El Informe Fénix tiene una virtud: obliga a mirar más allá de las grandes cifras del PIB. Catalunya puede crecer económicamente y, a la vez, empeorar el acceso a la vivienda, tensionar servicios públicos y mantener salarios bajos. El informe acierta cuando alerta que un modelo basado en sectores de poco valor añadido y bajos salarios es socialmente y fiscalmente insostenible. Pero se equivoca en los colectivos a los que señala: mira demasiado hacia la inmigración y las clases medias y demasiado poco hacia el poder rentista y las dinámicas económicas que presionan salarios y condiciones de vida.
El informe define como “sectores altamente subvencionados” aquellos en que los salarios son tan bajos que no generen suficientes impuestos y cotizaciones para sostener los servicios públicos asociados. La intuición es potente: si una empresa solo es viable pagando sueldos que no permiten vivir dignamente ni contribuir a la financiación colectiva, el problema no es solo laboral, sino también económico y democrático.
Ahora bien, la conclusión no puede ser que sobran trabajadores de “baja productividad”. La conclusión tiene que ser que sobran modelos empresariales que necesitan trabajadores pobres para ser rentables.
Aquí hay una de las confusiones de fondos del informe: tiende a convertir una jerarquía salarial en una jerarquía de valor social. Pero la discusión sobre la productividad no puede quedar atrapada en una contabilidad que confunde valor monetario con valor social. El mercado no mide el valor de los trabajos de forma neutral. Una facultad o un hospital pueden quedar paralizados por una huelga de limpieza. Esto muestra hasta qué punto muchos trabajos mal remunerados son imprescindibles para que funcionen actividades que después aparecen como “de alto valor añadido”.
El problema no es que estos trabajos valgan poco, sino que están mal remuneradas porque a menudo las hacen personas con menos poder de negociación – mujeres, personas migradas, jóvenes, personas con credenciales educativas no reconocidas o trabajadoras subcontratadas-.
El problema del turismo masivo
El informe también acierta cuando señala el problema del turismo masivo. Los datos que recoge muestran salarios bajos, presión sobre la vivienda y dependencia de un modelo basado en precios bajos y elevada estacionalidad. Catalunya no puede continuar subordinando barrios, litoral y espacios naturales, recursos energéticos y trabajo a un modelo turístico basado en precios bajos por el exceso de oferta que privatiza beneficios, recayendo una parte de estos en manos de consumidores de fuera del país, mientras socializa los costes que recaen sobre el sistema catalán del bienestar.
Pero también aquí hay que afinar el diagnóstico. El problema no son las personas que trabajan en un bar, un restaurante o un comercio, ni la actividad turística en abstracto. El problema es el monocultivo turístico, la dependencia de la temporada, los fondos inmobiliarios, las plataformas, las grandes cadenas y una competencia basada, demasiado a menudo, en bajar costes laborales.
También en este punto del análisis, es importante no equivocar el adversario. El tejido empresarial catalán está formado mayoritariamente por pymes, autónomos y empresas arraigadas en el territorio. Hay que distinguir entre economía productiva y economía rentista. No es lo mismo una pyme arraigada en el territorio que contribuye al sistema común y también sufre alquileres abusivos, energía cara o comisiones elevadas; que grandes plataformas, oligopolios o fondos que capturan rentas sin crear valor equivalente.
De hecho, a menudo las pymes son prisioneras y no beneficiarias del modelo de bajos salarios. Viven atrapadas entre costes que no controlan y una demanda interna debilitada porque una parte creciente de los ingresos de la población se destina a la vivienda. Esto genera un círculo vicioso: salarios bajos debilitan el consumo; el consumo débil reduce márgenes; y los márgenes estrechos dificultan subir salarios e invertir.
Cambio de paradigma laboral
Por todo el que hemos dicho es tan importando el cambio de paradigma reciente en las políticas laborales del Ministerio de Trabajo. Durante años se nos dijo que subir salarios y reducir temporalidad destruiría ocupación. Pero la reforma laboral y la subida del salario mínimo se han producido mientras crecía la ocupación y se reducía la precariedad. La lección es clara: la precariedad no era una fatalidad económica, sino una decisión política y regulatoria.
Esto no quiere decir ignorar las dificultades reales del tejido económico catalán. Tenemos que hablar de la mejora de la productividad y el incremento de salarios; pero también tenemos que hablar de alquileres comerciales, costes energéticos, concentración de la distribución, poder de las plataformas, acceso al crédito y contratación pública. No se puede exigir un modelo basado en la mejora de la productividad y los sueldos e ignorar que una parte creciente de los márgenes es absorbida por rentas improductivas.
También hay que discutir el tratamiento que el informe hace de la inmigración. El Informe Fénix vincula inmigración y baja productividad, no solo confundiendo nivel de productividad con nivel salarial, sino también ignorando que muchas de las personas migradas trabajan por debajo de su calificación no por carencia de formación, sino porque el sistema no reconoce sus títulos, porque sufren discriminación o porque necesitan ingresos inmediatos.
Cuando una médica o una ingeniera acaban atrapadas en trabajos precarios, el problema no es su productividad, sino el derroche institucional de talento. La respuesta tiene que ser regularización, derechos laborales, homologación ágil de títulos, formación puente, catalán como herramienta de inclusión, e inspección contra la explotación.
Contradicción fiscal
Finalmente, el informe entra en contradicción cuando, después de denunciar los efectos de los salarios bajos sobre la sostenibilidad del Estado del bienestar, propone aliviar la fiscalidad sobre rentas altas y patrimonio y compensarlo con copagos o más fiscalidad indirecta. Si el problema es que una parte de la economía contribuye poco porque paga salarios bajos, la solución no puede ser debilitar los mecanismos redistributivos y trasladar todavía más peso fiscal a las clases trabajadoras y medias.
De hecho, los copagos y los impuestos indirectos pesan proporcionalmente más sobre quienes viven del trabajo que sobre quien acumula patrimonio o rentas pasivas. Y, al mismo tiempo, aliviar la fiscalidad sobre grandes patrimonios o rentas altas puede incentivar todavía más actividades rentistas y especulativas en lugar de reforzar la inversión productiva.
La respuesta tendría que ir en la dirección contraria: menos presión sobre el trabajo y sobre las empresas que reinvierten, innovan y crean ocupación estable; y más presión sobre las rentas improductivas, la especulación inmobiliaria, los oligopolios y las actividades con fuertes externalidades sociales y ambientales. Si queremos una economía con salarios más altos y más productividad, también necesitamos una fiscalidad que premie la economía productiva y penalice la extractiva.
El Informe Fénix quiere hablar de productividad. Hagámoslo. Pero preguntémonos productividad para qué y para quién. Queremos una productividad que permita vivir mejor: salarios dignos, márgenes empresariales estables, servicios públicos fuertes, vivienda asequible, innovación, transición ecológica y una economía menos dependiente de la precariedad.
Catalunya solo podrá dejar atrás este modelo si identifica bien el conflicto. El problema no son los trabajadores ni las empresas arraigadas en el territorio, sino una economía rentista que captura los márgenes a través de la vivienda cara, los oligopolios, las plataformas, la subcontratación y el turismo masivo. La respuesta pasa por una alianza entre trabajadores, pymes, cooperativas y economía productiva para construir un modelo con prosperidad compartida.
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