Cada día llegan a Cataluña entre 25 y 50 menores no acompañados (MENA). El protocolo dicta que deben ser atendidos y tutelados por la DGAIA (Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia) de la Generalitat, dependiente del Departament de Asuntos Sociales y Familia, que les ha de derivar a Centros Residenciales (CRAE). Pero últimamente, debido al auge de menores que llegan a tierras catalanas, las instancias están esbordadas y los centros sin plazas. En los últimos meses se han dado varias crisis de asistencia a los MENA; el noviembre pasado se despertó polémica por menores durmiendo en las instalaciones de la Ciudad de la Justicia (donde los Mossos deben llevar a los MENA antes de ser tutelados por la DGAIA). Ahora, estos jóvenes vuelven a ser noticia ya que, debido a la falta de plazas en los CRAE, han estado durmiendo en las comisarías de los Mossos.
Los Mossos, tras haber acreditado que la persona realmente es menor de edad, deben quedar a la espera de que la DGAIA transmita a qué centro de acogida deben llevar al joven y, como que la DGAIA no dispone de ningún espacio de pernocta provisional, ante el aumento de MENA llegados a Cataluña en las últimas semanas, se han detectado casos de menores durmiendo en las comisarías hasta que queden plazas libres. Pero los centros no se descolapsan. Y la noche del 20 al 21 de septiembre, se han contabilizado al menos 15 menores pasando la noche en comisarías. Esta situación ha despertado un cruce de declaraciones entre los Departamentos de Interior (del que dependen los Mossos) y el de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia (del que depende la DGAIA).
Y es que desde que la Generalitat tuvo que cerrar un centro en el barrio de Hostafrancs, hasta 70 menores tuvieron que pernoctar en las salas de la DGAIA. Sobre mesas o en salas de visitas. Algunos de ellos tuvieron que ser ingresados en el hospital por inhalación de tóxicos y se reportaron avisos a los Mossos por peleas y disturbios. Pero las comisarías tampoco son espacio para los menores; así lo comunican desde el sindicato de los Mossos SAP-Fepol que considera que la «DGAIA no asume su responsabilidad», porque con «la excusa de la ausencia de plazas de acogida no ha querido asumir la guardia y custodia de los menores» y está sometiendo al cuerpo policial a un «chantaje».
Desde el Sindicato instan a su consejero, Chakir El Homrani, a que no traspase estas responsabilidad a los Mossos, avisándole de que no actuar sería una «irresponsabilidad absoluta». Por su parte, el consejero de Trabajo ha asegurado que «no hay posiciones diferentes dentro del gobierno». Pero el hecho de que los Mossos empezaran a trasladar jóvenes a diversos centros de Barcelona y Girona, ha despertado recelos entre los miembros del Departamento de Asuntos Sociales, que consideran que «la llegada a los centros sin que la DGAIA esté al caso, comportará un sobrecolapso del sistema» y apuntan que «se vulnera el protocolo de traslado y el circuito preestablecido entre los Mossos y la Dirección General», según ha avanzado TV3 en relación a un documento emitido por Asuntos Sociales al que ha tenido acceso la televisión pública.
L’emergència que té el país amb la gestió d’atenció dels menors no acompanyats és insostenible. No és un tema d’Infància, ni d’afers Socials. És un problema de país i com a tal caldria abordar-lo pic.twitter.com/LG6E4lQsgw
— Marta Ribas Frias (@martaribasfrias) 20 de setembre de 2018
Los centros de menores, «desconcertados»
El Departamento de Asuntos Sociales ha enviado un documento a los centros de menores asegurando que «en los próximos días, equipos de los Mossos llevarán a cualquiera de los Centros que la DGAIA tiene en Cataluña, a personas menores de edad que han sido identificadas en dependencias policiales para que sean atendidas. Así nos lo han hecho saber los mismos Mossos». En este mismo escrito, la DGAIA afirmaba desconocer los centros concretos donde los agentes se desplazarían. Esta novedad ha dejado a los centros de menores «desconcertados», tal como ha expresado la Federación de Entidades de Atención a la Infancia y la Adolescencia (FEDAIA) en un comunicado.
Las 95 entidades que agrupa la Federación se muestran «perplejas por la notificación de acoger por orden policial a los menores». Entendiendo, dicen, que esta situación es excepcional, consideran que es especialmente importante que se devuelva el criterio de acogida de jóvenes al sistema de protección a la DGAIA «y en ningún caso esté únicamente en manos de los cuerpos policiales». Y es que, según la Federación, los cuerpos policiales no tienen porque estar al corriente de los protocolos y los circuitos avalados que garantizan que el ingreso de los jóvenes a los centros sea el más idóneo y proporcione una garantía de protección.
Varios sindicatos, como CCOO han criticado la falta de «previsión y criterio» de la DGAIA. En la misma línea, UGT recuerda que la Dirección General no fue creada para dar respuesta a situaciones de índole específicamente «migratoria» y, considera que no tiene «ni recursos para dar respuesta por sí sola a la grave situación», mientras recuerda que el constante movimiento de cargos políticos «hace que sea inviable establecer una mínima continuidad en las políticas».
230 nuevas plazas para «contener la avalancha»
El Gobierno confirmó el jueves la creación de 230 nuevas plazas para acoger «la avalancha» de menores de las últimas semanas, repartidas en tres nuevos centros de emergencia y uno de primera acogida. Las 80 plazas del último, situado en El Masnou, ya están cubiertas. Y es que estos no son suficientes camas para acoger los 1900 menores no acompañados de nueva llegada que se han registrado en Cataluña en los ocho primeros meses del año -superando ampliamente los 1.480 del 2017.
Aunque las cifras crecientes ya alarman a los centros y profesionales desde el 2016, la directora de la DGAIA, Georgina Oliva, asegura que esta es una situación temporal y puntual que ha hecho colapsar el sistema. Así, afirma que se está actuando con la máxima celeridad posible, «creando nuevas plazas en cuestión de días cuando, normalmente, para la apertura de un nuevo centro se tardan meses».
En relación, sin embargo, a esta celeridad, colectivos como UGT consideran que «la apertura constante de centros sin otra misión que poner camas» no es la solución al problema. «Es un desperdicio de recursos» que, sin atención psicosocial y educativa para los MENA «produce conflictos de convivencia que sólo generan más rechazo social a la tarea de protección a la infancia y la adolescencia».
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