Hablar de Renta Básica (RB) en relación con el fenómeno migratorio en la Cataluña actual no es solo un debate sobre política económica, sino una reflexión profunda sobre los fundamentos de nuestra justicia social y los principios de acceso a una vida autónoma. En los estados del bienestar capitalistas contemporáneos, y muy especialmente en el modelo mediterráneo, la protección social se ha construido sobre los principios de ciudadanía y el carácter contributivo del sistema. Este diseño deja en los márgenes a quienes no encajan en el molde del trabajo asalariado formal, una realidad que impacta de lleno en la población de origen extranjero, que representa el 18% de la sociedad catalana.
Nos encontramos ante lo que la demógrafa Anna Cabré definió como el «sistema catalán de reproducción», un crecimiento demográfico sostenido gracias a las olas migratorias. A pesar de ser una pieza estructural de nuestra arquitectura social, la “cuestión migratoria” sigue atravesada por dinámicas de racialización y subalternidad que determinan de forma drástica las condiciones de vida.
Esta vulnerabilidad se vuelve extrema en el caso de las personas en situación administrativa irregular, para quienes el acceso a servicios y apoyos es prácticamente inexistente.
Teóricamente, el empadronamiento debería ser la clave universal para acceder a la sanidad y la educación, pero la realidad administrativa es otra. Como señalaba el informe de las Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS) en 2024, en municipios que suman el 40% de la población catalana se imponen trabas deliberadas al padrón, vulnerando derechos básicos y bloqueando el acceso a cualquier prestación económica. Las cifras del Idescat refuerzan la urgencia de este escenario: el 45% de las personas con nacionalidad extranjera en Cataluña están en riesgo de pobreza o exclusión social, una tasa que casi triplica la de la población con nacionalidad española, situada en el 17,8%.
La brecha no se explica únicamente por la ausencia de empleo, sino por la precariedad del empleo existente. La explotación laboral afecta con especial intensidad a los trabajadores de origen extracomunitario, con una tasa de pobreza en el trabajo del 36%, frente al 9,4% de la población autóctona. Sectores clave para la economía catalana como la agricultura, la construcción, la hostelería y, muy especialmente, el trabajo doméstico y de cuidados —donde la precariedad alcanza el 44,4%— se sostienen sobre estas manos.
Si consideramos que más del 60% de los residentes extranjeros tienen entre veinte y cincuenta años, es evidente que estamos ante una masa crítica de población en edad activa condenada a la vulnerabilidad sistémica. Esta situación se agrava al cruzar origen y género: casi el 36,5% de las mujeres migrantes de países extracomunitarios sufren pobreza laboral, según datos de CCOO de 2025.
Esta feminización de la pobreza convive con un dato alarmante sobre la infancia: la tasa AROPE en menores en Cataluña es del 34,7%, pero solo una cuarta parte de los niños y niñas en pobreza severa logra que su familia acceda a la Renta Garantizada de Ciudadanía.
Ante un sistema de transferencias sociales con un impacto tan limitado, la Renta Básica aparece como una hipótesis para revertir las «trampas de la pobreza» y reducir la dependencia del capitalismo racial vigente. Una prestación de este tipo no solo podría liberar a los servicios sociales de su carácter asistencialista de urgencia para devolverles su función de acompañamiento vital, sino que también desactivaría los mecanismos de control que la Ley de Extranjería impone sobre los cuerpos y las vidas de las personas. No obstante, la propuesta se enfrenta a la resistencia del chovinismo del bienestar.
Los discursos de la derecha radical y populista alimentan la idea de que la diversidad poblacional hace insostenibles las políticas de protección, promoviendo estereotipos nativistas sobre el “mérito” o la cultura del trabajo. Sin embargo, los datos desmienten el relato de la “sobrerrepresentación”: solo el 21,3% de los titulares de la Renta Garantizada y el 16% de las viviendas públicas corresponden a personas de nacionalidad extranjera.
La evidencia científica internacional también desmonta el fantasma del «efecto llamada». Diversos estudios indican que los flujos migratorios dependen de los ciclos económicos y de la situación política en los países de origen, no de la generosidad de los sistemas de bienestar receptores. Aun así, la percepción de inseguridad económica en la población autóctona suele traducirse en una menor aceptación de la redistribución cuando se percibe que los beneficiarios son “los otros”. Es precisamente aquí donde la Renta Básica muestra su potencial político, en tanto que prestación universal e incondicional, con capacidad para reducir las fracturas étnicas que los programas condicionados suelen exacerbar. Como han señalado diversos académicos, los programas basados en pruebas de medios tienden a estigmatizar y dividir, mientras que la universalidad puede actuar como un cemento de cohesión social.
El reto de la Renta Básica en Cataluña es, además, indisociable de una cultura política antirracista que entienda que la garantía de una vida digna no puede depender del pasaporte. Uno de los argumentos más sólidos a favor de la Renta Básica es su capacidad para reducir la percepción de “mérito” o “estigmatización”. Los programas que exigen demostrar la pobreza para acceder a una ayuda suelen intensificar las divisiones étnicas y el resentimiento social. En cambio, una política universal diluye estas fracturas. La RBU no es solo una herramienta de redistribución económica, sino una propuesta política que obliga a repensar nuestro modelo de ciudadanía.
Conviene hacer un apunte de contexto. En este marco, el anuncio de un proceso extraordinario de regularización de personas de origen extranjero en situación administrativa irregular en el Estado español introduce en 2026 un elemento de reconfiguración parcial del régimen de acceso a derechos. Esta iniciativa, que podría permitir la obtención temporal de autorizaciones de residencia y trabajo a una parte significativa de la población actualmente excluida, supone un reconocimiento implícito del carácter estructural de la irregularidad dentro de los mercados de trabajo segmentados y de los propios dispositivos institucionales de control migratorio.
No obstante, su carácter excepcional, contingente y jurídicamente condicionado limita su alcance transformador, en la medida en que no desarticula el principio según el cual el acceso a derechos sociales sigue mediado por el estatus administrativo y el trabajo. Así, aunque la regularización puede operar como un mecanismo de reducción de vulnerabilidades extremas, debe leerse en términos estructurales, dada la dificultad de alterar la lógica de estratificación del estado del bienestar. En contraste, la propuesta de Renta Básica, en tanto que prestación universal e incondicional, apunta a una desmercantilización más profunda de la existencia material y a una desvinculación efectiva entre derechos sociales y ciudadanía formal, ofreciendo un marco potencialmente más robusto para abordar las desigualdades producidas en la intersección entre migraciones, mercado de trabajo y régimen de bienestar.
2026 Catalunya Plural.