Si nos situamos en el terreno de las políticas públicas, es relativamente sencillo encontrar ejemplos que pongan de manifiesto este sesgo (o esta ceguera al género). Un ejemplo paradigmático es el cálculo de las pensiones por jubilación (unas pensiones que, no lo olvidemos, representan la mayor parte del gasto público del Estado en protección social). Ignorar la configuración y los roles asociados al género que tradicionalmente han vertebrado nuestra sociedad, acaba traduciéndose en políticas que remarcan y perpetúan las desigualdades existentes. Calcular las pensiones en base a una trayectoria laboral típicamente masculina (más continua, con más años cotizados y una base de cotización más alta) castiga el trabajo de las mujeres, ya que este se ha circunscrito al hogar y a la familia, restando, en consecuencia, invisible para las administraciones.
Otra muestra de este sesgo es la aplicación de cuotas como medida paliativa para reducir la diferencia entre el número de mujeres y de hombres que conforman un grupo de trabajo u organización. Más allá de la crítica que se puede hacer a la aplicación indiscriminada de cuotas, es interesante observar cómo el simple hecho de “poner mujeres en ciertos lugares” no hace que estos “lugares” sean más feministas o igualitarios, ya que, para que realmente se produzca un cambio amplio y profundo, no podemos conformarnos con una paridad forzada que, a menudo, no es nada más que apariencia. Uno de los efectos asociados a este tipo de prácticas es el llamado black-lash effect, que, brevemente, se entiende como la penalización social que las mujeres sufren cuando muestran actitudes contra-estereotípicas que ponen en duda el sistema de jerarquía hombre-mujer tradicional. Es precisamente por el hecho que incorporar mujeres solo por ser mujeres no es suficiente (porque esta acción, por sí sola, como decíamos, no representa un verdadero cambio de paradigma sino una mera estrategia más de marketing), que se vuelve necesario ir más allá, atendiendo con seriedad el contexto que nos enmarca, la diversidad que lo rige y las implicaciones sociales, económicas y políticas que se derivan. Así, adoptar la perspectiva de género en la evaluación de políticas públicas no sólo representa una acción más a llevar a cabo sino una cuestión troncal que hay que abordar.
Por esta razón, y porque es necesario cuestionar el sistema sexo-género predominante, se vuelve necesario exigir, no solo la implantación de políticas explícitas de igualdad, sino también la incorporación de la perspectiva de género en el diseño y la evaluación de todas las políticas públicas que se llevan a cabo. En última instancia, para entender la justificación que subyace esta demanda, hace falta escapar el marco de pensamiento neutral y comprender que la configuración socioeconómica actual no es casual. Cuando desde movimientos feministas se habla de la necesidad de feminizar las políticas públicas se hace con voluntad transformadora, con el propósito último de incidir en las dinámicas y las estructuras que rigen el funcionamiento de la sociedad. En esta línea, se han creado alianzas desde diferentes frentes para desarrollar una red común feminista que actúe en los diferentes niveles de las políticas públicas, implicando las administraciones, el conocimiento, las clases políticas y las usuarias. Una institución que recientemente ha empezado a trabajar, con rigor y convicción, en esta línea es el Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua), que recientemente ha publicado La perspectiva de gènere en l’avaluació de polítiques públiques, una guía que recoge el cometido que exponemos y ofrece un conocimiento claro y pragmático al respecto.
Tal como se afirma en esta última publicación de Ivàlua: «incorporar la perspectiva de género implica tomar en consideración sistemáticamente las diferencias existentes entre mujeres y hombres en los diferentes ámbitos, políticas o programas con la voluntad de identificar estas desigualdades y los factores que las generan, hacerlas visibles y diseñar y aplicar estrategias para reducirlas y avanzar, así, hacia su erradicación».
La guía que mencionamos es el resultado de un análisis exhaustivo que permite identificar y exponer diferentes herramientas para la aplicación de la perspectiva de género en las diferentes etapas de la evaluación. En este artículo, más allá de justificar su uso, queremos destacar algunas de estas herramientas. Antes de implementar una política es necesario hacer un estudio de las posibles resistencias a su materialización. No solo es interesante entender quién, por motivos ideológicos o por cuestiones personales, se opone a la implementación de medidas con perspectiva de género, sino también saber cómo la socialización dentro de la organización dificulta o no su implementación. Cuando hablamos de socialización nos referimos a cómo los roles de género están presentes de una forma más o menos fuerte en un grupo de trabajo mixto que en un trabajo individual. Conocer el peso que tiene en un grupo la ruptura o la replicación de las pautas relacionales derivadas de los roles de género nos permite evitar situaciones resultantes del llamado back-lash effect.
Para poner un ejemplo de cómo esta “naturalidad” asumida del sistema actual afecta a la manera de entender el sesgo de género, nos parece conveniente hacer referencia a un concepto desarrollado con detenimiento en la guía: la presa de decisiones. Tal y como hemos señalado, aplicar la perspectiva de género no es una cuestión fácil ni superflua, sino que representa un cambio profundo y, por esta razón, cuando se cuestionan las decisiones tomadas por hombres en organizaciones no se cuestiona (o no se tiene que cuestionar) solo la decisión, sino también el camino seguido para tomarla. En esta línea, tenemos que tener en cuenta que para que las mujeres tomen decisiones, no solo tienen que poder hacerlo, sino que también, y aún más importante, tienen que querer hacerlo; y el ambiente hostil, la penalización maternal y la desigualdad a la hora de distribuir el tiempo reproductivo hace que tanto sus prioridades como sus aspiraciones estén más limitadas y más condicionadas de entrada.
Para acabar, queremos señalar que con este breve artículo perseguimos un doble objetivo: por un lado, invitar a las diferentes organizaciones, instituciones y entidades a leer sobre la importancia de introducir la perspectiva de género en las políticas públicas y su evaluación con el fin de aplicarla en un futuro inmediato o próximo (ofreciendo como un muy buen punto de partida la guía práctica citada anteriormente); y, por otro lado, iniciar una reflexión sobre la neutralidad, cuestionándola, y entendiendo, como hemos dicho repetidamente, que el hecho de evaluar una política pública atendiendo al género implica reflexionar sobre la estructura patriarcal que rige la sociedad y sus efectos. Examinando no únicamente las situaciones más notorias o evidentes, sino también aquellas más sutiles y que tenemos más normalizadas, ya sea por costumbre o por incomprensión. Todas estas definiciones y clarificaciones nos sirven para decir que; conocer el impacto real de una medida (sea una política pública o empresarial) requiere necesariamente la incorporación de una perspectiva que comprenda las implicaciones que tiene para las mujeres, pero también para los hombres y la socialización de ambas partes. No solo esto, sino que también tenemos que tener presente otras categorías como la orientación sexual, la clase social y la etnia. Porque, no hace falta decirlo, la situación de una mujer heterosexual, blanca y de clase alta será radicalmente diferente a la de una mujer racializada de clase baja, y el objetivo en última instancia es que las políticas que se desarrollan desde las administraciones públicas tengan en cuenta esta interseccionalidad durante todo el proceso de formación, implantación y evaluación de las políticas públicas.
Olympia y Ainhoa son miembros de Espai08.
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