Centenares de personas se manifestaron el sábado en Barcelona en contra del racismo y para reclamar igualdad en las condiciones de acogida “vengan de donde vengan los refugiados”. Las organizaciones convocantes lamentan que las medidas activadas por la Unión Europea son una excepción y no marcarán un cambio de tendencia en política migratoria
“Desde las instituciones se está legitimando que se acoja a las personas según su color de piel y su proximidad cultural”, afirma María Creixell de Obrim Fronteras, una de las convocantes de la manifestación junto con la Unidad contra el fascismo y el racismo (UCFR). La protesta tuvo lugar el sábado en Barcelona, dentro de la jornada internacional convocada por la red global World Against Racism and Facism y en el día contra el racismo declarado por la ONU. A pesar de que el tiempo no acompañaba, contó con el apoyo de unas trescientas personas. “Pedimos acogida para todas, también para la gente que tiene que saltar vallas, a la que se la recibe a golpe de porra”, decía Yolanda Mauricio, de UCFR.
Con un ambiente festivo y, a la vez, de reivindicación, los manifestantes tiraron proclamas como “la ley de extranjería mata gente cada día”, “papeles para todas” o “ser inmigrante no es un crimen”. El Sindicato de Trabajadoras del Hogar y los Cuidados y el Sindicato de Manteros, desde primera fila, reclamaron “respeto para los inmigrantes”.
Las críticas a la ley de extranjería protagonizaron la jornada. “Se tiene que cambiar la ley de extranjería porque es una ley racista que alarga injustamente los procesos de tramitación y no permite que la gente trabaje”, afirmaba Aicha El Mealem, portavoz de la juventud multicultural musulmana. Los manifestantes reclamaron las condiciones de acogida que el estado español está estableciendo para las personas refugiadas procedentes de Ucrania. La Unión Europea ha activado por primera vez la norma de acogida ilimitada de refugiadas a raíz de la invasión de Ucrania por parte del régimen de Vladímir Putin. Además, el Gobierno español ha afirmado que resolverá en 24 horas las peticiones de protección temporal de los ucranianos, que incluye la autorización de residencia y trabajo.
[FOTOGALERIA] Centenares de personas se manifestaron el sábado en Barcelona en contra del racismo | Pol Rius
Maria Creixell lamentaba que las medidas aplicadas son una excepción y no marcarán un cambio de tendencia en política migratoria, “desde las instituciones se está diciendo que solo nos tenemos que volcar socialmente con los refugiados de algunos países”. La burocratización aboca a las personas inmigradas a la irregularidad administrativa y las empuja a la economía sumergida.
La ley de extranjería exige un visado o una solicitud de asilo favorable. Tramitar un visado no está al alcance de todo el mundo, puesto que exige acreditar unos ingresos determinados, tener un domicilio de acogida y pagar los gastos del trámite y solicitarlo no implica que se conceda. La alternativa es conseguir un asilo favorable, pero el estado español el 2020 denegó un 95% de las solicitudes. Solo aprobó 88.762.
En España hay más de 600.000 personas en situación irregular, motivo por el cual #*RegularizacionYa necesita medio millón de firmas para aprobar una iniciativa legislativa popular que someterá a debate en el Congreso la regularización de los inmigrantes. “Alentamos al PSOE a aprobar una medida tan necesaria ahora mismo”, afirmaba Victoria Columba, de la plataforma, quien insistía en la “necesidad de abolir una ley de extranjería que nos obliga a trabajar en economía sumergida y en condiciones precarias”.
Vivir en España en una situación irregular impide acceder a un trabajo legal, una prestación social, abrir una cuenta bancaria o un alquiler. A pesar de que la ley contempla otras vías de regularización más “sencillas”, son solo para situaciones extraordinarias como el reagrupamiento familiar, matrimonio con un ciudadano español o la protección internacional. La vía más recurrente para obtener la documentación es el arraigo social que exige una permanencia en el territorio de tres años, un contrato laboral de un año a jornada completa y dos cursos de idiomas, de catalán y castellano.
Para demostrar la estancia de tres años en el país es necesario un padrón, que garantiza el acceso a sanidad y educación. Aun así, muchos ayuntamientos ponen trabas al exigir un contrato de alquiler que sin papeles no se puede lograr. Un callejón sin salida, aunque no el único. El contrato laboral de un año a jornada completa es otro de los requisitos al que ni muchos españoles acceden por un sistema laboral precario y con una elevada temporalidad.
Este largo proceso burocrático se hace bajo la amenaza de ser deportados dado que no tener papeles es un delito. El estado dispone de ocho centros de internamiento que al cabo de un máximo de sesenta días permite expulsarlos del país. Obtener la documentación no es un derecho sino más bien un premio, dado que el permiso de residencia es temporal y para renovarlo hay que tener una continuidad laboral y, por lo tanto, pueden volver a la casilla de salida. “Esta ley se estableció para evitar que la gente viniera, pero la gente continúa viniendo, en consecuencia, tenemos que facilitar las cosas” reclama Aicha El Mealem.
Las reivindicaciones de los manifestantes eran claras, para todas las personas refugiadas las mismas oportunidades, “vengan de donde vengan”. Miquel, uno de los manifestantes, mientras levantaba un cartel con el lema “Black lives matter”, afirmaba que “hace falta que empatizemos con el hambre y el sufrimiento de todas las personas del mundo” y “dejemos de tener refugiados de primera y de segunda”.
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