Hay que remontarse al 2011, el último año de la segunda legislatura del ejecutivo de Rodríguez Zapatero y pocos meses después del recorte del estatuto hecho por el Tribunal Constitucional, para encontrar una inversión más grande en Cataluña en los presupuestos del estado español. Los 2.548 millones de euros del 2011, que supusieron entonces el 15,2% del total de la inversión real presupuestada regionalizable, son la cifra total más alta de la última década.
Los presupuestos que el jueves recibieron el visto bueno en primera instancia del Congreso vuelven a reavivar el gasto en el territorio catalán, a pesar de que los 1.999 millones de euros todavía quedan lejos de las del primer año de la década pasada. Ahora bien, suponen un incremento del 58% respecto de los últimos presupuestos vigentes, aprobados el 2018 con Cristóbal Montoro (PP) al frente de Hacienda.
Además, en las cuentas para el 2021, la parte destinada a Cataluña supone un 16,5% de la inversión que se puede dividir por regiones. El porcentaje es de récord, puesto que desde que se empezó a contabilizar el porcentaje total de la inversión regionalizable el 1997, nunca había sido tan alto. Hasta ahora, la porción más grande recibida por Cataluña era el 15,9% del año 2003, con 2.556 millones de euros de un total de 16.100 regionalizables.
¿Inversión igual al PIB? 200 millones en juego
La disposición adicional tercera del Estatuto de autonomía del 2006 determina que «la inversión del Estado en Cataluña en infraestructuras se equiparará a la participación relativa del producto interior bruto (PIB) de Cataluña en relación al PIB bruto del Estado por un periodo de siete años».
Es decir, el estatuto garantizaba que la inversión presupuestaria en Cataluña sería proporcional a su aportación al producto interior bruto estatal, que es el conjunto de bienes y servicios que produce una región geográfica en un determinado tiempo. El texto fue reinterpretado por el Tribunal Constitucional en 2010 al considerar que no vinculaba el Estado porque los presupuestos son un trámite que dependen de las cortes españolas.
Si bien el contenido quedó sin validez de facto, la idea de recibir lo mismo que se aporta al Estado ha quedado en el imaginario colectivo de la política y de la economía catalana. El hecho no ha pasado por alto en el ejecutivo de Sánchez. «El presupuesto respeta el Estatuto de autonomía de Cataluña», dijo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa de presentación del proyecto de presupuestos en octubre.
La afirmación de la ministra se basa en el hecho de que Cataluña, además de recibir los 1.999 millones de euros en materia de inversión regionalizada, recibirá en 2021 una cifra de 200 millones de euros pendientes. La transferencia se debe a una sentencia del Tribunal Supremo del 2017 relativa a las cuentas del 2008. Con los 200 millones que debía el Estado en aplicación del veredicto judicial, la suma que se llevará Cataluña será de 2.199 millones de euros, lo que supondría un 18,1% del total.
Ni con este añadido se llega a la cifra de PIB que aporta Cataluña al global del Estado, que es del 19,01%, según los datos del 2019 del Instituto Nacional de Estadística (INE). Además, los 200 millones extras son un añadido que no se tiene en cuenta en el total de inversión regionalizada. Dicho de otro modo, la inversión en Cataluña de los presupuestos del 2021, un 16,5% del total, se quedan a 2,5 puntos porcentuales de cumplir con lo que proponía el estatuto catalán.
Melilla y Murcia, al frente en inversión por habitante
Los 1.999 millones de euros en inversión real que ha previsto el Estado en Cataluña para el 2021 son la segunda cifra total más alta, sólo por detrás de los 2.146 destinados a Andalucía y por delante de los 1.250 millones para la Comunidad de Madrid, que cierra el podio. Si a estas tres autonomías se le suma la cuarta, la Comunidad Valenciana con 1.164 millones de euros, la inversión representa el 54% del total del Estado.
Ahora bien, esto no significa que es donde más está invirtiendo el gobierno español en función del producto interior bruto ni en relación a la población. La ciudad autónoma de Melilla es la que más inversiones recibirá en proporción a su población, con 640 euros por habitante. Le acompañan al frente Murcia, con 420€, y Cantabria con 405€.
La inversión en función de la población de las comunidades autónomas revela desequilibrios destacados. De los 640€ que recibe cada murciano o murciana hay que bajar hasta los 136€ presupuestados en inversión por habitante en Navarra. Las Islas Canarias (164€) y las Baleares (169€) también están en la parte más baja de la tabla. Cataluña, con 265€, se encuentra cerca de la media de inversión por habitante en las cuentas presentadas para el 2021.
La brecha entre el presupuesto y la ejecución
Como es común en cualquier presupuesto, los del Estado muestran una diferencia entre la cantidad inicialmente aprobada y presupuestada y la que se acaba ejecutando cuando acaba el año. Ahora bien, un análisis de las ejecuciones de los últimos cuatro presupuestos aprobados por el Congreso elaborada por la Generalitat muestra una tendencia clara y desigual según las comunidades.
La Comunidad de Madrid, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Andalucía y Murcia son las únicas regiones donde, entre el 2015 y el 2018, el grado de ejecución de presupuesto territorializado fue superior a la media estatal, que es del 75,3%. Es especialmente destacado el caso de Madrid, donde en los cuatro años fue superior al 100%, con una media del 113,9%.
En la otra cara de la moneda, hay comunidades que en ninguno de los cuatro años vieron ejecutada la inversión prevista en las cuentas aprobadas por las cortes españolas. Al frente del grado de ejecución negativo se encuentran el País Vasco (40,3%), Navarra (55,8%) y Cantabria (56,7%).
Según los datos del estudio del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, presentado en junio del 2019, Cataluña se encuentra en el décimo lugar de entre diecisiete en cuanto al grado de ejecución, con una media del 65,9% entre el 2015 y el 2018.
Expansión económica con el apoyo de la UE
“Estos presupuestos no tienen comparación con ninguno otro. Plantean una oportunidad única para nuestro país que espero que podamos aprovechar”, dijo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la presentación de las cuentas para el 2021. A diferencia de lo que pasó con la crisis financiera mundial del 2008, los gestores políticos y económicos de la Unión Europea y del Estado español del momento optan por una política de expansión económica que consiste en aumentar el gasto público para reflotar la sociedad e incentivar el consumo.
Esto se traduce en los presupuestos generales del Estado en una subida del techo de gasto del 53% respecto al año anterior. Dicho de otro modo, las diferentes administraciones del Estado, también las autonómicas y las municipales, han visto ampliado de forma muy notable el límite para gastar. Además, el consejo de ministros suspendió los objetivos de déficit para todas las administraciones, desatándose de los objetivos de estabilidad presupuestaria.
Los márgenes que permite el gobierno central español, así como un gran gasto en inversión respecto de los últimos presupuestos aprobados el 2018 por el Partido Popular, se deben en gran parte a los fondos post-pandemia que ha puesto en marcha la Unión Europea. Las cuentas de Sánchez e Iglesias cuentan con 14.540 millones de euros que provienen del plan de recuperación para Europa.
El porcentaje en inversión que recibirá Cataluña es récord, pero no llega al que aporta al PIB estatal
En concreto, Cataluña se llevará 569 millones de euros de los 14.540 previstos en los presupuestos. De estos, 371 son destinados a políticas medioambientales y 225 a políticas de vivienda. Todavía quedan miles de millones pendientes de regionalizar para otros aspectos. Hasta el momento, la catalana es la segunda región del Estado que más recibe de los fondos, sólo por detrás de Andalucía (702 millones de euros).
Con la lluvia de millones procedentes de la Unión Europea, con la que España también creará un nuevo «compartimento llamado Fondo de Liquidez REACT-UE», se compensa un descenso en la evolución de la financiación autonómica en 2021 respecto del 2020. En el global del Estado ha disminuido un 1,7%, que en el caso catalán crece al 1,8% negativo.
ERC desatasca el camino hacia la aprobación
El problema para el ejecutivo de Sánchez, que tenía que escoger entre el apoyo de Ciudadanos y otras fuerzas o el de los grupos que lo hicieron presidente incluyendo a ERC y Bildu, acabó resolviéndose con un paso adelante del partido que encabeza Gabriel Rufián en el Congreso.
Las tensiones entre la vieja guardia y la nueva cara del PSOE llegaron a su fin cuando el partido catalán anunció, el martes 24, que apoyaría las cuentas del gobierno español después de llegar a un preacuerdo que incluye “acabar con el paraíso fiscal montado a Madrid» o la supresión del control financiero del gasto de la Generalitat, impuesto por el PP el 2015. El mismo día el Partido Nacionalista Vasco también anunció que votaría favorablemente, y poco después la militancia de EH-Bildu apuntó en la misma dirección.
Con los votos de PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNB y EH-Bildu los presupuestos del 2021 ya contaban con 179 votos favorables, tres más de la mayoría absoluta necesaria. Finalmente, el ejecutivo de Sánchez e Iglesias también ha recibido el ‘sí’ del PDeCAT, Más País-Compromís y ???, con la suma correspondiente de ??? votos verdes.
La primera validación de los presupuestos en el Congreso lleva las cuentas de camino en el Senado. En la cámara alta, donde los partidos que han llegado al acuerdo también disponen de una cómoda mayoría y por lo tanto no se espera el veto, continuarán su tramitación. En el supuesto de que se hagan enmiendas, el Congreso tendrá que votarlas por segunda y última vez. Si la cámara alta le da el visto bueno de forma íntegra, quedarán aprobados de forma automática.
Entre el 2015 y el 2018 se ejecutó el 65,9% de las partidas de inversión presupuestadas en Cataluña
Sea como fuere, se prevé un proceso rápido y cuesta abajo, después de los acuerdos del ejecutivo con los partidos catalanes y vascos. La Mesa del Senado anunció la votación para el 22 y 23 de diciembre, por lo cual, en caso de que fuera necesario, el Congreso todavía podría darle el visto bueno definitivo a las cuentas antes de que acabe el 2020.
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