La página web del epartament de Treball, Afers Socials i Famílies dice: «El Día Internacional de las Personas con Discapacidad tiene como objetivos sensibilizar la opinión pública sobre los temas relacionados con la discapacidad y promover la toma de conciencia en cuanto a los beneficios que generaría la integración de las personas con discapacidad en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural».
A pesar de las buenas intenciones de las instituciones, varios sindicatos apuntan que todavía no se ha conseguido una integración digna a nivel laboral de las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Es por ejemplo el caso de CCOO que destaca que desde la publicación en 1982 de la LISMI (Ley de Integración Social de los Minusválidos), con su última modificación en 2013, la ratificación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con discapacidad en 2007 tanto en España como en Catalunya «quedan lejos de cumplir con las recomendaciones y la plena igualdad de derechos y oportunidades. A nivel del empleo, este colectivo no supera el 26% y la mayoría trabajando en sectores precarios y con un alto nivel de temporalidad».
Como ya sabemos, la situación generada a nivel mundial por el Covid-19 ha repercutido en el empleo de las personas trabajadoras. Según el estudio realizado en julio de 2020 por ODISMET (Observatorio sobre discapacidad y mercado de trabajo en España), el 60% de las personas con discapacidad que trabajan en la actualidad podrían perder su trabajo, y al mismo tiempo la contratación de personas con discapacidad ha caído un 74%.
También según este informe, los últimos datos disponibles registran un total de 1.899.800 personas con discapacidad entre los 16 y los 64 años, lo que representa un 6,3% de la población. Los indicadores vinculados al empleo muestran notables diferencias entre la población general y las personas con discapacidad: 1.254.200 personas, lo que supone un porcentaje del 62,3% del total, están inactivas laboralmente siendo, además, la situación de incapacidad permanente la principal causa.
El informe quiere destacar que la incapacidad está vinculada a la percepción de pensiones, «las cuales, al actual y precario mercado laboral se constituyen como un elemento de garantía económica, difícilmente renunciable en un escenario de inestabilidad contractual y bajos salarios. Respecto a las prestaciones económicas dirigidas al colectivo, el mayor volumen corresponde a las pensiones contributivas por incapacidad permanente, de las que se benefician 942.953 personas con discapacidad, con un importe medio mensual de 946,19 euros.
Siguiendo el hilo de las pocas contrataciones, en 2018 se realizaron 339.119 contratos a personas con discapacidad, que representan el 1,5% del total de contratos realizados durante ese ejercicio. Además, de todos estos, el 10,9% se realizaron por ser contratos específicos para personas con discapacidad (10,9%).
Así, unido a los desalentadores datos de contratación, sumamos la precariedad laboral. La tasa de temporalidad es del 89,3% el índice de rotación crece año tras año y el salario medio anual bruto de las personas con discapacidad, se fija en 19.726,2 euros, un 16,8% menos que la población general. Aparte, desde 2010, este salario se ha visto reducido en 827 euros; situación que no se reproduce en la población general, donde el incremento salarial es tenue pero constante.
El informe de ODISMET también destaca que, como todos los ámbitos, la precariedad se hace más patente en los grupos más vulnerables. «Las mujeres con discapacidad son objeto de una multidiscriminación que condiciona significativamente su acceso al empleo y sus condiciones laborales.
El Covid-19 suma inestabilidad en la inserción de las personas con discapacidad
Partiendo de la base de que como grupo especialmente vulnerable la crisis económica derivada de la alarma sanitaria del Covid-19 podía afectar de manera incisiva, cerrando puertas, incrementando la pérdida de empleo y obstaculizando la reinserción laboral.
En el conjunto de la población con discapacidad la tasa de ocupación es del 26%, la muestra se posiciona en el 29%. Es complejo pues el acceso al mercado de trabajo. Un mercado donde el 53% está parado, el 27% está trabajando por cuenta ajena y un 2% trabaja por cuenta propia. A esto hay que añadir que entre los que trabajan, el 37% lo hace a jornada parcial. Un nuevo informe de ODISMET que habla sobre el impacto de la Covid entre las personas con discapacidad señala que la mayoría trabajan en Centros Especiales de Empleo y tienen dificultades para acceder al mercado laboral ordinario. Así, la mayoría también son trabajadores no cualificados. Trabajadores que suelen ser los más afectados por despidos o recortes.
Ante la difícil situación económica, las empresas en que trabajan las personas con discapacidad encuestadas han aplicado un ERTE en un 42% de los casos. En un 17% ha optado por el teletrabajo y un 12% han incluido reducción de jornada. Tan sólo un 2% consideró el despido de trabajadores. Aunque muchas empresas han emprendido acciones consecuencia de la pandemia, lo cierto es que hasta un 28% de las personas consultadas afirman que ninguna de estas medidas les ha afectado directamente a ellos. Ahora bien, de manera personal y específica, hasta un 37% se han visto afectados por un ERTE y un 14% han pasado a la modalidad de teletrabajo.
«La pregunta obvia a la vista de estos datos sería reflexionar si las medidas adoptadas por las empresas están afectando en mayor o menor medida a las personas con discapacidad, especialmente los ERTE», cuestiona el estudio. Y responde que en este sentido y con los datos disponibles parece factible afirmar que efectivamente las personas con discapacidad se están viendo afectadas en mayor medida por estas fórmulas excepcionales.
Sin existir controversia sobre el número de ERTE realizados, los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social apuntan 620.000 personas afectadas por estos. Si se dan por buenas las cifras sobre los más de 19,7 millones de ocupados, estaríamos hablando de una tasa de impacto del 3%. Por lo tanto, el estudio, asumiendo los márgenes de error de esta encuesta, asume que este 37% de personas con discapacidad afectadas por un ERTE evidencian que el efecto entre el colectivo es notablemente superior.
Ante esto, sindicatos como CCOO de Catalunya piden medidas de seguridad y protección ante el Covid-19 para las personas con discapacidad y defensa de su inserción laboral. Lo hacen, según dicen, «tras constatar el efecto de la pandemia sobre las personas con discapacidad y sus familias, la indefensión económica y laboral, la inestabilidad de centros especiales de empleo y el bloqueo de la inclusión en la empresa ordinaria». También en observar la falta de información sobre cómo el Covid-19 está afectando y condicionando a las personas con discapacidad en sus esferas vitales como la falta de medidas de protección social dirigida a estos colectivos.
Algunas de las demandas en esta línea son dotar de trabajos estables, equipos de protección y hacer test rápidos a estas personas para dar seguridad y protección. Pero también, por ejemplo, actuar sobre la brecha digital entre las personas con diversidad funcional, personas que no tienen ni competencias ni recursos para el uso de las vías telemáticas.
¿Qué se reclama el 3 de diciembre?
El 3 de diciembre de 1992 fue declarado como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta declaración fue acompañada de una larga lista de recomendaciones y derechos para su ratificación y aplicación por parte de los estados. El objetivo: avanzar en la igualdad de derechos y oportunidades, dignidad, inserción laboral y la autonomía personal.
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad firmada en diciembre 2006, da un marco protector y garantista, inédito en el sistema de la ONU y en el derecho internacional, para las personas con discapacidad. Entre otros elementos contempla la no discriminación, la participación e inclusión plena y efectiva, el respeto y el reconocimiento de la discapacidad como una forma de diversidad, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad, la igualdad entre hombres y mujeres.
A nivel laboral, el reconocimiento del derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones como los demás, esto incluyendo el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo entrega escogido y aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles para las personas con discapacidad.
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