El primer barómetro del CEO —el CIS catalán— de este año tenía que salir en marzo y llegó en julio. Problemas de contratación, explicó la casa: la administración no conseguía adjudicar la encuesta encargada de medir su desgaste. Ocho meses sin sondeo, los mismos en que Aliança Catalana ha pasado del empate con Junts al adelantamiento fulgurante por la derecha: los posconvergentes se quedan en unos 16-18 diputados mientras el fascismo autóctono ya se sitúa entre los 23-25.
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En los últimos tiempos, la estrategia suicida de Junts ha sido decidir que la manera de frenarlos es parecerse a ellos en inmigración y seguridad, con la ley de multirreincidencia por bandera. Cuando el menú ofrece el original, la copia sale cara. El liderazgo remoto de Carles Puigdemont está llevando el vehículo posconvergente al siniestro total, y no será sorprendente si en los próximos meses algunos de sus cargos orgánicos aprovechan para «cambiarse» de bando.
ERC, mientras tanto, sube: de los 20 diputados de 2024 a una horquilla de 24-26, y consolida una segunda plaza que hace dos años parecía amortizada. El CEO detecta ahí voto que huye del PSC, y puede leerse algo más: los sensatos que van quedando en Junts, más cómodos con un cierto espíritu socialdemócrata que con la demagoga del Califato, van encontrando salida. No todo el desencanto baja hacia la derecha. Algo, todavía, circula en sentido contrario.
Vox adelanta al PP. Y el PSC pierde: entre 36 y 38 escaños, de cuatro a seis menos que en 2024, cinco puntos menos de voto que el 12-M. Mejor dicho, pierde… ganando. A este voto socialista se le empieza a llamar «voto refugio», y vale la pena tomarse la categoría en serio, porque un refugio no se habita: en él se espera a que pase el temporal. ¿Qué vota exactamente quien vota a Illa? ¿Un proyecto, un dique, una tregua? ¿Cuánto dura un voto que solo se explica por el miedo a lo que hay al lado? En el caso de Illa, puede durar mucho. La mayoría de la investidura —PSC, ERC, Comuns— queda justa, lo bastante justa para que ninguno de los socios pueda jugar a romperla.
A este voto socialista se le empieza a llamar «voto refugio», y vale la pena tomarse la categoría en serio, porque un refugio no se habita: en él se espera a que pase el temporal
Y aquí, la paradoja que explica de verdad la victoria socialista. El PSC baja y, al mismo tiempo, el escenario consolida su bloque. Con Junts fagocitado por Aliança, ERC no puede permitirse no apoyarlo, pues la alternativa es la que es —porque a los Comuns ni hace falta preguntárselo—. Otro tanto con la CUP, aunque a los anticapitalistas siempre hay que concederles un cierto margen para la fantasía. El refugio funciona en las dos direcciones: la gente se guarece en él, y los partidos de alrededor hacen de muro de carga, quieran o no.
Detrás de los números, más vidas en peligro
El fascismo que la encuesta detecta hace tiempo que trabaja con número de registro. En Ripoll, el Ayuntamiento de Orriols dilató durante meses el empadronamiento de familias migrantes —una, con menores a cargo, esperaba desde diciembre de 2023— hasta que la Síndica de Greuges, la defensora del pueblo catalana, tuvo que recordar por carta que el padrón, con la documentación en regla, es inmediato. Que sin padrón no hay tarjeta sanitaria ni plaza escolar. El cartel de la fiesta mayor se censuró porque entre decenas de figuras había una con hiyab: «No normalizaremos la misoginia islámica», escribió la alcaldesa. Es la retórica de un «fascismo de ventanilla»: alarga plazos, pide un papel más, agota los tres meses que permite la ley. La crueldad en horario de atención al público.
Hannah Arendt lo llamó banalidad del mal: el mal administrado por gente que cumple horarios y tramita expedientes. La versión electoral es la «banalización del voto»: depositarlo como un gesto cotidiano, sin leer qué se firma. ¿Qué firma, por ejemplo, quien vota a Aliança? En febrero, en el Parlament, la formación de Orriols votó con el PP, Vox y Junts para eliminar el impuesto de sucesiones — «un impuesto indecente», dice ella. El 70% de la población no lo paga o paga menos de un euro: abolirlo es un regalo a los grandes patrimonios, descontado de los servicios públicos de aquellos a quienes la formación dice defender. El fascismo neoliberal trabaja así: habla en nombre del pueblo, pero sus leyes llevan otra dirección. La factura llega después, a la misma ventanilla.
La otra contradicción es teológica. La ultraderecha dice defender la civilización cristiana — de ahí la cruzada contra el hiyab de un cartel—. El cristianismo realmente existente, mientras tanto, estaba el 4 de julio en Lampedusa: León XIV poniendo flores en las tumbas sin nombre de los ahogados del Mediterráneo, por el mismo camino que Francisco abrió en 2013 cuando denunció allí la «globalización de la indiferencia». «Los gestos, para ser humanos, necesitan un corazón», dijo el papa, dos semanas después de que la Unión Europea aprobara normas migratorias todavía más duras. El humanismo cristiano que dicen defender queda escondido exactamente detrás de lo que ellos administran: la dificultad del padrón. En Ripoll, la caridad tiene cita previa.
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