“Llego a Madrid. Por el camino, he visto al señor Cambó que ocupaba la cabina de al lado de la que yo tenía reservada en el vagón cama. Hemos cruzado unas palabras. Le he hecho observar que había hecho un mal paso al provocar el recurso del gobierno contra una ley del Parlamento catalán. Según él, esta es la mejor manera de acabar de golpe con un problema que lleva demasiado tiempo durando. El tribunal dirá la última palabra y ya no volverá a hablar de ello.” (HURTADO, A. Antes del seis de octubre. 2008. Quaderns crema).
Así se expresa Amadeu Hurtado en el dietario que escribió entre mayo y septiembre de 1934, mientras defendía ante el Tribunal de Garantías Constitucionales la ley de contratos de cultivo aprobada por el Parlament de Catalunya y denunciada por la patronal de los terratenientes del Institut Agrícola Català de Sant Isidre (IACSI) y la Lliga Catalana. Sólo era cuestión de tiempo que el gobierno de Ricardo Samper interpusiera recurso a la ley, y entrara en el lodazal de la judicialización de una cuestión política.
Una vez más la Lliga Regionalista, espoleada por los buenos resultados conseguidos en las elecciones legislativas del 19 de noviembre 1933, la muerte del presidente Macià a finales de año y la oportunidad de consolidar las expectativas electorales en las siguientes elecciones municipales, optó por seguir una estrategia absentista en las sesiones del parlamento de Catalunya y desleal con el nuevo gobierno de la Generalitat presidido por Lluís Companys.
La derecha catalanista nunca digirió la pérdida de la hegemonía del catalanismo en favor de Esquerra Republicana, impulsora bajo el liderazgo de Francesc Macià del proceso constituyente de la Generalitat de Catalunya y la aprobación del Estatuto de autonomía, un anhelado autogobierno proyectado en las bases de Manresa (1892) sólo olfateado con la gran Diputació de la Mancomunitat (1914-25). A veces se olvida que el Estatuto de la 2ª República fue el mayor éxito político del catalanismo desde sus orígenes.
La Lliga tampoco encajó bien que Lluís Companys fuera «el candidato más votado en Catalunya en las legislativas de noviembre de 1933, muy por encima de los victoriosos candidatos de la Lliga en estos comicios». (POMÉS VIVES, J. Lluís Companys i la Unió de Rabassaires. Dins el curs Companys i la seva època. 2002. Pòrtic)
Companys formó su primer gobierno el 3 de enero de 1934. A pesar de la mayoría parlamentaria de ERC, en el ejecutivo se incorporó Joan Selves del Partit Nacionalista Republicà d’Esquerra, en un gesto del presidente para recuperar los escindidos del partido en otoño de 1933, Martí Esteve de Acció Republicana Catalana para atraer al electorado de este partido después de la derrota en las legislativas de noviembre de 1933, y Joan Comorera de la Unió Socialista de Catalunya (USC). Este último se incorporó como consejero de Agricultura, una cartera que había sido cuestionada en el mandato del anterior consejero Pere Mies (ERC) y que provocó el distanciamiento entre Esquerra Republicana y el sindicato del campesinado, la Unió de Rabassaires de la que Lluís Companys había sido dirigente y diputado “rabassaire”.
Companys y Comorera tenían muy claro que era necesario activar la agenda social y poner en marcha la reforma agraria en Catalunya, un problema enquistado que se arrastraba desde la crisis de la Filoxera del último tercio del siglo XIX. Sin embargo, la Lliga con un centro de gravedad cada vez más inclinado hacia la derecha, no tenía intención de ceder un palmo de tierra para la resolución del pleito rabassaire. Por eso, el 18 de enero de 1934, los 16 diputados de la Lliga, que ya habían menospreciado a Lluís Companys durante la sesión de investidura a la presidencia de la Generalitat, abandonaron de nuevo sus escaños en el Parlament de Catalunya.
Y todo ello mucho antes de que el Parlament de Catalunya aprobara la polémica Ley de contratos de cultivo (promulgada el 12 de abril de 1934). Se trataba de aislar a Companys y sus políticas sociales. ERC ostentaba la mayoría absoluta de la cámara con 62 diputados, la Lliga 16, la USC 5 y el PCR 1. Por eso cualquier propuesta de ley del ejecutivo tenía garantizada su aprobación. Y de eso eran conscientes los dos grandes partidos de la política catalana.
Una semana después de la sentencia del Constitucional (8 de junio de 1934) anulando la ley de contratos de cultivo y en plena sesión de Corts de la República los diputados de Esquerra abandonaron el hemiciclo acompañados por los diputados de Vasconia que, pese a no compartir la ley, mostraron su desacuerdo con la sentencia porque cuestionaba el Estatut de Catalunya. Por contra, los diputados de la Lliga en el Congreso se mantuvieron sentados en sus escaños.
Companys interpretó la sentencia como un ataque contra las instituciones de autogobierno: «nos han negado competencia para resolver sobre esta materia. (…) No es más que un paso adelante para regular los pactos entre los dueños de la tierra y los que la trabajan» (Discurso de Lluís Companys en Gandesa. 18 de setiembre de 1934. ESCOFET, Frederic. Al servei de Catalunya i de la República. La desfeta. 6 d’octubre 1934. Apèndix I. Edicions Catalanes de París. 1973).
El Parlament de Catalunya volvió a votar el primer proyecto, «sin tocar un punto ni una coma» tal y como había defendido el presidente Companys. Sin embargo, no cerró la puerta a la negociación con el pragmático presidente Samper hasta que en otoño se precipitó todo.
El proceso creciente de tensión social en el campo catalán, las conspiraciones de la CEDA para tomar el control del gobierno central con el objetivo de liquidar la democracia republicana, tal y como ya había ocurrido en la Alemania nazi desde hacía un año y también en la vecina Austria desde febrero con la deriva fascista del gobierno Dollfuss, contribuyeron a calentar un clima político que tuvo su punto álgido con la entrada del fascismo católico en el gobierno central. La formación de un ejecutivo radicalcedista dirigido por Lerroux y Gil Robles fue la gota que colmó vaso.
La tarde del seis de octubre el presidente pronunció una declaración desde el balcón del Palau de la Generalitat en defensa del autogobierno y de la República federal española: “Las fuerzas monarquizantes y fascistas que de un tiempo aquí pretenden traicionar la República han logrado su objetivo y han asaltado el poder” GALOFRÉ, Jordi. Documents de Catalunya: Recull de textos històrics. Barcelona: Barcanova, 1990, p. 271-272.
Lluís Companys, situado en la disyuntiva de aceptar una nueva etapa que significaba una regresión en los derechos más fundamentales, las políticas sociales y las aspiraciones de autogobierno del pueblo de Catalunya o bien dar un paso decidido hacia delante, optó por la segunda.
Al otro lado de la plaza, en sesión plenaria del Ajuntamento de Barcelona, el alcalde Pi Sunyer y los 22 concejales de la Esquerra se adhirieron. Una vez más la Lliga encabezada por Duran y Ventosa se opuso. Sus ocho concejales volvieron a hacer el vacío a Companys.
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