En 2013, la noche del 28 al 29 de junio, la policía irrumpió brutalmente en seis locales de ocio del Raval y el Eixample, mayoritariamente frecuentados por la comunidad LGTBI. Según recogió Jesús Rodríguez en La Directa, la operación recordaba la redada de Stonewall de 1969. Los testigos ya denunciaron entonces la desproporción de la actuación, disfrazada de una simple inspección rutinaria. Poco más de un año después, la Bata de Boatiné, uno de los locales afectados y punto de encuentro del movimiento LGTBI más reivindicativo, tuvo que cerrar.
Avancemos hasta el 17 de diciembre de 2024, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Trabajadoras Sexuales. El Ayuntamiento decide actuar contra cinco trabajadoras sexuales en la calle Robadors, precisamente donde estaba la Bata de Boatiné. No es casualidad. Es una declaración de intenciones. Hace meses que la presencia policial se ha intensificado en espacios frecuentados por hombres que tienen sexo con hombres, como las zonas de cruising, y en los alrededores de locales de ocio gay.
Ahora, sin efeméride que sirva de excusa, la historia se repite. Mossos d’Esquadra realizan una redada en Montjuïc, imponiendo sanciones y registrando personas bajo el pretexto de combatir el chemsex y el supuesto aumento de personas en situación de sinhogarismo que pasan la noche allí. El chemsex es un fenómeno complejo, y la experiencia de diversas entidades en Barcelona ha demostrado que la mejor manera de abordarlo es desde la salud pública y la reducción de daños, no desde la seguridad con represión policial y judicial. Criminalizarlo solo refuerza el estigma y alimenta el relato de la extrema derecha.
La última operación policial tuvo lugar el 25 de febrero, en un club del Eixample. Según el comisionado Javier Rodríguez, la actuación respondía a quejas vecinales sobre «menudeo». Pero los hechos hablan por sí solos: 14 agentes de la Guardia Urbana registraron a todas las personas ante los ojos de cualquier transeúnte. La operación se prolongó dos horas, con una única detención por tráfico de drogas y cuatro infracciones administrativas. Desplegar 14 policías para este resultado es, como mínimo, desproporcionado. Así lo denuncian varias entidades, que alertan de una ofensiva represiva cada vez más descarada.
El patrón es claro: redadas en espacios LGTBI y zonas frecuentadas por colectivos históricamente vulnerabilizados y estigmatizados, criminalización de la pobreza y discursos cada vez más alineados con la derecha más reaccionaria. La pregunta es: ¿a qué responde esto? ¿Es parte de su Plan de Orden? ¿Dónde quedó el PSC que en 2013 preguntaba al gobierno municipal por la redada del 28J de 2013 en Robadors y otras calles de la ciudad?
La deriva punitivista de este gobierno municipal es evidente, por eso es importante encontrarse, reunirse y asociarse, así como participar en entidades, movimientos sociales, organizaciones políticas y/o sindicatos. Ante un gobierno del PSC en el que las políticas LGTBI son prácticamente inexistentes en la acción de gobierno y con una falta de liderazgo clara en este sentido, nos encontramos con que las únicas propuestas están vinculadas a hacer la fiesta privada del Pride más grande, más internacional y con más recursos, mientras que a las entidades que trabajan en espacios de cruising se las criminaliza de forma continuada y reiterada cuando defienden derechos como el empadronamiento, la liberación sexual y de género o el acompañamiento y abordaje desde la salud pública y comunitaria del fenómeno del chemsex, entre otros.
Encontrémonos en las calles, las plazas, las entidades, las fiestas populares, los espacios de ocio, las zonas de cruising, las saunas, donde sea, pero ante estos hechos, intervenciones y falta de liderazgo necesitamos una comunidad bien organizada y con alianzas transversales. Hay que dejar claro que desde el área de seguridad nos encontrarán de frente, porque no daremos ningún paso atrás. ¡Así no!
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