Un año más celebramos el 1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores. Es nuestro 1 de mayo, día internacional de los y las trabajadoras para conmemorar la lucha histórica del movimiento obrero, o el 8 de marzo, jornada de lucha por la igualdad y la justicia. Para nosotros, este 1 de octubre es, sobre todo, una jornada de reivindicación.
Y esta fecha llega en medio de una gran movilización social contra el desahucio de Mari Carmen, una mujer de 87 años, víctima de la especulación inmobiliaria y de la codicia de algunos que han hecho de un derecho, como es la vivienda, un gran negocio. El caso de Mari Carmen es un desahucio más entre decenas de miles que cada año tienen lugar en nuestro país y nos muestra cómo los poderes públicos durante muchos años no han hecho bien su trabajo a la hora de proteger y ejercer el derecho constitucional a la vivienda, dejándolo en manos del mercado carroñero que ha arrebatado la vida de muchas personas. Y entre ellas mucha gente mayor, como Mari Carmen, que ven cómo la última parte de su vida se convierte injustamente en un via crucis con la pérdida de su casa. Esperamos que esta oleada social de indignación y reivindicación sirva para empezar a cambiar las cosas en términos de vivienda.
El peso y la presencia de la gente mayor en Cataluña no paran de crecer. Superamos ya el 20% de la ciudadanía —más de un millón seiscientas mil personas— y el incremento sostenido de la esperanza de vida nos sitúa en el centro de la realidad social del país. No somos una anécdota demográfica ni un grupo marginal, sino un pilar fundamental sobre el que se sostiene nuestro presente y se proyecta el futuro comunitario.
A pesar de esta realidad incontestable, el final de la etapa laboral se utiliza demasiado a menudo para empujarnos hacia la invisibilidad. Hay que decirlo con absoluta claridad: la jubilación afecta a la actividad profesional, nunca al derecho a vivir plenamente. Garantizar nuestro espacio y respeto no es una concesión paternalista ni una muestra de benevolencia; es un deber irrenunciable de justicia democrática.
Hacerse mayor no puede implicar ninguna discriminación, ni exponernos a la precariedad, el edadismo o el recorte de derechos. Somos ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho, depositarios de la memoria colectiva y agentes activos que dinamizan la cohesión social en los barrios y pueblos. Hay que seguir defendiendo el sistema público de pensiones, a la vez que se reconoce el valor económico y social de las tareas de cuidados. Ninguna persona tiene que ver amenazada su dignidad en esta etapa.
Esta dignidad exige asegurar la autonomía individual: decidir el propio modelo de vida, elegir con quién convivir y determinar cómo queremos ser atendidos cuando surge la dependencia. Exigimos servicios de atención comunitarios y personalizados. Dentro de este marco, es urgente atender la situación de las mujeres grandes, sometidas a una brecha económica más profunda, un aislamiento superior y un riesgo acentuado ante la violencia machista. Asegurar la igualdad efectiva es condición indispensable para la libertad de todo el mundo.
A la vez, hay que erradicar problemáticas como la soledad no deseada y la brecha digital. Hacen falta políticas públicas que prioricen el bienestar comunitario y fortalezcan las redes locales. Queremos aportar nuestro bagaje, seguir formándonos y participar activamente en las decisiones colectivas. Nuestro compromiso con la paz, los derechos humanos y la sostenibilidad ambiental mantiene toda su fuerza intergeneracional. Una sociedad que dignifica y escucha a la gente mayor es una sociedad que se ennoblece a sí misma.
