Hace unas semanas hablábamos de que la esperanza de vida de la población estadounidense (EE.UU.) es inferior a la europea en todas las franjas de edad. Además, se observa que las diferencias en la mortalidad relacionadas con el grado de riqueza son mayores. Otros indicadores más específicos, como la mortalidad infantil o la mortalidad evitable, presentan también tasas muy altas. Esta realidad es achacable a causas sociales y culturales así como al tipo de sistema sanitario y de apoyo social tradicionalmente más débiles. Un país que posee las más avanzadas tecnologías y que tiene el sistema sanitario más caro del mundo, que dedica a la sanidad un 17% de su PIB, muy por encima de lo que le dedican los países europeos, es, en cambio, uno de los más inefectivos.
La naturaleza del sistema sanitario de EE.UU., basado en las pólizas privadas y en un sistema público para los grupos de población más pobres, MEDICAID, explica sus malos resultados. Los modelos sanitarios presentes en los países europeos, sean del tipo Servicio Nacional de Salud o Seguridad Social, proporcionan mayor cobertura poblacional, mayor equidad y mejores resultados en salud. Lo denuncia el profesor de Historia en la Universidad de Yale, Timothy Snyder, en el libro Nuestra enfermedad (Galaxia Gutenberg, 2020) cuando dice que su sistema está concebido como un negocio para crear riqueza y que, de forma secundaria, realiza cierta asistencia sanitaria.
Pese a esta dura realidad, las perspectivas no van hacia una mejora. Con la llegada de Trump y su gobierno se confirman las amenazas que las políticas ultraneoliberales representan para todos los sistemas y programas de protección social y de la salud. Tanto es así que, al poco de constituirse el nuevo gobierno, ya se anunció un paquete de recortes para MEDICAID, que han sido aprobados por la mayoría del partido republicano en la Cámara de Representantes y que, muy probablemente, verá la luz verde en el Senado. Este sistema público presta atención a unos 80 millones de personas que tienen bajos ingresos y está gestionado por los estados con financiación de fondos federales. Representa una red de seguridad para la gente más vulnerable: niños, mujeres embarazadas, discapacitados, veteranos y familias trabajadoras de bajos ingresos o inmigrantes, que no pueden asumir el coste de un seguro privado, que de media asciende a unos 450€ mensuales para una persona joven.
Las medidas en marcha suponen una reducción de 700.000 millones de dólares y que unos 8 millones de personas pierdan la cobertura sanitaria. Algunas asociaciones profesionales estiman que, debido a los recortes presupuestarios, podrían producirse unas 50.000 muertes anuales que serían evitables si se mantuviera la financiación actual.
Muy rápidamente se ha generado un movimiento de denuncia de los graves efectos sobre la salud y la esperanza de vida que tendrán las restricciones presupuestarias. En entornos médicos se ha plasmado en una declaración unitaria de 50 asociaciones, Letter from State Medical Societies to House and Senate Leadership Regarding Medicaid Cuts, que pide detener la reforma. Los recortes, dicen, impactarán en todos los pacientes de MEDICAID, que dejarán de recibir algunos de sus beneficios actuales y el acceso a servicios sanitarios esenciales. Sin cobertura sanitaria empeorará el estado de salud de millones de personas y la carga financiera recaerá en los estados, médicos, hospitales, poniendo en peligro la viabilidad del sistema sanitario. Las comunidades rurales, donde MEDICAID cubre a más niños que en las zonas urbanas y donde es más probable que las familias no tengan seguro, se verán más afectadas.
Se contempla también un probable efecto cascada en todo el sistema sanitario porque hospitales rurales, consultas médicas y residencias de ancianos se verán obligados a cerrar. Muchos profesionales sanitarios se quedarán sin trabajo. De una u otra forma, los costes acabarán afectando a las primas de seguro, que serán más altas, y los presupuestos de los estados, que se verán obligados a reducir servicios o subir los impuestos porque no podrán absorber los gastos sanitarios que hasta ahora iban a cargo de los presupuestos federales.
No es la primera vez que médicos, sea individual o colectivamente, se declaran en defensa de la salud de amplios sectores de ciudadanos. En una de las sanidades –y medicinas– más mercantilizadas del mundo, el pronunciamiento unitario de 50 asociaciones médicas contra políticas que atentan contra los derechos más básicos tiene un valor sanitario, político y ético, tres valores que están estrechamente relacionados. El compromiso con los pacientes trasciende más allá de la consulta porque la salud y la enfermedad tienen que ver con lo que ocurre en la sociedad, con las leyes, con los presupuestos públicos, con el acceso a los servicios, con el sistema de cuidados y con todo lo que impacta en las condiciones de vida.
La médica y profesora de la Universidad de California Alice Chen y Vivek Murthy, que ha tenido altas responsabilidades en la administración sanitaria de EEUU, hablan del poder de los médicos en el artículo The Power of Physicians in Dangerous Time y recuerdan que la esencia de la medicina es disminuir el sufrimiento humano y proteger la dignidad. A lo largo de la historia y en EEUU, en algunas ocasiones la profesión médica se ha comprometido a favor de las personas que estaban en peligro y han logrado mejoras en sus vidas. Ponen como ejemplo el trabajo de los médicos junto a los pacientes para conseguir la ampliación de MEDICAID en 40 estados, o su papel en la creación del Tratado de No Proliferación Nuclear.
Chen y Murthy creen que ahora es un momento en el que los médicos deben actuar, porque la crisis va más allá de la política, se trata de la salud y la vida de las personas y las comunidades. Plantean adquirir compromisos con los pacientes que tienen delante para no abandonarlos, influir en los legisladores y gobernantes utilizando sus conocimientos, y trabajar con las comunidades. Pero también se trata de primar los valores de la profesión a favor de la dignidad humana, la ciencia y la atención a los enfermos. No pronunciarse equivaldría a una falta de liderazgo que dañaría la salud y debilitaría aún más la confianza pública en la comunidad científica y médica. Los médicos tienen el poder de defender la dignidad y el bienestar de los demás en tiempos difíciles, es un código moral de la profesión que puede guiar a través de las dificultades del presente hacia la esperanza de un futuro mejor.
Los tiempos oscuros atraviesan otras sociedades y otras sanidades. La austeridad ha sido aplicada en numerosos países, incluido el nuestro, con crueldad a partir de la crisis financiera de 2008 y ha erosionado gravemente los servicios públicos y los profesionales. Un informe del Instituto de Equidad en Salud del University College de Londres calcula que la austeridad ha provocado un millón de muertes prematuras en Reino Unido.
Por eso, los médicos no podemos permanecer callados o inmersos en la desesperación o la pasividad. Guiarnos por los valores de la profesión y velar por la salud y la vida de las personas pone en marcha mecanismos de resiliencia frente al daño científico, sanitario y moral que suponen los recortes y todas las ofensivas neoliberales de nuestros días.


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