Artículo original publicado en LaMarea.
En sus orígenes, Silicon Valley se presentó como el laboratorio del futuro de cara amable en el que se nos hablaba de que la conexión con otras personas del mundo nos haría sentir menos solos, que la optimización en la eficiencia de procesos productivos nos liberaría del trabajo, y que el aceleramiento científico sería para acabar con todas las enfermedades. Pero esa cara amable se ha ido revelando, con el tiempo, como una impostura, una máscara que escondía el camino que se iba constituyendo en silencio y que se preguntaba: ¿qué hacer cuando el Estado ya no sea útil a nuestros intereses?
Hoy, una parte de la élite tecnológica ya no piensa el Estado como espacio a reformar, sino como una estructura histórica en inevitable declive. En su lugar, comienzan a diseñar un futuro, su futuro: comunidades tecnologizadas, con seguridad privada, y un marco jurídico propio y afín a sus necesidades. Esta tecnofantasía –que tiene más de ambición narcisista turbocapitalista que otra cosa–, considera que la digitalización de la economía, la movilidad del capital, las criptomonedas y la automatización reducirán progresivamente la capacidad de los gobiernos para regular, gravar y redistribuir.
Lo relevante no es que esta hipótesis exista en debates académicos, sino que ya está guiando decisiones concretas de inversión y diseño institucional. Desde compras de tierra en territorios considerados seguros, a creación de zonas económicas con marcos regulatorios propios, pasando por experimentos jurídicos en países con instituciones frágiles hasta propuestas de comunidades digitales que aspiren a reconocimiento político. Pero vayamos a dos casos concretos: Honduras Próspera Inc., y el “estado-red” de Balaji Srinivasan.
Roatán, Honduras: Próspera Inc
A unos cincuenta kilómetros de la costa de Honduras, en el Caribe, se encuentra la llamada ciudad Próspera en la Isla Roatán. Alejada de parlamentos y cumbres internacionales, la isla es uno de los primeros prototipos donde parte de la élite capitalista y empresarial ensaya cómo operar en un futuro sin Estado, pero manteniendo la soberanía –y el poder– por encima de las masas.
Detrás del diseño institucional está la empresa Honduras Prospera Inc., financiada por capital estadounidense vinculado al ecosistema libertario tecnológico. Entre sus impulsores figura Erick Brimen, empresario venezolano formado en círculos de inversión estadounidenses, que ha defendido abiertamente la idea de competencia entre jurisdicciones como motor de eficiencia política. El proyecto contó además con el respaldo ideológico de figuras cercanas a Peter Thiel y al entorno del capital riesgo de Silicon Valley, que desde hace años explora modelos de charter cities o ciudades con carta fundacional propia.
Próspera es la cristalización de una corriente que lleva décadas defendiendo la posibilidad de diseñar marcos legales desde cero para atraer inversión y talento tecnológico. La diferencia es que aquí se consiguió territorio real y reconocimiento jurídico inicial. Y eso cambia la escala del experimento.
Ese reconocimiento jurídico llegó bajo el paraguas de las ZEDE, las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico aprobadas en Honduras tras la reforma constitucional de 2013. Las ZEDE permitían crear territorios con amplísima autonomía administrativa, fiscal y judicial. Próspera se instaló en la isla de Roatán bajo ese marco. Su estatuto le permitía operar con un régimen tributario propio, contratar servicios públicos de manera independiente y diseñar regulaciones adaptadas a los intereses de sus inversores. La promesa oficial era atraer capital extranjero y generar empleo, pero la arquitectura institucional iba mucho más lejos en tanto que se trataba de demostrar que la soberanía podía modularse, fragmentarse y reconfigurarse por contrato. Tecnofeudalismo.
El experimento, sin embargo, chocó con la política nacional. En 2022, el Tribunal Supremo de Honduras declaró inconstitucional el régimen de las ZEDE y el gobierno anunció su derogación. Próspera Inc. respondió activando mecanismos de arbitraje internacional, reclamando miles de millones de dólares en compensaciones por la cancelación del marco jurídico que había hecho posible su existencia. En 2025, Honduras Próspera Inc se vió forzada a reducir hasta un 85% el valor original de su demanda debido a la negativa del Tribunal Constitucional hondureño de validar las ZEDE.
Más allá del litigio, el caso hondureño ha funcionado como prueba de concepto. Ha mostrado que es posible negociar con Estados debilitados o necesitados de inversión la cesión parcial de competencias. Ha demostrado que el territorio puede convertirse en plataforma experimental para rediseñar reglas desde cero. Y, sobre todo, ha evidenciado que la iniciativa no surge de movimientos sociales ni de demandas ciudadanas, sino de capital organizado que busca entornos regulatorios más favorables.
El Estado de red: de la teoría a los primeros ensayos privados
Si Próspera representa el prototipo territorial ya materializado, el segundo ejemplo no parte del suelo, sino de la red. Aquí el arquitecto principal es Balaji Srinivasan, ex director tecnológico de Coinbase y socio del fondo Andreessen Horowitz, uno de los núcleos financieros más poderosos del ecosistema tecnológico estadounidense.
Srinivasan ha sistematizado en The Network State un modelo político que ya no necesita negociar primero con un Estado debilitado. Su propuesta invierte el proceso: primero se construye una comunidad digital cohesionada, con identidad compartida, gobernanza interna y financiación propia basada en tecnologías descentralizadas. Después se adquiere territorio físico. Y finalmente se busca reconocimiento diplomático.
Este planteamiento no surge en el vacío. La empresa de capital riesgo Andreessen Horowitz –cuyo lema reza “Software is eating the world” (el software se está comiendo el mundo)–, ha invertido miles de millones en criptomonedas, blockchain e infraestructuras descentralizadas. La narrativa que acompaña esas inversiones es clara: reducir la dependencia de estructuras estatales tradicionales. No reformarlas, sino superarlas mediante código.
La idea de Estado de red es la extrapolación política de esa misma lógica financiera. Si el dinero puede descentralizarse, también la soberanía. Si las comunidades pueden coordinarse globalmente mediante blockchain, pueden también estructurar su propio sistema normativo.
Uno de los proyectos que intenta traducir ese esquema en realidad es Praxis. Presentado como una comunidad soberana para “constructores” tecnológicos, Praxis ha recaudado decenas de millones de dólares de inversores vinculados al ecosistema cripto con la intención declarada de fundar una nueva ciudad. No una startup urbana dentro de un Estado, sino el embrión de una nueva jurisdicción.
El proceso sigue la lógica srinivasaniana. Primero se constituye una comunidad digital cohesionada mediante tokenización y gobernanza online; después adquisición de territorio, y finalmente se busca el reconocimiento político. Pero aquí aparece el primer límite estructural. Praxis, como todos los proyectos similares, sigue necesitando un Estado que le ceda espacio o le permita instalarse bajo condiciones favorables. No hay territorio neutral esperando ser ocupado. Cada metro cuadrado pertenece a una soberanía preexistente, así que la supuesta superación del Estado comienza, paradójicamente, negociando con él.
El segundo límite es más político que jurídico. La comunidad digital que precede al territorio no es una comunidad abierta. Es una comunidad de capital, y la pertenencia se articula mediante inversión, afinidad tecnológica y capacidad económica. No hay ciudadanía en sentido clásico, sino membresía. Es, básicamente, un club de tecnofílicos multimilionarios cuya soberanía no emana de un demos territorial sino de una red de inversores coordinados.
Biotecnología y transhumanismo
Buena parte de los actores que orbitan este modelo financian investigación en longevidad, terapias génicas, optimización cognitiva e interfaces neuronales. Su obsesión es la misma que la que tuvieren algunos reyes, chamanes e investigadores de antaño: esquivar la muerte. Su filosofía, el transhumanismo.
Y es que estos nuevos modos de intento de soberanía son también una hipótesis sobre el futuro de la especie, que parte de la convicción de que la humanidad se encuentra en una fase de transformación acelerada y de que quienes lideren esa transición no pueden quedar sujetos a los ritmos deliberativos y a las limitaciones normativas de la democracia liberal. La cuestión biológica, en ese marco, deja de ser secundaria y pasa a integrarse en el propio proyecto político.
En un Estado tradicional, los ensayos clínicos, la experimentación biomédica o la edición genética están sometidos a supervisión pública, comités éticos y procedimientos que introducen fricción. En un enclave autónomo o en una jurisdicción negociada, esas fricciones pueden reducirse.
Próspera ya ha funcionado como ejemplo de flexibilización normativa en el ámbito biomédico. Praxis aspira a algo más ambicioso, no solo operar bajo reglas distintas, sino constituir comunidades donde esa aceleración tecnológica forme parte del contrato fundacional y de la identidad colectiva. La “mejora humana” deja entonces de ser una promesa futurista y se convierte en horizonte organizador.
En ese punto, la separación que estos proyectos ensayan ya no es solo jurídica o territorial. Si el capital puede desplazarse sin fricción y la soberanía puede fragmentarse por contrato, también el cuerpo aparece como ámbito susceptible de optimización diferencial. El acceso a esas mejoras, sin embargo, no es universal. Depende de capital, y del alineamiento tecnológico.
Con ello, se camina hacia una forma de desigualdad que deja de ser exclusivamente económica y comienza a proyectarse sobre la propia condición humana. Esa es la última barrera real del proyecto transhumanista.
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