y las solicitudes de árabes 4. Aparte de recibir menos respuestas, también las reciben referentes a pisos más caros. El precio medio de los anuncios que responden solicitudes de nombres de origen árabe es de 1.384,27 euros, 108,28 euros más caros que los anuncios que responden solicitudes de nombres autóctonos, de 1.275,99 euros.
Así, en el caso de Mouhamet, su propietario le ha estado cobrando 500 euros de más según el mercado y según la tasación del piso. Un piso que, como le gusta relacionar, es de los más antiguos de Poblenou: “de 1960, el mismo año que mi país Senegal tuvo su independencia”. Ahora no sabe qué hacer. Explica que el piso estaba lleno de mugres que se pueden apreciar en las fotos del contrato, que él las arreglo y hasta cambió la lavadora que no funcionaba o llamó a un operario para que asegurase todo el cableado que se acumulaba peligrosamente. “Todas las reformas las hice yo y no tienen nada en cuenta. Me han engañado y ahora soy yo el que está en la lista de morosos y puedo acabar en la calle con el estado de alarma…”, denuncia. Y añade que lleva desde 2007 en España y que nunca en toda su vida le habían denunciado por nada. Vivir ahora esta situación de incertidumbre lo tiene en un limbo en el que ni duerme, ni come, ni sabe como conseguir ingresos. “No puedo aceptarlo porque me han engañado. Es un puro estado de racismo”, denuncia. Y aporta sobre los propietarios que “ellos están en su país y la ley está de su parte mientras que nosotros somos los inmigrantes que venimos aquí a robarles dicen”. Y acaba diciendo: “después hablan de la declaración de los derechos humanos, pero eso es papel que no se aplica… Luego nos machacan vivos”.
El 30% de las denuncias al SAID son por el disfrute o el acceso a la vivienda
El racismo institucional en el acceso y disfrute de la vivienda es uno de los bloques principales del informe «invisibles. El estado del racismo en Catalunya». Un informe que se realiza desde SOS Racisme Catalunya y ya va por la duodécima edición. El objetivo del documento es contribuir a la visibilización del racismo a través de la denuncia pública de agresiones y situaciones de racismo, la sensibilización de la sociedad para que se sumen a la lucha antirracista y la planificación de políticas públicas eficaces que garanticen la no discriminación racial. El informe se hace a partir de los casos y los datos recogidos por el Servicio de Atención y Denuncia (SAID): se hace un análisis riguroso de la situación y se plantean algunas reflexiones. No pretende ser una recopilación de todas las situaciones de racismo que suceden en Catalunya, ya que, como apuntan, «desgraciadamente hay muchas más». Pero la intención es «poder compartir estas reflexiones y que los datos sirvan como herramienta de denuncia e incidencia en los colectivos, las entidades y las personas que luchan diariamente contra el racismo».
En el bloque sobre la vivienda del informe, SOS Racisme explica que a raíz del incendio en la nave industrial en el Gorg, Badalona, en diciembre de 2020, que acabó con la vida de más de una decena de personas y dejó a muchas más completamente desamparadas, ya manifestaron que lo que había sucedido esa noche no era un hecho aislado, sino «la consecuencia del sistema racista y capitalista que, con sus políticas estatales y europeas migratorias y la Ley de Extranjería, vierten a muchas personas a vivir de una manera precaria y en la irregularidad administrativa, negándoles el derecho básico a la vivienda digna». Apuntan así que la discriminación racista en este ámbito es estructural y está muy normalizada.
Según la Agència d’Habitatge de Catalunya, las entidades bancarias y los fondos de inversión son propietarios de 30.000 viviendas vacías, mientras los desahucios se ejecutan diariamente. El informe denuncia que la negación sistemática por parte del Estado español a regularizar las personas en situación administrativa irregular, incluso en un contexto de pandemia mundial, a fin de garantizar los derechos, la falta de efectividad por parte de las administraciones y el colapso de la mesa de emergencia son también factores claves a la hora de analizar esta situación. Así, los casos de racismo en el ámbito de la vivienda «no son conflictos puntuales, sino que existe una omisión sistemática del deber por parte de las administraciones y unas prácticas discriminatorias normalizadas de muchas agencias inmobiliarias, propietarios y vecinos que obstaculizan el acceso y el disfrute de este derecho básico».
Las cifras de discriminación en el acceso a los derechos sociales recogidos por el Servicio de Atención y Denuncia (SAID) en 2020 muestran que un 30% de los casos son vulneraciones del derecho de acceso a la vivienda. Y no se limita únicamente al acceso, sino que también se da en el disfrute de la vivienda. Los datos recogidos constatan que el 54% de las discriminaciones y las agresiones entre particulares, se enmarcan dentro de las comunidades vecinales y, por tercer año consecutivo, es el ámbito donde se han recibido más denuncias. En cuanto al disfrute de la vivienda, dicen que la desprotección es aún mayor, porque la discriminación se da en espacios privados e íntimos, donde la administración no puede intervenir. «Los servicios municipales, las comunidades de vecinos o la mediación (en el mejor de los casos) son quienes tienen competencias, pero en estos ámbitos la perspectiva antirracista está poco o nada incorporada», afirman desde SOS Racisme. Por tanto, las personas racializadas no blancas y las migrantes tienen graves dificultades para escapar de contextos de acoso vecinal o de vulneraciones de derechos. Además, la misma dificultad de acceso a la vivienda hace que, a menudo, muchas agresiones no se denuncien por miedo a perder un hogar que les ha sido tan difícil de conseguir.
Racismo en tiempos de pandemia
El informe también incluye un bloque donde se habla del «racismo en tiempos de pandemia», donde denuncian que «la crisis sanitaria ha expuesto de la manera más cruda posible que la sociedad y nuestras instituciones sufren un racismo profundo, histórico y estructural». Y es que como recuerdan, con la aparición de los primeros contagios de coronavirus en Europa, se racializó el virus, inicialmente, y se culpabilizó a las personas gitanas y los trabajadores del campo después. «La paranoia generalizada, el constante aumento de casos, la declaración del estado de alarma, los rebrotes posteriores y las subsiguientes medidas de control sanitario han provocado que el racismo de Estado y la securitización se justifiquen a sí mismas», apuntan. Y es que como explican, otro problema es que el cierre de fronteras está negando derechos tan básicos como el derecho de asilo y de libertad de movimiento, poniendo en peligro la vida de miles de personas que huyen de contextos de violencia y miseria. Mientras tanto, señalan que con el fin de asegurar la continuidad de la actividad y el beneficio económico, la explotación del Sur Global y la circulación de recursos sigue bien activa. Otra vulneración nacida de la pandemia es que para las personas migrantes y en situación administrativa irregular, en proceso de regularización o de renovación, la paralización y la demora de los trámites de extranjería pone en peligro los proyectos vitales y el esfuerzo de familias enteras. Haciendo así que se enfrenten a la posibilidad de caer en situación de irregularidad sobrevenida, a la amenaza de la expulsión del país y a una mayor dificultad de acceso a un trabajo o a una vivienda digna.
También destacan el aumento de los abusos policiales y de las paradas por perfil racial durante el estado de alarma y la militarización del espacio público. Las actuaciones policiales desproporcionadas, para hacer cumplir las medidas de seguridad sanitarias decretadas, han estado en el orden del día: «el control de la movilidad afecta de manera desigual a las personas y, como ya venía pasando, son las personas racializadas no blancas las que reciben un mayor acoso, ahora más legitimado y normalizado debido al alarmismo y la confusión generalizada». Las consecuencias que se pueden derivar de una parada en la calle pueden ser graves, como la entrada a un CIE y la expulsión del país.
30 años de impunidad policial
El informe recuerda que el jefe de los Mossos, Eduard Sallent y Peña, admitió que existe un «sesgo étnico» en el campo de las identificaciones policiales, que «hay que trabajar para corregirlo», a base de formación y concienciación, y que «es una cuestión que es transversal a todas las policías y que tiene mucho que ver con los procesos migratorios y con la construcción de lo que han sido unas sociedades diversas». Para SOS Racisme, «entender y normalizar el racismo policial y su violencia como tendencia natural, consecuencia de procesos migratorios y sociedades ‘varias’, es reducir el racismo en una cuestión moral».
Así, a raíz de las denuncias recogidas desde 1999, el año en que se empezaron a sistematizar los datos desde el Servicio de Atención y Denuncia (SAID), SOS Racisme puede afirmar que los datos prueban que la impunidad policial es consecuencia de la naturaleza estructural del racismo en Catalunya. De 571 casos de racismo policial de un total de 2.514 casos asumidos sólo se han condenado 4 policías y en ningún caso se ha aplicado el agravante de racismo ni se ha contemplado como delito de odio.
Aparte, quieren destacar que hay factores estructurales que dificultan la denuncia. Resaltan tres: primero, la situación de indefensión en la que el racismo institucional sitúa previamente a las personas que sufren el racismo policial, tales como vendedores ambulantes, trabajadoras sexuales o jóvenes migrantes. A menudo las personas que denuncian el racismo policial se encuentran con una contradenuncia de los agentes implicados, lo que les supone no solamente consecuencias penales, sino también de extranjería. Después, el funcionamiento del racismo en el sistema judicial, en el que se concede la presunción de veracidad a la versión policial, cuando no debería ser así en la vía penal. Y por último, apuntan que la falta de reconocimiento institucional de las prácticas racistas dentro de los cuerpos policiales imposibilita ninguna transformación real, generando desconfianza en quien sufre los abusos e invisibilizando aún más el racismo.
El Covid centra los casos en dos ámbitos y hace bajar las denuncias
La segunda parte del informe «Invisibles. El estado del racismo en Catalunya» expone las demandas totales que ha recibido el SAID durante el 2020: 590 personas que suman al total de 10.949 personas atendidas en el SAID desde 1992.
De estos 590 casos a pesar del Covid, 182 situaciones han sido identificadas como constitutivas de racismo y 99 de ellas han sido denunciadas y, por tanto, asumidas como casos nuevos en 2020. A las cifras se deben añadir los 172 casos que corresponden a años anteriores y que aún están abiertos y pendientes de resolución.
Apuntan que la situación del estado de alarma y el confinamiento han marcado los ámbitos donde se ha dado el racismo y el nivel de infradenúncia. En este sentido remarcan que las demandas durante el estado de alarma se focalizaron en dos ámbitos concretos: las actuaciones por parte de los cuerpos de seguridad pública y las situaciones dadas entre vecinos, ya que el confinamiento domiciliario reducía las situaciones en otros espacios. Este mismo motivo ha conducido a que aumente la infradenuncia: el porcentaje de situaciones no denunciadas han pasado del 32% al 46%. «Desafortunadamente, esto significa que no hemos avanzado en la aplicación del derecho a denunciar estas situaciones ni en la visibilidad de estas vulneraciones», lamentan.
El informe también explica la tipología de casos de racismo asumidos en 2020, las vías de intervención que se han seguido y el perfil de las personas atendidas. En este sentido, un 47% de personas están regularizadas, mientras que el 36% tienen nacionalidad española. Sólo un 5% se encuentran en situación irregular. Esta situación lleva a SOS Racisme a la conclusión de que la estabilidad administrativa facilita la denuncia de estas situaciones, y que no están identificando un gran número de situaciones en los colectivos y grupos que son más propensos a sufrirlas.
Finalmente el documento incorpora el testimonio de tres casos gestionados sobre racismo y violencia policial, sobre el disfrute de la vivienda y sobre el acceso a la vivienda.
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