Aunque los casos de corrupción no pueden generalizarse porque afectan a personas muy concretas, los daños a la confianza en el sistema democrático son enormes y evidencian que no se ha abordado a fondo la lucha contra la corrupción para erradicar este tipo de comportamientos.
La existencia de la corrupción no es solo un fenómeno reciente, sino que ha influido de manera sistémica en diversos periodos de la vida política y social del país. Tuvo su máxima expresión durante la dictadura franquista, donde tanto las altas esferas del poder como las administraciones menores actuaron de forma corrupta en la gestión de los asuntos públicos.
Con la conquista de la democracia, se esperaba que los controles democráticos eliminaran por sí solos las actuaciones corruptas. Y aunque es cierto que se erradicó este comportamiento de forma generalizada, aún hoy seguimos viendo episodios delictivos que han afectado a los dos principales partidos españoles, el PP y el PSOE, y en el caso catalán, a Convergència.
Tampoco el ámbito laboral ha estado exento de casos de corrupción, como evidencian claramente los ERE de Andalucía o el fraude en la formación continua.
La corrupción puede afectar a sistemas de poder muy variados, como la concesión de obra pública, de servicios o incluso la sanidad. Por ejemplo, durante la crisis sanitaria provocada por la pandemia de la COVID-19, fuimos testigos de comportamientos reprobables de personas que aprovecharon la emergencia sanitaria para sacar provecho personal de la tragedia humana, especulando y enriqueciéndose con contratos inflados, como los de las mascarillas necesarias para protegerse eficazmente del virus.
La falta de mecanismos eficaces para controlar las adjudicaciones públicas sigue siendo un reto, como demuestran los últimos casos conocidos. Esta es una cuestión a la que no se le da la suficiente importancia, ya que no se aplican medidas contundentes contra las empresas corruptoras, como, por ejemplo, la exclusión de futuras adjudicaciones de contratos públicos. También es justo reconocer la complejidad de la lucha contra la corrupción cuando se mezcla con casos falsamente fabricados para eliminar rivales políticos, con pruebas manipuladas que enturbian la lucha real contra la corrupción, dificultando la separación entre hechos verdaderos y falsos.
Desde nuestro sindicato, creemos que la democracia no debería verse afectada ni amenazada por casos reales de corrupción que pongan en cuestión el propio sistema democrático, ya que la fuerza del sistema debería estar por encima, y así tendrían que defenderlo y luchar por él todas las fuerzas políticas. Sin embargo, es bien sabido que las fuerzas de extrema derecha, que históricamente han constituido las redes más corruptas, suponen una presión constante contra todo el sistema.
Finalmente, para USOC es necesaria una regeneración democrática que permita seguir haciendo políticas sociales y ampliando derechos, evitando que todo ello se deteriore y se vea arrastrado hacia un agujero negro por culpa de la corrupción. Es necesario seguir avanzando, y para ello hay que acabar con los corruptos y los corruptores que ponen en riesgo la continuidad de la lucha por las conquistas sociales, los derechos laborales, el Estado del bienestar y la democracia.
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