Han pasado cuatro años, pero todavía recuerdo perfectamente aquella instrucción –breve e impactante– que nos dejó perplejos: debíamos cerrar Barcelona. Debíamos prepararnos para la potencial enfermedad de miles, decenas de miles, de nuestros vecinos y vecinas. Teníamos que parar la actividad en las escuelas, mercados, el transporte, los puestos de trabajo, el ocio, el espacio público… Sin embargo, la perplejidad duró poco, porque íbamos a contrarreloj: ostentar un cargo público, tener una responsabilidad política, haber sido elegidos por las barcelonesas para cuidar de la ciudad tenía entonces más sentido que nunca.
Durante los meses que duró la pandemia, la actividad en el Ayuntamiento fue frenética. Sin embargo, y más importante, la actividad fue de absoluto consenso entre los grupos municipales y de estrecha colaboración con el resto de las administraciones y la sociedad civil. Gracias a ese trabajo coordinado y liderado por el Ayuntamiento pudimos situar dos prioridades: acompañar especialmente a las personas más vulnerables y llegar donde no llegaban las administraciones competentes. Fue así como pudimos abrir cuatro pabellones de salud con casi 550 camas para personas con COVID-19, seis Hotels Salut que sumaban 1.236 plazas para atender a pacientes con sintomatología –leve o asintomáticos– y otros cinco hoteles para ofrecer espacios de descanso al personal sanitario, que trabajó hasta la extenuación durante esos meses cruciales. También pudimos abrir hasta 15 nuevos módulos para ampliar la atención primaria y 25 puntos de vacunación gestionados desde el consistorio. Y quiero resaltar el papel protagonista de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, que hizo un trabajo quirúrgico en la ciudad, afinando qué colectivos eran prioritarios y en qué territorios era necesario poner más énfasis para luchar contra las desigualdades. Gracias al seguimiento de la ASPB pudimos detectar que la incidencia de COVID-19 era peor en barrios con mayor índice de vulnerabilidad, y respondimos con EPIS, comidas a domicilio, servicios de limpieza o derivación a Hotels Salut, menguando las desigualdades materiales. Y pudimos detectar, también, los efectos que esta pandemia tendría para la salud mental, por lo que presentamos un Plan de Choque, trabajado con 350 entidades de la ciudad, para desplegar grupos de apoyo emocional, grupos de duelo, políticas de prevención del suicidio o la red de psicólogo gratuito Konsulta’m.
En momentos de crisis, el Ayuntamiento ha demostrado que puede liderar incluso donde tiene pocas competencias. De esa experiencia aprendimos una lección: con voluntad política, se puede dar respuesta a las necesidades ciudadanas desde cualquier institución. Hicimos valer nuestra participación con un 40% en el Consorci Sanitari de Barcelona y nos coordinamos con el Ministerio y la Generalitat para hacer frente a la gestión de la pandemia. Cuatro años después, el Ayuntamiento no debería perder esta iniciativa, sino ampliarla: una óptica y fisioterapia públicos, un servicio de psicólogo en todas las escuelas, mantener el apoyo y servicios de los Vila Veïna… Desgraciadamente, también hay lecciones que no se han aprendido. La COVID-19 nos deja deberes pendientes en al menos tres ámbitos: en primer lugar, nuestro modelo residencial, altamente privatizado, es deficitario y no responde a las necesidades de las personas mayores. En segundo lugar, la atención primaria sigue siendo la clave para unos servicios sanitarios dignos y eficaces, pero arrastra una carencia de inversión histórica que le impide dar una atención de calidad. En tercer lugar, las políticas de salud pública se han demostrado excelentes en la prevención, así como en la corrección de las desigualdades en el acceso a la salud, pero a día de hoy todavía es la última de las prioridades en las políticas sanitarias. Estamos a tiempo de corregirlo, estamos a tiempo de salir mejores de la COVID-19.
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