La tentación de la inocencia

La lista de los expulsados de Vox crece, como también la de los votantes que aseguran haberse arrepentido. Algunas encuestas sitúan ese arrepentimiento en torno al 11,5 %. Y no es un fenómeno exclusivamente español. Tras las elecciones presidenciales en Francia, algunos votantes de Marine Le Pen declararon haber apoyado a otros candidatos. Algo parecido ocurrió en el Reino Unido con parte de los partidarios del Brexit, que más tarde alegaron haber votado como gesto de protesta contra la clase política sin imaginar que la salida de la Unión Europea acabaría produciéndose.

También sucede en Alemania, donde algunos votantes de Alternativa por Alemania (AfD) evitan decir en público que apoyan a ese partido o prefieren describir su voto como un simple gesto de protesta. En Estados Unidos, cada ciclo electoral trae consigo historias de antiguos seguidores de Donald Trump que afirman haberse sentido engañados o decepcionados. Y en España no faltan ex votantes del PSOE que explican su voto actual a Vox como una forma de rechazo al Gobierno más que como una adhesión real a su programa. En todos estos casos aparece una frase que se repite con sorprendente frecuencia: “Yo los voté, pero no quería eso”.

Mientras tanto, en distintos países donde estas fuerzas han gobernado o han influido decisivamente en la agenda política, sus políticas han tenido consecuencias visibles: polarización social, cuestionamiento de instituciones públicas, endurecimiento del discurso político o debilitamiento de ciertos consensos democráticos. Al mismo tiempo, algunos de sus dirigentes —sin olvidar a sus amigos y socios— han consolidado su poder político y acrecentado su fortuna. La cuestión que surge entonces es inevitable: ¿qué responsabilidad tienen los votantes, tanto los que siguen apoyando a estos partidos como los que ahora dicen arrepentirse?

“Ya no quedan personas mayores”, se lamentaba el escritor y exministro francés André Malraux en sus Antimemorias. Décadas después, el ensayista Pascal Bruckner describió un fenómeno que llamó “la tentación de la inocencia”: la tendencia creciente a declararnos víctimas de lo que nos ocurre, incluso cuando hemos contribuido a ello. Según Bruckner, en las sociedades contemporáneas muchas personas prefieren verse a sí mismas como perjudicadas por fuerzas externas antes que asumir su propia parte de responsabilidad. En esta cultura de la victimización, cada fracaso encuentra fácilmente un culpable ajeno: el sistema, la élite política, los inmigrantes, el feminismo, Europa o cualquier otro actor conveniente. El resultado es una sensación generalizada de agravio que permite indignarse con el estado del mundo sin preguntarse —como bellas almas hegelianas— por el propio papel en él.

Algo parecido había observado Freud en lo que él llamó la “teoría neurótica de la culpa”: la tendencia a culpar al otro de lo que uno mismo ha hecho. Freud lo ilustraba con un ejemplo infantil: el niño que golpea a otro y al mismo tiempo se queja de haber sido agredido. Aunque el ejemplo pueda parecer trivial, ese desplazamiento de la responsabilidad aparece con frecuencia también en la vida adulta. En política se observa constantemente. Los dirigentes atribuyen sus fracasos a gobiernos anteriores, a conspiraciones externas o a circunstancias inevitables. Y los votantes, por su parte, pueden desentenderse de las consecuencias de sus elecciones alegando que no sabían exactamente qué estaban apoyando.

El psicoanalista Jacques Lacan retomó la frase de Malraux para subrayar una idea sencilla: la diferencia entre lo infantil y lo adulto no está en la edad ni en el progreso material de una sociedad, sino en la capacidad de asumir responsabilidad por lo que uno dice y hace. Ser adulto, en ese sentido, significa aceptar que nuestras decisiones tienen consecuencias. Esto plantea una cuestión ética relevante para la vida democrática. Con frecuencia nos guiamos por lo que podríamos llamar una ética de las intenciones: voté con buena voluntad, quería protestar, no imaginaba que pasaría esto. Pero las democracias funcionan, en última instancia, sobre una ética de las consecuencias. Las decisiones colectivas producen efectos reales que no desaparecen porque quienes las tomaron se declaren sorprendidos.

Algo similar ocurre en debates muy presentes en la actualidad. Muchos votantes de partidos de extrema derecha comparten la idea de que existe una “invasión migratoria” responsable de problemas como la inseguridad o la competencia laboral. Sin embargo, los datos demográficos y económicos suelen mostrar una realidad más compleja: buena parte de esa mano de obra extranjera resulta imprescindible para sectores enteros de la economía. Lo mismo sucede con la igualdad de género. Según estudios de opinión como los realizados por Ipsos, alrededor del 75 % de los españoles apoya el principio de igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, más de la mitad considera que las políticas de igualdad han acabado discriminando a los hombres y casi la mitad cree que el feminismo “ha ido demasiado lejos”. Estas percepciones revelan tensiones reales en la sociedad, pero también muestran cómo ciertos discursos políticos simplifican problemas complejos y ofrecen explicaciones rápidas a malestares sociales profundos. Cuando esas explicaciones se traducen en decisiones electorales, sus efectos no pueden desvincularse de quienes las respaldan.

Asumir determinadas tesis sobre inmigración, género o identidad nacional no es un gesto neutro. Habla de la posición que cada uno adopta ante cuestiones que afectan a la convivencia social y a los derechos de otros. Refugiarse en el lema de un partido, para desconocer las propias actitudes xenófobas o machistas, es no querer saber de nuestra posición ética, de la que cada uno es siempre responsable. Si determinados partidos prosperan es porque muchos votantes les dan su consentimiento. No basta decir que “escuchan nuestras preocupaciones” si luego sus políticas rara vez mejoran la situación de quienes dicen representar. Inmigrantes, mujeres, jóvenes o parados mayores suelen aparecer más como instrumentos de movilización política que como auténticas prioridades de gobierno. Protestar es legítimo. Votar también. Pero ambas decisiones tienen consecuencias. Y asumirlas forma parte, sin duda, de lo que significa ser ciudadanos adultos.