Las mayorías Demócratas en el Senado y la Cámara de Representantes votarán a favor de la Inflation Reduction Act antes de que el Congreso comience sus vacaciones de agosto. La cifra final en inversión y gasto queda lejos de los 3 billones de dólares que inicialmente pidió Joe Biden para el proyecto de ley Build Back Better, y también de los 1,7 billones de las negociaciones de hace un año.
Los más progresistas en el partido Demócrata están decepcionados con las concesiones hechas y la reducción de la inversión. Sin embargo, la Inflation Reduction Act cuenta con 433.000 millones de dólares en inversión. Del total, 369.000 millones se destinan al medio ambiente y energía, de los que 280.000 millones son para energías renovables y limpias. Esto constituye la inversión más alta en energía y lucha contra el cambio climático en la historia de los EE.UU. La ley se ha rebautizado con el nombre de Inflation Reduction Act para destacar los elementos del programa que pretenden disminuir la inflación. En junio la inflación creció interanualmente un 9,1%, nuevamente un registro que no se producía en cuarenta años.
La Inflation Reduction Act permitirá al programa federal Medicare negociar con las empresas farmacéuticas precios más bajos para los medicamentos. Biden cumple así una promesa electoral destacada. Medicare cubre los gastos médicos de los jubilados y de personas con discapacidades. Se fijará un límite de 2.000 dólares a los copagos que deben hacer los usuarios de Medicare. En algunos casos las farmacéuticas tendrán que hacer un descuento si el precio de los medicamentos sube más que la inflación. La ley también prorroga durante tres años las subvenciones y deducciones fiscales que se otorgan para que personas con rentas bajas puedan adquirir los paquetes de seguro médico establecidos bajo la Affordable Care Act de 2010, programa popularmente conocido con el nombre de Obamacare.
Según el ministerio de Sanidad, 3 millones de personas se quedarían sin seguro médico sin una extensión de las ayudas hasta finales de 2025. Los Demócratas argumentan que, si más personas de baja renta están aseguradas mediante Obamacare, no corren el riesgo de arruinarlo ante un estado médico o enfermedad grave, circunstancia que les impide trabajar y llevar vidas normales. La economía pues sale ganando tanto por los menores precios de medicamentos negociados por Medicare como por la extensión de las ayudas de la Affordable Care Act.
Prórroga y ampliación de deducciones fiscales para energías renovables
La ley fija un objetivo de reducción de emisión de gases de efecto invernadero (GEI) del 40% en el horizonte del año 2030. Pretende conseguirlo con mayores inversiones y deducciones fiscales en energías renovables. Prorroga las deducciones fiscales y créditos existentes tanto para la inversión como la producción en energías renovables y recorte en emisiones. Esto significa más créditos para la producción de turbinas, paneles solares y vehículos eléctricos. Las amplía para incluir unidades autónomas de almacenamiento de energía, controladores de microred, productores de electricidad proveniente de biogás e instalaciones pequeñas de interconexión – quedando excluidas líneas de transmisión.
Créditos adicionales se adjudican a proyectos en renovables en zonas industriales abandonadas y poblaciones en las que se produce carbón; a pequeños proyectos solares y eólicos desarrollados en comunidades de renta baja; y los que cumplan destinos de uso de materiales y contenidos nacionales. También se bonificarán las inversiones que se ajusten a determinadas regulaciones laborales como niveles salariales adecuados para crear puestos de trabajo de alta calificación y generación de capacidad nacional de producción. Se reduce el mínimo de captura de carbono necesario para acogerse a la deducción por captura y almacenamiento de dióxido de carbono (CEDC). Se otorgan 1,5 centavos por kilovatio hora (kWh) en crédito de producción hasta 2032 a centrales nucleares sin emisiones de gases de efecto invernadero.
Más allá de los detalles, la ley establece un principio importante. Una transición hacia la bonificación de la reducción (o evitación) de emisiones de GEI y no de una fuente de energía renovable concreta. Desde hace más de un año, el Build Back Better se estrellaba contra la oposición de dos senadores Demócratas: Joe Manchin de Virginia occidental y Kyrsten Sinema de Arizona. Con un Senado empatado a 50, los Demócratas necesitan los votos de todos sus senadores. Tanto Manchin como Synema son de estados conservadores y rechazaban la magnitud de las ayudas sociales que concedía el Build Back Better original. Por tanto, se han eliminado los pagos federales garantizados por nacimiento y baja médica, ayudas para el cuidado de niños y para familias con personas jubiladas a cargo. Para ganarse el voto de Manchin y frente a la realidad de la crisis energética causada por la invasión de Ucrania, se introducen incentivos para la exploración y producción de petróleo y gas natural, especialmente en terrenos y aguas federales.
También es cierto que entre marzo de 2020 y marzo de 2021 el gobierno y el Congreso aprobaron paquetes de estimulo fiscal por un total de casi 5 billones de dólares. Dos por un valor de 2,9 billones se negociaron entre el gobierno de Donald Trump y el Congreso, entonces con mayoría Demócrata en la Cámara de Representantes. El American Rescue Plan de 1,9 billones de marzo de 2021 fue impulsado por Biden y aprobado sólo con los votos de las mayorías Demócratas en el Senado y Cámara de Representantes. Otra inyección sustancial como la pedida en el Build Back Better original hubiera provocado mayor inflación. También se hubieran opuesto Demócratas moderados en la Cámara de Representantes, donde el partido del presidente cuenta con una mayoría de sólo seis escaños.
Asegurar una tributación justa de las grandes empresas
La Inflation Reduction Act de hecho reduce el déficit presupuestario federal en 306.000 millones de dólares en la próxima década. Lo logra mediante ingresos por valor de 739.000 millones de dólares. Estos fondos proceden del aumento de varios impuestos. Establece un tipo de impuesto de sociedad mínimo del 15% para las empresas con beneficios mayores de 1.000 millones de dólares. También aplica un impuesto a la recompra de acciones por parte de las empresas. Estas medidas son completamente acertadas y necesarias para que las empresas con mayores beneficios tributen lo que les toca.
El debate sobre la fiscalidad de las empresas lo han tergiversado los Republicanos y las asociaciones empresariales de EEUU. Es cierto que EEUU tenía un tipo de impuesto de sociedad muy alto (35%) en comparación con los demás miembros de la OCDE. Sin embargo, lo que cuenta es el tipo real después de beneficiarse de deducciones. Éste es del 27%, igual al promedio de los estados de la OCDE. Sin embargo, la bajada del impuesto de sociedades del 35% al 21% incluida en la reforma fiscal de 2017 y las numerosas lagunas del código fiscal permiten a las grandes empresas pagar muy poco en impuestos.
Según un estudio del instituto para la fiscalidad y política económica (Institute for Taxation and Economice Policy), en el 2020 cincuenta y cinco empresas gigantes no pagaron nada en impuestos pese a acumular beneficios de miles de millones de dólares. De las 55 empresas, 26 no desembolsaron nada en impuestos federal tres años seguidos — en 2018, 2019 y 2020. Estas 26 empresas conjuntamente acumularon beneficios de 77.000 millones de dólares en el trienio 2018-2020. Nike no pagó nada en impuestos federales en el 2020 a pesar de sus 2.800 millones de dólares en beneficios.
Lo mismo sucedió con American Express, que obtuvo beneficios de 1.200 millones en 2020. Empresas energéticas y de tecnología tan conocidas como Duke Energy, Kinder Morgan, American Electric Power, DTE Energy, Advanced Micro Devices, Archer-Daniels-Midland, Penske y Salesforce .com también están entre las 26. Estas multinacionales se aprovechan de lagunas en el código fiscal y también de la bajada del impuesto de sociedades del 35% al 21% que aprobó Donald Trump y el Congreso con la ley Tax Cuts and Jobs Acto de 2017.
Otro estudio del Center for American Progress mostró que 19 empresas del Fortune 100 (ranking de grandes multinacionales de EEUU) y del índice S&P de la Bolsa prácticamente no pagaron impuestos federales en 2021. En los casos de AT&T (con un beneficio de 29.600 millones), AIG (beneficio de 9.800 millones) y Dow Inc. (1.500 millones), aun obtuvieron devoluciones de la hacienda federal. Genistas con grandes beneficios como Amazon, ExxonMobil, Microsoft, JPMorgan Chase, Verizon, Federal Express, Ford, General Motors, Bank of America, Chevron, UPS, MetLife, Merck, Nike y Coca-Cola tributaron menos de un 10% en impuesto de sociedades en 2021, menos de la mitad del 21%. General Motors, por ejemplo, pagó un tipo de impuesto de sociedad del 0,2% en 2021, tributando sólo 20 millones sobre beneficios en EEUU de 9.400 millones. Chevron sólo tuvo que abonar 174 millones en impuestos federales (un tipo del 1,8%) pese a conseguir beneficios de 9.500 millones. Amazon registró un beneficio de 35.100 millones, pero sólo tuvo que entregar 2.100 millones, un tipo del 6,1%.
Un tercer estudio, de Americans for Tax Fairness, destaca cómo la aportación de las empresas a los impuestos federales disminuyó del 32% del total en 1952 a sólo el 10% en 2013. Doscientas ochenta y ocho empresas del Fortune 500 pagaron un tipo real en el impuesto de sociedades de sólo 19,4% entre 2008 y 2012. Cada años multinacionales de EEUU aparcan hasta 90.000 millones en beneficios en filiales de otros países, incluyendo paraísos fiscales. Las empresas estadounidenses tenían 2,1 billones en beneficios fuera de EEUU. Uno de los argumentos de los Republicanos cuando aprobaron la reforma fiscal de 2017 fue que conseguirían con incentivos y amnistías la repatriación de buena parte de estos beneficios, que se invertirían en nuevas fábricas y plantas en EEUU. Esto simplemente no ha sucedido.
El Congressional Budget Office (CBO) es la agencia federal independiente encargada de proporcionar información presupuestaria y económica al Congreso. El CBO proyecta que la Inflation Reduction Act tendrá un efecto inapreciable sobre la inflación en 2022, y que en 2023 sólo incrementará o disminuirá su inflación en 0,1 puntos. Esta previsión está basada parcialmente en que muchas medidas de la ley entrarán en vigor de forma gradual durante la próxima década. Aunque la Inflation Reduction Act no haga honor a su nombre a corto plazo, es una inversión acertada e histórica en energías renovables, lucha contra cambio climático, sanidad y tributación de las grandes empresas.
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