La derecha extrema ha demostrado que se puede desarrollar otro modelo de dominación y neutralización del adversario. En nuestra retina histórica solemos imaginar el autoritarismo impulsando procesos de censura, detenciones, acoso callejero a minorías. Hoy un gobierno puede mantener las instituciones, convocar elecciones y tolerar a sus adversarios mientras les va quitando, poco a poco, la capacidad de actuar sin necesidad de prohibir la oposición, y con un hostigamiento basado en el insulto, el desprecio y la mentira, haciendo difícil la vida de los adversarios.
Uno de sus argumentos —valga la ironía de sus posiciones— apela a que votar cada cuatro años legitima su actuación. Pero esta no es una medida suficiente para sostener una democracia. Si esta no cuenta con partidos, sindicatos, asociaciones y medios capaces de discutir lo que decide el gobierno y confrontar con ella, es un modelo incompleto. Sin contrapesos, diálogos sociales, consensos, acuerdos sectoriales, las elecciones siguen celebrándose, pero el modelo queda trunco en la dimensión de la transparencia, la opinión, la diferencia.
Esto es muy importante: es necesario entender quién gobierna, pero entender también qué margen le queda a quien no gobierna. Un partido puede tener escaños y, a la vez, enormes problemas para financiarse, salir en los medios o movilizar a los suyos. El deterioro empieza cuando el poder (autoritario) usa los recursos del Estado para agrandar esos problemas en la oposición. Este modelo tiende a abusar de esta asimetría entre gobierno y oposición, e inclusive soslayando a los suyos, encerrándose en una torre de marfil impermeable a la interacción social.
Esta nueva tipología de acción política, que se expresa en la extrema derecha actual, no necesita intervenir con métodos violentos. Su táctica practica métodos que consisten en retocar una ley, multiplicar las inspecciones, cerrar el grifo de las subvenciones, empujar investigaciones judiciales selectivas o desacreditar sin descanso a quien le critica. Cada medida, por separado, puede defenderse como legal. Juntas, cambian las reglas del juego. Combatir las ideas de un adversario es lo normal en una sociedad plural; impedir que pueda expresarlas, o promover mecanismos que las eviten es algo muy distinto.
Combatir las ideas de un adversario es lo normal en una sociedad plural; impedir que pueda expresarlas, o promover mecanismos que las eviten es algo muy distinto
Un trabajo reciente de Ege Asutay, Niclas Berggren y Christian Bjørnskov, publicado en el Journal of Institutional Economics, ayuda a entender lo que está pasando con datos concretos. Los autores analizan 79 regímenes en sendos países entre 1970 y 2019 y encuentran que, cuando crece la presencia parlamentaria del populismo de derecha, empeoran después las libertades y la participación de la sociedad civil, sobre todo si esas fuerzas dominan el Parlamento. Con el populismo de izquierda, los resultados son bastante más débiles e inconsistentes, con algunas excepciones que se excluyen del análisis en países como Nicaragua o Cuba que no entran en la categoría de populismos de izquierda democráticos. (como sería el caso de Kirchner).
Lo interesante es dónde ponen el foco. No miran solo la prensa o los tribunales, sino el terreno de las organizaciones sociales: el lugar donde la gente se junta, defiende intereses y puede plantar cara al poder. La sociedad civil no es un adorno. Casi cualquier demanda que acaba en un parlamento ha pasado antes por una asociación, un sindicato o una protesta. Si ese espacio se estrecha, se estrechan también las alternativas.
Ahí está la paradoja del populismo autoritario: en nombre del pueblo recorta la autonomía de las organizaciones a través de las cuales ese pueblo habla. El gobernante se presenta como su único intérprete, y quien discrepa pasa de adversario legítimo a obstáculo que hay que quitar de en medio.
Hay otra cara del asunto: lo que cuesta oponerse. Mihai Mutascu, en un artículo publicado en septiembre de 2026 en Constitutional Political Economy, plantea un modelo teórico sobre el uso sesgado de la justicia. Su conclusión inquieta, ya que si estar en la oposición aumenta el riesgo de ser investigado o sancionado, algunos dirigentes pueden preferir acercarse al partido en el poder aunque no hayan hecho nada irregular. En el caso de Trump se observa que no toda investigación a un opositor es persecución, pero el uso desigual y tendencioso de los instrumentos del Estado sirve para amedrentar a cualquier adversario. Porque la represión no necesita alcanzar a todos para funcionar. Con castigar a unos pocos, muchos otros se lo piensan dos veces.
Ese miedo también desgasta a las organizaciones. La que gasta sus recursos en defenderse de expedientes tiene menos para pensar en propuestas. El sindicato bajo presión constante acaba luchando por sobrevivir. El medio asfixiado económicamente investiga menos. Y quizá lo más grave no sea lo que se reprime, sino lo que nunca llega a nacer: una organización nueva, un liderazgo distinto, una coalición capaz de disputar el poder.
Muchas veces el objetivo no es acallar una crítica concreta, sino impedir que el malestar se convierta en acción organizada. Una ciudadanía descontenta pero dispersa puede indignarse en redes o votar en contra, pero le costará mucho levantar una alternativa duradera. El poder lo sabe: premia la adhesión, castiga la discrepancia y convierte la neutralidad en una forma de supervivencia.
Muchas veces el objetivo no es acallar una crítica concreta, sino impedir que el malestar se convierta en acción organizada
Conviene no exagerar. No toda democracia con conflictos institucionales va camino del autoritarismo. Los Estados democráticos también investigan, sancionan y ponen límites a las organizaciones. La diferencia está en las garantías, en que las normas se apliquen a todos por igual y en que el gobierno pueda ser controlado de verdad. Sin eso, la ley acaba sirviendo para restringir el pluralismo que debería proteger.
Cuando la oposición pierde capacidad de propuesta, además, el debate público se empobrece. Se habla menos de alternativas económicas o sociales y más de identidades, insultos y trincheras. El gobierno se presenta entonces como la única garantía de estabilidad frente a una oposición débil y dividida, y cuanto más dura sin contrapesos, más fácil le resulta usar las instituciones para seguir ahí. Es un círculo difícil de romper.
Por eso, al hablar de erosión democrática no basta con negar su existencia por el hecho que hay elecciones o comprobar que el Parlamento sigue abierto. Hay que preguntarse cuánta capacidad real tienen los ciudadanos para organizarse, discrepar y convertir sus demandas en proyectos, y como los modelos autoritarios cercenan esta capacidad.
Una democracia no es solo poder elegir a quien gobierna; es también poder construir una alternativa y sustituirlo. Cuando eso se va cerrando, las instituciones pueden seguir en pie, pero la democracia empieza a quedarse vacía.
