Este 18 de junio se cumplen veinte años de que el pueblo catalán aprobara el Estatut. Su voluntad sería alterada cuatro años después por un Tribunal Constitucional que consideró que su visión sesgada podía prevalecer por encima de una decisión democrática de la ciudadanía. Los partidos españolistas, PP, Vox y los ya desaparecidos Ciudadanos, nunca aceptaron de buen grado el resultado de aquel referéndum; de hecho, el PP desató una campaña agresiva y demagógica contra el Estatut. Hoy, algunos partidos independentistas prefieren mirar hacia otro lado si se les pregunta si aquel 18 de junio el pueblo catalán ejerció su derecho a decidir. Y los socialistas no se sienten demasiado cómodos ante un episodio en el que el presidente Maragall, Esquerra e Iniciativa les hicieron llegar más lejos de donde querían acabar. En resumen, nos encontramos ante un aniversario que muchos prefieren olvidar.
Parlament, Congreso y Senado
Costó mucho llegar hasta aquel referéndum. El proyecto de Estatut comenzó a elaborarse después de la victoria de las izquierdas en las elecciones de noviembre de 2003 que dieron lugar al gobierno catalanista y de izquierdas integrado por PSC, ERC e Iniciativa. Después de un proceso lento y complicado, el 30 de septiembre de 2005 el Parlament aprobaba el texto con el voto favorable de 120 de los 135 diputados y diputadas, una mayoría incontestable: fue una jornada ilusionante, que daba paso a un proyecto de Estatut ambicioso, con el aplauso de una amplia representación de la sociedad catalana, desde el veterano dirigente del PSUC, Gregorio López Raimundo, hasta el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Porta.
Comenzaba a continuación la tramitación en Madrid, en el Congreso y en el Senado. El PSOE (y el PSC) olvidaron muy pronto la promesa del presidente Rodríguez Zapatero de respetar el Estatut que hubiera aprobado el Parlament. La negociación con el PSOE, protagonizada por CiU, ERC e Iniciativa, fue dura, pero el texto final, aunque no era el del 30 de septiembre, suponía un avance considerable en el autogobierno. Alfonso Guerra intentó ocultar su frustración centralista afirmando que había pasado el Estatut “por el cepillo” y algunos sectores políticos y mediáticos catalanes cayeron de lleno en la trampa, dando por buena la afirmación del maquiavélico político socialista, obviando que Guerra estuvo a punto de votar en contra en el Congreso y que se negó a levantarse para aplaudir cuando el Estatut fue aprobado: de hecho, lo consideraba inconstitucional por demasiado favorable a Cataluña.
La jugada poco respetuosa con las instituciones catalanas protagonizada por Artur Mas y Rodríguez Zapatero, pactando los pocos aspectos que quedaban pendientes de la negociación oficial, provocó los celos del portavoz de CiU en el Congreso, Duran i Lleida, y de ERC, que pasó a oponerse a un Estatut que mantenía buena parte de las aportaciones de su ponente, Joan Ridao, y que seguía suponiendo un salto adelante en el autogobierno de Cataluña. En el Senado, la sensatez del portavoz de ERC, Carles Bonet, optando por el voto afirmativo, evitó que el Estatut fuera derrotado en la Cámara Alta.
El referéndum
La aprobación en las Cortes dejaba paso al referéndum popular. El llamamiento al voto negativo, por motivaciones muy distintas de ERC y PP, introducía un factor de incertidumbre sobre cómo podría reaccionar el electorado nacionalista. Pronto se vio, sin embargo, que el Estatut sería aprobado: la consulta interna organizada por Òmnium Cultural registró un 44,6 por ciento favorable al voto afirmativo, un 38,9 por ciento al voto en contra, mientras que un 4,4 por ciento se inclinó por el voto en blanco.
Las predicciones se cumplieron y el 18 de junio el pueblo catalán aprobaba el Estatut con un 73,9 por ciento a favor del ‘Sí’, un 20,7 por ciento a favor del ‘No’ y un 5,3 por ciento de votos en blanco. El 20,7 por ciento de votos negativos quedaba claramente por debajo del porcentaje de la suma de los votos obtenidos por PP y ERC en las últimas elecciones al Parlament celebradas tres años antes (el 28,4 por ciento). La llamada de ERC al voto negativo fue una de las causas que pueden explicar la baja participación (un 49 % del censo). Una parte del voto nacionalista prefirió abstenerse; fue el caso del cantautor Lluís Llach, que argumentó que no podía votar ‘No’ porque se negaba “a participar en la poderosa manipulación que el PP hará de este ‘No’”.
Para los amantes de las comparaciones absurdas se puede destacar que la participación en el referéndum de 2006 fue de 2.594.167 personas (un 49 % del censo) y la del referéndum prohibido y obstaculizado del 1 de octubre de 2017 fue de 2.286.217 personas (un 43 % del censo). Parece claro que el pueblo catalán ejerció su derecho a decidir votando un Estatut que regulaba su relación con el Estado español. El Estatut entró en vigor en julio de 2006. En las elecciones posteriores, del mismo año, el incremento del voto a la candidatura de Joan Saura, que encabezaba la lista de Iniciativa, que había intentado mantener una actitud rigurosa en relación con el Estatut (y que pasó de 9 a 12 diputados), salvó de forma inesperada la mayoría de izquierdas, pese al descenso de votos del PSC y ERC, que perdieron 5 y 2 diputados respectivamente.
La sentencia
Durante cuatro años, el Estatut se aplicó sin que España se hundiera. Pero en junio de 2010 el Tribunal Constitucional, en medio de un proceso lamentable, aplicó el cepillo de verdad y anuló la lógica interna del Estatut, rompiendo, a juicio de muchos sectores políticos y jurídicos, el pacto constitucional de 1978 y cerrando el paso a una lectura federal de la Constitución. De aquella decisión inaceptable nació, en buena parte, el proceso independentista, que marcaría los años siguientes.
Se cumplía así la previsión que había realizado Jordi Solé Tura, ponente de la Constitución en representación del PSUC, cuando advirtió en 1979 en el Congreso que el hecho de que la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional otorgara a este organismo la capacidad de anular decisiones votadas por la ciudadanía provocaría un peligroso choque de legitimidades. Solé Tura advirtió: “Me parece absolutamente contrario a la filosofía de la Constitución que aprobamos que digamos aquí que, efectivamente, el centro de gravedad no se situará allí donde han dicho los millones de electores, sino que se situará en un tribunal incontrolable”; y añadía: “Esperemos que el tiempo y la práctica darán la razón a nuestras aprensiones”. Así fue.
Hoy poca gente duda de que el proceso independentista, no la legítima aspiración a la independencia, ha terminado. Aquella etapa nos ha dejado el recuerdo de la actitud valiente de la ciudadanía acudiendo a votar el 1 de octubre pese a la brutal intervención de la policía del Estado, los errores clamorosos cometidos por los dirigentes del proceso, la vergonzosa suspensión del autogobierno de Catalunya con la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la represión posterior, atenuada solo en parte por la amnistía.
La diferencia entre los 120 diputados y diputadas que aprobaron el Estatut en el Parlament en 2005, los 90 que el texto estatutario votado por la ciudadanía exige para su reforma y los 70 que dieron apoyo a la declaración de independencia de 2017 explica muchas cosas.
¿Y ahora qué?
Hoy nos encontramos en una etapa diferente, marcada por la llegada a la presidencia de la Generalitat del socialista Salvador Illa. Que las tensiones hayan disminuido no significa que todo esté en su sitio. Catalunya es la única comunidad de las que han votado un Estatut de autonomía que no ha visto respetada su voluntad y que se rige por una norma diferente a la que aprobó la ciudadanía: y esto solo podrá resolverse devolviendo la voz al pueblo. Es evidente que ahora no se dan las condiciones, pero esta anomalía democrática tendrá que resolverse, antes o después, votando.
Y hoy vemos con preocupación el ascenso de la extrema derecha mundial, española y catalana, alimentada esta última por la frustración de mucha gente ante las promesas incumplidas de los líderes del proceso, el incremento de las opciones racistas y xenófobas y el peligro de un futuro gobierno de PP y Vox en el Estado.
Quizás Catalunya debería aprovechar la posibilidad que ofrece el actual gobierno de PSOE y Sumar, en caso de que aguante lo suficiente, para plantear propuestas que, además de abordar las urgentes mejoras sociales en cuestiones como la vivienda o el fortalecimiento de derechos que implicaría la derogación de la ley mordaza, puedan ampliar nuestro autogobierno y proteger la lengua y la cultura catalanas.
Se ha sustituido la negociación como país por las migajas partidistas que intentan obtener Junts y ERC a partir de su posición determinante en el Congreso, menospreciando unos lo que consiguen los otros y viceversa. ¿No sería mejor una negociación unitaria de todo el catalanismo? ¿No se podría conseguir la aprobación de una ley que reconociera la plurinacionalidad del Estado español y, en consecuencia, definiera Catalunya como nación, y concretara el plurilingüismo que la Constitución ampara para frenar los ataques del PP y Vox a nuestra lengua en Catalunya, pero sobre todo en el País Valencià, las Illes y Aragón?
¿O la aprobación de una ley orgánica que recuperara los niveles de autogobierno del Estatut de 2006 o, mejor aún, los de 2005? En el Congreso existe la mayoría suficiente para hacerlo, si el PSOE se atreve a superar sus inercias centralistas. ¿En Catalunya todavía no hemos aprendido que la unidad nos hace fuertes y que no nos es indiferente qué gobierno haya en España?
Jaume Bosch. Abogado. Ex diputado del Parlament. Ponente del Estatut de 2006.
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