Reportaje

El aumento de precios subraya la insostenibilidad del modelo de distribución alimentaria

El lunes finalizó sin acuerdo la primera reunión entre ministros, patronales representantes de empresas como Mercadona o Lidl, y asociaciones de consumidores. Díaz dijo que era solo el primer encuentro y lo tildó de haber sido muy constructivo, e invitó a los participantes a otra sesión en los próximos días. Sin embargo, las empresas tienen la postura de que la iniciativa no sirve para abordar los desafíos que enfrenta el comercio y el IPC de alimentos en la actualidad. Empresa y Estado parecen haber entrado en un juego para ver quién tiene que pagar el pato: o el sector privado reduce margen de beneficio, o el sector público la entrada de dinero a las arcas del estado mediante los impuestos. Así defiende Ignacio García Magarzo, director general de ASEDAS (Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados), que expresó su rechazo a la cesta de productos básicos propuesta por Yolanda Díaz y sostiene la rebaja del IVA para algunos productos de alimentación como medida para reducir inflación.

Aurelio Pino, presidente de la patronal ACES, declaraba que la idea de Díaz podría vulnerar el marco legal. Para el secretario general de FACUA, Rubén Sánchez, la propuesta tendría amparo: “sí que sería viable, el artículo 13 de la ley del comercio minorista de enero de 1996 plantea que se pueden establecer precios a los productos básicos y se pueden intervenir los márgenes de beneficio”.

Productos básicos y precios máximos

El gigante distribuidor valenciano, Mercadona, declaraba en 2021 que aumentaron los precios un 2% debido al incremento del coste de materias primas y transporte, y que sus beneficios habían bajado algo más de un 6% respecto al año anterior, el 2020. Pese a la reducción de beneficios, estos fueron un total de 680 millones de euros. Se estima que en este 2022, el precio final al que los consumidores obtienen los productos ha incrementado ya aproximadamente un 11% debido a la inflación. El incremento de costes pues, los asume el bolsillo del consumidor: “la medida de regular los precios beneficiaría a los consumidores, si el Gobierno catalogara una serie de X productos como básicos y se estableciera un precio máximo, no se podrían vender en mercado por encima de ese tope”, explica el Secretario General de FACUA.

El incremento de costes los asume el bolsillo del consumidor

Otro punto clave en el papel de las grandes distribuidoras, es su mala relación con los productores del sector primario: la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), denunciaban en julio que los intermediarios (distribuidoras) estaban incrementando precio final del producto sin justificación alguna, llegando a subir un 600% en algunos casos. Sin embargo, en España los agricultores y ganaderos viven desde hace tiempo una situación precaria en la que incluso han llegado a vender materia a pérdidas. Esta situación, como explica Rubén Sánchez, debe revertirse de inmediato con el gobierno “asegurándose del cumplimiento de la ley de cadena alimentaria, que plantea que no se pueda vender materia primera por debajo del coste” para así cuidar a un sector “históricamente castigado” que ve como el producto que le compran, luego se vende con un precio descomunalmente inflado.

Las oligarquías alimentarias

Las grandes distribuidoras que han formado parte de la reunión con Yolanda Díaz no están dispuestas a dar el brazo a torcer, como bien dice el Secretario General de FACUA, “están cerradas en banda, sin dar alternativas”. Propuestas como la cesta de Carrefour, de 30 productos por 30 euros, parece que serán el mayor gesto por parte de los supermercados. En un modelo de oligarquías de la alimentación, donde unos pocos con mucha capacidad abarcan todo el sistema, iniciativas como Foodcoop BCN nos dejan ver que quizás el camino ni es regular los precios, ni bajar los impuestos, ni hacer cestas de 30 euros donde no hay ni un producto fresco. Quizás el camino sea crear un nuevo camino.

Quizás el camino sea crear un nuevo camino

Silvio Covolo es el dinamizador comunitario del primer supermercado cooperativo establecido en Barcelona. La propuesta forma parte de la Xarxa de Economía Alternativa y Solidaria de Catalunya, y funciona sin ánimo de lucro: “nuestro primer objetivo es poder proveernos de productos agroecológicos y de calidad a un precio justo tanto para nosotros como para los productores, se les paga por la materia primera un precio que les permite trabajar en condiciones dignas”, explica Covolo. La idea del supermercado cooperativo radica en hacer accesible y justo el acceso a los productos, aplicando total transparencia a los precios y basándose en un elemento clave: “está hecho para la gente y no para las directrices del mercado”, añade el dinamizador.

La idea del supermercado cooperativo radica en hacer accesible y justo el acceso a los productos

La transparencia es la bandera de esta alternativa a los sistemas que forman el status quo de la distribución alimentaria, y es que cuando compras un producto en la cooperativa, sabes que el beneficio de margen aplicado siempre es del 30%. “Imagina que compras algo que cuesta un euro. Pues es tan simple como que sabes que nosotros le hemos pagado al productor 70 céntimos por esa cosa. No tenemos ánimo de lucro, así que el beneficio que se aplica es el que se usa para pagar el sueldo a los trabajadores que forman la plantilla, el local… cuestiones básicas del funcionamiento de la cooperativa”.