Toda metrópoli, y la de Barcelona no es una excepción, funciona por definición como un sistema integrado de actividades, movilidad y oportunidades. A menudo, como también es nuestro caso, la ciudad central sigue ejerciendo un papel determinante, pero el conjunto de municipios del entorno (un entorno cada vez más alejado de este centro) forman una red que se va haciendo cada vez más interdependiente, y que aún lo sería más si las políticas de movilidad y de promoción económica acompañaran.
La Encuesta de Cohesión Urbana (ECURB), elaborada por el Instituto Metrópoli por encargo del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), ofrece siempre una radiografía muy valiosa de las transformaciones sociales y territoriales de la metrópoli barcelonesa. La encuesta, realizada en los años 2017, 2022 y 2025, da continuidad a una serie estadística iniciada a mediados de los años ochenta con la entonces llamada Encuesta Metropolitana, y permite observar la evolución de las condiciones de vida, los patrones residenciales y el uso del territorio en el ámbito metropolitano.
Los resultados de 2025, de los que ya se hizo eco Cataluña Metropolitana, confirman una vez más la consolidación progresiva e inapelable de una realidad funcional urbana que supera claramente todo tipo de límites administrativos y que desde hace un tiempo llamamos “la ciudad de los cinco millones”.
Efectivamente, la metropolitanización de la vida cotidiana y su extensión más allá de los límites del AMB se manifiesta, por ejemplo, en el hecho de que el 49,2 % de la población ocupada de la región metropolitana trabaja en un municipio distinto del de residencia, una proporción que no ha dejado de crecer en las últimas décadas. Cruzar límites municipales es, por tanto, un ejercicio asociado a la vida laboral de casi la mitad de las personas trabajadoras.
Una dinámica similar se detecta en otros ámbitos del día a día de la población metropolitana. Así, la ECURB 2025 indica que el 40,9 % de los estudiantes también se desplazan a un municipio distinto para estudiar, mientras que aproximadamente un tercio de la población (32,5 %) se mueve fuera de su municipio para actividades culturales.
Desde esta perspectiva, el concepto de “ciudad de los cinco millones” deja de ser una metáfora y se convierte en una realidad empírica observable en los comportamientos cotidianos de la población.
Libertad de moverse… ¿y de vivir?
Decía Manuel Ribas i Piera en su libro Barcelona y la Cataluña-ciudad (Angle Editorial, 2004) que “hay que definir la metrópoli como un espacio de plena libertad, en el que el ciudadano metropolitano, en cualquier punto del territorio, tenga la máxima libertad para ir a cualquier punto; y al mismo tiempo sienta la mínima necesidad de marcharse de su entorno inmediato; y así, sin salir de él, pueda vivir con el máximo confort.” (las cursivas son del original). En el PEMB lo hemos formulado como “la ciudad de los 15 minutos y la región de los 45 minutos”.
Antes de ejercer esta libertad, sin embargo, habría que ponderar si se dispone de una previa, que es la libertad de vivir en el barrio o en el municipio que se quiere, y en particular de no verse forzado a vivir en otro lugar. Aquí tenemos uno de los principales problemas.
Nos lo ratifica la ECURB. Según la encuesta, el 23,9 % de los cambios de residencia se producen por motivos económicos vinculados al precio de la vivienda, una proporción que ha crecido notablemente en las últimas décadas.
Al mismo tiempo, la percepción social de la dificultad de acceder a una vivienda asequible es muy elevada, dado que el 79,1 % de la población considera difícil encontrar vivienda en su barrio o municipio que se ajuste a sus necesidades (principalmente de encaje en las economías personales o familiares).
A la luz de estos datos, por tanto, la necesidad de marcharse del entorno inmediato no parece en absoluto mínima, pero no ya para disfrutar de servicios, sino simplemente para residir. Este proceso de expulsión, traumático en la mayoría de los casos, constituye hoy en día uno de los principales motores del “hacer metrópoli”. Esto es así porque muchos hogares se ven obligados a buscar vivienda en municipios donde los precios son más bajos, aunque ello implique alargar los desplazamientos cotidianos. De este modo, el mercado de la vivienda contribuye a reforzar la interdependencia territorial de la metrópoli.
Sin embargo, esta metropolitanización funcional no implica la desaparición de la escala local. La ECURB muestra que muchas actividades cotidianas continúan teniendo el barrio como espacio de referencia, principalmente en lo que se refiere al acceso a los servicios. De este modo, el 72,6 % de la población compra alimentos frescos en el barrio, el 69,4 % tiene allí el médico de familia y casi la mitad practica deporte o realiza gestiones bancarias en él. Quien logra establecerse en un barrio, siguiendo la definición de Ribas i Piera, puede vivir allí, si no con el máximo confort, sí con unas condiciones más que dignas. Esta parte de libertad, por tanto, parece cumplirse.
Una metrópoli desigual
Eso sí, a pesar de la creciente integración funcional y del esfuerzo inversor realizado en las últimas décadas para dotar a todo el territorio de equipamientos y servicios, la ECURB también pone de relieve que las condiciones de vida, como es de esperar, no son homogéneas en todo el territorio metropolitano.
En primer lugar, hay diferencias en la percepción y valoración de los entornos residenciales. En conjunto, el 85,8 % de la población declara estar satisfecha o muy satisfecha con el barrio donde vive, pero esta satisfacción varía según el territorio, ya que es más elevada en la ciudad de Barcelona (88,6 %) y en la segunda corona metropolitana (86 %) que en la primera corona (82,9 %).
Esto es así ya que la primera corona, conformada por municipios densos y muy urbanizados, es una de las zonas con mayores déficits urbanos acumulados. Históricamente, estos territorios han concentrado una parte significativa de la vivienda más asequible y, en consecuencia, de la población con menos recursos. También las finanzas locales se han resentido y, con ellas, la posibilidad de regenerar las zonas más degradadas, a pesar del apoyo que se pueda recibir de las otras administraciones.
En este contexto, la cuestión de la segregación urbana adquiere una importancia central. La metrópoli barcelonesa no presenta niveles de segregación tan elevados como otras grandes metrópolis globales, pero eso no significa que las desigualdades territoriales no sean significativas.
El principal factor que contribuye a la segregación sigue siendo la vivienda. Cuando el acceso a determinadas zonas queda condicionado por precios elevados, la distribución territorial de la población tiende a reflejar diferencias socioeconómicas. Esto puede generar procesos de concentración de renta alta en determinadas áreas y de vulnerabilidad en otras.
La movilidad residencial retratada por la encuesta también puede tener efectos ambivalentes sobre la segregación. Por un lado, el hecho de que muchas personas se trasladen dentro de la región metropolitana puede contribuir a cierta mezcla social entre municipios. Por otro, si los movimientos responden principalmente a diferencias de precio de la vivienda, pueden reforzar una estructura territorial jerárquica en la que los municipios más accesibles económicamente concentran los hogares con menos recursos.
Este proceso se ve reforzado por otro elemento, como es la relación entre lugar de residencia y lugar de trabajo. Si casi la mitad de la población trabaja en un municipio distinto del que reside, eso significa que el acceso al empleo ya no depende exclusivamente del lugar de residencia. Sin embargo, también implica que los costes de la movilidad, en términos de tiempo y monetarios, se convierten en un factor de desigualdad.
Los hogares con menos recursos suelen tener menos capacidad para afrontar desplazamientos largos o costosos. Por tanto, aunque el mercado laboral sea metropolitano, las oportunidades reales pueden seguir estando condicionadas por la localización residencial. La premisa de Ribas i Piera de tener la máxima libertad para ir a cualquier punto de la metrópoli dista mucho de ser una realidad todavía.
El gran reto: gobernar la metrópoli real
Con todo, la lectura conjunta de los resultados de la ECURB apunta a una paradoja característica de muchas metrópolis contemporáneas. Por un lado, la integración funcional del territorio es cada vez más intensa. Las personas se desplazan diariamente para trabajar, estudiar o consumir cultura en municipios distintos de los de residencia, y la metrópoli funciona como un sistema interconectado.
Por otro lado, esta integración no elimina las desigualdades territoriales. Al contrario, en algunos casos puede contribuir a reproducirlas o incluso a acentuarlas.
La clave de esta paradoja es que la movilidad metropolitana permite separar espacialmente diferentes dimensiones de la vida: se puede vivir en un municipio, trabajar en otro y consumir en un tercero. Esto facilita la adaptación de los hogares a las condiciones del mercado, especialmente el de la vivienda, pero también puede consolidar una estructura territorial desigual.
¿Qué implicaciones tiene esta situación en el debate sobre la gobernanza de la metrópoli? Si la vida cotidiana de la población ya se organiza a escala metropolitana, las políticas públicas también deberían responder a esta realidad.
En primer lugar, la cuestión de la vivienda aparece, una vez más, como un elemento central. La distribución territorial de la vivienda asequible es un factor determinante para evitar que la metrópoli evolucione hacia una segregación socioespacial más marcada. Los planes urbanísticos y de vivienda en marcha deberán mirar con mucho cuidado el mapa a la hora de ubicar las diferentes tipologías. Por tanto, un plan de vivienda metropolitano debería ayudar a concretar sobre el terreno las cifras que se manejan desde diversas instancias.
En segundo lugar, la movilidad se convierte en una política clave para garantizar la cohesión territorial. Si una parte importante de la población tiene que desplazarse diariamente entre municipios, el sistema de transporte metropolitano debe garantizar accesibilidad y equidad. La crisis del sistema de cercanías no es precisamente la mejor noticia en este sentido y ello hace urgente acelerar las inversiones previstas (que, al fin y al cabo, solo pretenden poner al día lo ya existente) y realizar una planificación cuidadosa de la imprescindible ampliación del servicio si se quiere atender de manera efectiva las necesidades de la ciudad de los cinco millones.
Finalmente, la ECURB sugiere la necesidad de reforzar las políticas de cohesión urbana a escala supramunicipal. Las desigualdades territoriales no se pueden abordar solo desde el ámbito local, porque muchas de sus causas —mercado de la vivienda, movilidad laboral, dinámicas demográficas— operan a escala metropolitana. Es necesario, por ejemplo, que en programas como el Plan de Barrios y Villas 2025-2029 se adopte una mirada de conjunto de la metrópoli y, además, concurran proyectos de carácter supramunicipal, que abarquen barrios colindantes.
Termino aprovechando una de las consignas más repetidas últimamente, incluso por parte del alcalde de Barcelona, como es la del “derecho a quedarse a vivir en el barrio”, para añadir una complementaria, que sería el “derecho a vivir dignamente en cualquier lugar de la metrópoli” y que, por tanto, marcharse o no del barrio donde se vive no sea una imposición ni un drama, sino el resultado de las preferencias de cada uno.
